Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Injusticia de género: tribunal de Chubut criticó a víctima de abuso y sus letradas en la sentencia

Si bien la absolución fue el 19 de marzo, el fallo con los fundamentos que recién se conoció ayer y tienen como principal cuestionamiento la negativa de declaración de la denunciante ante el tribunal compuesto por María Laura Martini, Marcela Pérez y Ana Karina Breckle.

Publicado hace

#

La Justicia de Chubut difundió los fundamentos del fallo que absolvió a los tres acusados de una violación grupal ocurrida en 2012 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, del que se desprenden críticas al fiscal, a las abogadas querellantes, pero también a la denunciante por no haber querido declarar ante el tribunal.

Si bien la absolución fue el 19 de marzo, el fallo con los fundamentos que recién se conoció ayer y tienen como principal cuestionamiento la negativa de declaración de la denunciante ante el tribunal compuesto por María Laura Martini, Marcela Pérez y Ana Karina Breckle.

Las tres juezas penales de Chubut fueron quienes consideraron que los testimonios de la denunciante era imprecisos y mencionaron la falta de certeza sobre el estado de salud de la presunta víctima.

Por esa razón, decidieron absolver a Luciano Mallemaci, Leandro Del Villar y Ezequiel Marcelo Quintana, acusados de abuso sexual grupal.

Los hechos llevados a juicio se remontan a septiembre del 2012, en la previa al día de la primavera, oportunidad en que jóvenes de entre 16 y 23 años protagonizaron una «juntada» en el balneario de Playa Unión, en la que presuntamente cinco de ellos abusaron sexualmente de una adolescente, quien realizó formalmente la denuncia en 2019.

De los cinco señalados originalmente, tres llegaron al juicio oral que terminó hace dos semanas.

El primer voto que se consignó (el orden fue por sorteo) correspondió a la jueza María Laura Martini, quien cuestionó a la acusación ejercida en el juicio por el fiscal Fernando Rivarola, cuya actuación «es reprochable porque sin elementos de prueba» pide «un fallo condenatorio».

«Son las pruebas, no los jueces, las que condenan; ésta es la garantía. La prueba, por ser insustituible como fundamento de una condena, es la mayor garantía frente a la arbitrariedad punitiva», fundamentó la magistrada, tomando una cita del manual de derecho suscrito por José Cafferata Nores.

También cuestionó la falta de declaración testimonial de la joven, que «resulta una de las pruebas fundamentales de un juicio oral en un modelo acusatorio como el que nos rige».

«En ese testimonio, las reglas del proceso indican que el testigo debe declarar directamente ante el juez o jueces, mientras que las partes interrogarán de modo directo quien propuso el testigo y contrainterrogando la contraparte», afirmó.

«En el caso, se le admitió a la testigo, pese a que no se trataba de una testigo menor de edad, la posibilidad de declarar mediante el formato conocido como Cámara Gesell, dada la afectación psicológica y de conformidad con lo establecido en la ley, pero las partes acusadoras desistieron de esta posibilidad» sostuvo la magistrada.

Remarca que «la declaración de la presunta víctima en casos donde se investigan delitos de índole sexual, resulta sustancial» porque «el rol de un tribunal en un proceso acusatorio es el de determinar los hechos históricos comprobados en base a las pruebas que arrimaron las partes».

El sistema penal de Chubut, una vez arribado a juicio oral, implica que los magistrados no tuvieron contacto con la causa y es más, les está prohibido acceder a ella.

Los episodios denunciados ubicaron a la escena del abuso en una sala ubicada en los fondos de una vivienda ubicada en Playa Unión, el balneario de la capital del Chubut.

Sobre el particular se indica que «ni la fiscalía ni la querella pudieron aportar certeza alguna sobre el hecho de que momentos previos a salir de aquella habitación (la adolescente) hubiera estado en un estado de inconsciencia que le impidiera prestar un libre consentimiento».

Los peritos escuchados arribaron a conclusiones opuestas en sus informes respectivos, orientándose la perito oficial y la de la fiscalía a ubicar la causa de la amnesia de la joven en una intoxicación alcohólica de un grado que tampoco se determinó.

En el mismo sentido votó la camarista penal Ana Karina Breckle, quien cuestionó la falta del testimonio de la denunciante, la que -a su entender- no declaró porque «así lo decidieron (la fiscalía y la querella) privando al Tribunal de escuchar de su propia voz lo que le pasó, lo que vivió, y lo que sintió».

Para Breckle «ni la fiscalía ni la querella intentaron ingresar a juicio, como prueba a valorar, la declaración ante el fiscal, realizada en la ciudad de La Plata, ni ingresaron siquiera como prueba documental el mensaje en Facebook, el ‘escracho’ del que hablaron todos, el que tenía seis fotos, y que por los dichos de los testigos diera inicio a la causa».

Tampoco para las juezas quedó acreditado que a la víctima le hayan suministrado droga para provocarle un grado de inconciencia o semi inconciencia como se dijo.

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa

Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.

Publicado hace

#

Pity Álvarez durante el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz
Legítima defensa u homicidio: las dos lecturas que enfrentan a querella y defensa en el juicio a Pity Álvarez.

Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.

El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales

La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.

Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.

La acusación fiscal y la estrategia de la defensa

El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.

El relato de Álvarez ante el tribunal

Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.

También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.

Dos lecturas que el tribunal deberá resolver

La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.

Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber

  • La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
  • El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
  • El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
  • Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas