Lo que tenés que saber

• Medida cautelar: El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 dispuso que el Estado Nacional mantenga recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género.
• Protección asegurada: La resolución judicial ordena al Estado abstenerse de reducir recursos humanos y centros dedicados a la violencia de género.
• Desfinanciamiento alarmante: Se denuncia el desfinanciamiento de programas esenciales y el cierre de centros clave en la lucha contra la violencia.
• Derechos en riesgo: La resolución responde a un reclamo por el posible retroceso en los derechos de las víctimas debido a los recortes y reorganización.

El fallo de la Justicia en defensa de los derechos

En un fallo clave, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 dictó una medida cautelar que obliga al Estado a mantener los recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. Este fallo llega en un contexto donde el desfinanciamiento y la reorganización de políticas públicas de carácter reactivo han generado preocupación sobre el impacto de estos cambios en los derechos de las mujeres y otros colectivos vulnerables.

El fallo se produce tras denuncias de desmantelamiento institucional y recortes que afectan la continuidad de políticas públicas clave en la lucha contra la violencia de género, como el Programa Acompañar y la Línea 144. Según las organizaciones que presentaron el reclamo, el ajuste estatal compromete el acceso a la justicia y asistencia para mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La resolución judicial y la defensa de los derechos

La medida cautelar surge de una denuncia presentada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones. Estas alertaron sobre el riesgo de regresión en los derechos consagrados por leyes fundamentales, como las leyes 26.485, 27.499 y 27.210, que protegen a las víctimas de violencia de género en Argentina. El fallo establece que el Estado debe garantizar, al menos, un umbral mínimo de protección a las víctimas, en el marco de un principio de progresividad de derechos.

Además, la sentencia rechaza el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que dicha solicitud requiere un análisis particular de cada situación contractual, más allá del alcance de la resolución.

Programas en peligro y recortes significativos

La resolución judicial llega en un momento de incertidumbre sobre el futuro de programas esenciales. Entre los más afectados por los recortes figuran el Programa Acompañar y la Línea 144, que este año vieron una drástica reducción en su presupuesto y alcance. De acuerdo con cifras recientes, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 siguen funcionando.

A pesar de la reorganización, la Justicia considera que el Gobierno no presentó evidencia suficiente de que esta nueva estructura garantice los derechos de los colectivos vulnerables, como lo exige la normativa vigente.