La violencia política contra las mujeres -una forma de agresión específica y organizada que abarca desde los abusos sexuales hasta la represión y desaparición forzada de activistas- se encuentra en su nivel más alto de los últimos cuatro años, según el último informe de la ONG británica Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (Acled).

Los datos recabados revelan que la violencia política contra las mujeres registró un incremento en «casi todas las regiones» del mundo, concretamente en países como México, Colombia, China, India, Brasil, Burundi, Myanmar, Afganistán, Filipinas o China.

La organización detalla que «no existe una forma mundial predominante de agresión contra las mujeres» y hace especial hincapié en «lo poco estudiada que está hasta ahora esta clase de violencia», en parte por su compleja naturaleza.

Para empezar, se trata de una agresión que va más allá del abuso sexual -que representa solo un tercio de la totalidad de las agresiones investigadas por la ONG- y se inserta en fenómenos más amplios como la instrumentalización de la mujer como víctima de guerra o la represión política del activismo femenino.

Los datos del informe certifican tanto un incremento del uso de la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones protagonizadas por las mujeres como una expansión del abanico de amenazas al que se enfrentan: Policía, Ejército, milicias, paramilitares, turbas o grupos religiosos ejercen en algún momento, en alguna parte del mundo, crímenes específicos por cuestión de género o identidad.

En Medio Oriente, donde los ataques armados son mayoría, la violencia sexual no llega a los niveles de África, un continente donde los abusos sexuales conforman cuatro de cada 10 casos de violencia investigados y las desapariciones forzadas y los secuestros son más comunes que en otras regiones del mundo.

Por seguir con las idiosincrasias: en el sudeste asiático, uno de cada tres actos de violencia contra las mujeres están protagonizados por una turba -como por ejemplo en el estado indio de Assam, donde una multitud intentó quemar viva a una mujer por presunto adulterio-, mientras que en África los principales responsables son las milicias.

En Medio Oriente, no obstante, los datos de Acled culpan por encima de todos a las fuerzas de seguridad, un «actor violento» cuyo protagonismo aumentó de un tiempo a esta parte: la ONG indica que existe una mayor represión contra manifestaciones donde la mujer ejerce un papel organizador que aquellas donde están ausentes.

Una tendencia que, según los datos del informe, podría aumentar a medida que las asociaciones de mujeres van adquiriendo prominencia, como el Movimiento de Mujeres Libres en Turquía o la Asociación de Mujeres Demócratas de toda India, país al tope de eventos de violencia política contra las mujeres, con 180 casos registrados en los últimos cuatro años.

A continuación se encuentran República Democrática del Congo (unos 140 casos), Burundi (120), Sudán, Sudán del Sur y Somalia (con medio centenar de casos aproximados registrados).

En sus conclusiones, Acled remarca que es tal la variedad de los actos de violencia política contra las mujeres que es imposible presentar una solución aplicable a todos los casos. Solo a través de esta clase de estudios, apuntan sus responsables, los Gobiernos podrán plantear respuestas específicas para atender a cada situación particular.

Pero debajo de las conclusiones subyace un problema mayor, apunta el grupo: las limitaciones de una investigación que recaba únicamente casos de violencia política, públicos y de carácter físico pero deja por afuera las agresiones psicológicas, las amenazas o la violencia dentro del hogar.

En ese sentido, subraya que la violencia personal tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres en un mundo donde más de la mitad de los feminicidios en 2017 fueron perpetrados por parejas y familiares, una tragedia que «se extiende mucho más allá del subconjunto que capturan los datos recogidos en el informe», remarcó Acled.