El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Roberto Espiro Mitar, miembro de la comunidad gitana, a nueve años de prisión por los delitos de trata de personas, explotación sexual y laboral, y unión forzada de hecho. Además, lo obligó a pagar una indemnización de 4 millones de pesos a la víctima, una mujer con discapacidad intelectual.

Según se acreditó en el juicio, el acusado “compró” a la mujer a otra familia de su comunidad en enero de 2023 y la mantuvo en condiciones de servidumbre durante dos meses, obligándola a vender productos en la calle, entregar el dinero recaudado y mantener relaciones sexuales no consentidas.

La víctima logró escapar y denunció los hechos

La joven fue rescatada en marzo de 2023 tras escapar mientras realizaba venta ambulante. En su testimonio relató que no tenía libertad de movimiento ni de decisión sobre su cuerpo, y que era vigilada de forma constante. Durante el juicio, se confirmó que el acusado la llevó a quitarse el chip anticonceptivo, con el fin de forzar su reproducción, lo que la Fiscalía consideró una forma de violencia sexual y reproductiva contemplada en la Ley 26.485.

Intentaron forzarla a desmentir la denuncia

Tras la denuncia, la familia de Mitar y su defensa la localizaron en San Luis y la llevaron a una escribanía para firmar una declaración falsa. Aunque ese documento fue presentado ante la Justicia, más tarde la víctima explicó que fue amenazada y coaccionada para retractarse. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó entonces una nueva declaración en Cámara Gesell, donde ratificó los abusos.

Este intento de manipular el proceso derivó en la apertura de una nueva causa penal contra quienes participaron de la maniobra.

El tribunal remarcó la situación de vulnerabilidad

El juez Daniel Doffo resaltó que la víctima se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad, sin contención estatal ni redes familiares, y con bajo nivel intelectual. Por eso, además de la condena, ordenó que la mujer reciba acompañamiento del CENAVID y que sea informada de cualquier beneficio penitenciario que el condenado pueda solicitar en el futuro.

Cuestionamientos a la defensa por su falta de perspectiva de género

Durante el juicio, el fiscal Fernando Alcaraz cuestionó a la defensa por su uso de estereotipos para desacreditar a la víctima. El tribunal coincidió y advirtió que ese accionar “profundizó el contexto de violencia” y evidenció una ausencia total de perspectiva de género en el abordaje del caso.