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Violencia de Género

Violencia de género: ocho de cada diez mujeres argentinas fueron víctimas

Argentina se encuentra nuevamente en el segundo lugar entre los países donde más mujeres reconocen haber experimentado algún tipo de violencia.

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Ocho de cada diez mujeres argentinas afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, pero menos del veinte por ciento denunció a su agresor, según un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los datos del informe publicado tras la Semana Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, muestran que el 54 por ciento de las consultadas reconoció haber sufrido violencia psicológica en alguna de sus formas: discriminación, acoso callejero, acoso laboral, bullying o descalificaciones varias.

En tanto, el 21 por ciento indicó haber atravesado violencia económica o patrimonial, entendida como aquel maltrato en donde se les impide trabajar y, además, se les niegan los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el 18 por ciento reconoció haber padecido maltratos físicos y el 12 por ciento restante dijo haber tenido agresiones del tipo sexual.

La investigación subraya que el 85 por ciento de los agresores son varones.

Entre quienes reconocieron haber sufrido violencia física, el 18 por ciento de las mujeres afirmaron que sus agresores «utilizaron un arma o un elemento punzocortante».

El trabajo se celebró entre el 1 y el 20 de noviembre a través de una investigación cuantitativa con encuestas telefónicas en todo el país sobre un total de 1.976 casos tomados sobre mujeres de entre 18 y 65 años.

El estudio fue elaborado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco), que funciona en la Ciudad de Buenos Aires como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, bajo el auspicio de Unesco.

Fernanda Gil Lozano.

La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, señaló que «se trabajó sobre un cuestionario muy amplio que incluyó preguntas a través de las cuales se les consultaba a las mujeres si reciben o recibieron a lo largo de su vida violencia física, psicológica, sexual o económica».

Sólo el 17 por ciento reconoció haber hecho la denuncia y apenas el 5 por ciento buscó ayuda judicial.

La investigación subraya que el 85 por ciento de los agresores son varones y, en el 52 por ciento de los casos, quien comete las agresiones es una ex pareja y en un 25 por ciento la pareja actual. Un 13 por ciento se corresponde con la agresión de algún familiar directo o indirecto, el 7 por ciento provino de un jefe o un extraño y el 2 por ciento restante fue propinado por un padre o padrastro.

Otro dato saliente indica que las mujeres de 18 a 25 años muestran la mayor cantidad de hechos de violencia de género, con un 52 por ciento de los casos, mientras que el 34 por ciento lo sufren o sufrieron mujeres de 25 a 50 años y, el 14 se ubica entre los 51 y 65 años.

«Hay que deconstruir años de patriarcado», aseguró Gil Lozano.

A su vez, el estudio revela que solo el 17 por ciento reconoció haber hecho la denuncia y apenas el 5 por ciento buscó ayuda judicial o en organismos de lucha contra la violencia de género.

«Este último dato es de temer porque a pesar de que las mujeres, en su mayoría no denuncian, las estadísticas de diferentes ONG demuestran que, así y todo, Argentina se ubicó ya durante el último año en el segundo lugar (junto a Chile) entre los países donde más mujeres reconocen haber experimentado algún tipo de violencia», explicó Gil Lozano en un comunicado.

Entre los argumentos que plantearon las encuestadas que no buscaron asistencia, el 67 por ciento afirmó que «no lo hizo por temor a que el agresor tomara represalias», el 28 por ciento dijo que «no le parecía que la agresión ameritara una denuncia» y el 5 por ciento restante lo justificó diciendo que «no sabía a dónde acudir».

Las violencias a nivel federal

La investigación también arrojó que el Gran Buenos Aires encabeza el ámbito con mayores casos de violencia, con el 55 por ciento de los hechos, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, con el 22 por ciento de los casos, lo cual «mantiene una proporcionalidad directa con el número de habitantes de cada región del territorio nacional».

Mendoza se ubica en el tercer lugar, con el 4 por ciento y Córdoba se posiciona cuarta con el 3 por ciento de los hechos, mientras que el 16 por ciento restante se divide en el resto del país.

En sus conclusiones, el informe del Cipdh consideró que «los resultados muestran que la violencia afecta de un modo u otro a tres cuartas partes de las mujeres argentinas, lo que denota claramente la necesidad de profundizar en una mayor cantidad de medidas que aborden este tipo de problemáticas».

En la misma línea, Gil Lozano remarcó que «la crueldad de las estadísticas nos sirven para saber bien en donde estamos parados y para trabajar empíricamente con acciones cada vez más eficaces». Y concluyó: «Hay que deconstruir años de patriarcado y esos sistemas de valores imperantes que han regido nuestras sociedades».

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Géneros 🟣

Ex funcionario del INAES Carlos Debiaggi fue declarado culpable de abuso sexual tras 7 años de lucha judicial

Después de siete años de lucha, la Justicia federal encontró culpable al ex Director de Asuntos Jurídicos del INAES por abuso sexual simple consumado en horario laboral. La condena llegó tras un juicio oral que comenzó el 18 de marzo de 2026.

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El 12 de agosto de 2019, en pleno horario laboral y en las oficinas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Alberto Debiaggi, quien se desempeñaba como Director de Asuntos Jurídicos del organismo, abusó sexualmente de una trabajadora. La víctima, identificada solo como Cecilia para resguardar su identidad, relató los hechos a la Revista Cítrica en 2019.

La denuncia fue presentada de inmediato en sede penal y administrativa. Sin embargo, la respuesta institucional no fue la protección que la trabajadora merecía. El presidente del INAES, Marcelo Collomb, se negó en forma reiterada a apartar a Debiaggi del organismo, pese a las audiencias personales y los requerimientos formales de la junta interna de ATE y de las trabajadoras del organismo.

Cecilia debió tomarse licencia psiquiátrica primero, y por violencia de género después. Le redujeron el sueldo. Debiaggi, en cambio, siguió concurriendo al organismo.

Represalias y solidaridad

La situación no quedó ahí. Según informó la propia junta interna de ATE INAES, como represalia por el acompañamiento sindical a la denunciante, dos delegados fueron denunciados penalmente por supuestas amenazas, una acusación que los propios trabajadores calificaron como «armada«. Ni esa maniobra logró frenar el avance judicial.

En 2021, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Debiaggi al considerar que existían elementos probatorios suficientes para avanzar al debate oral. Aun así, la causa tardó cinco años más en llegar al juicio.

El juicio y la condena

El juicio oral y público en la causa «Debiaggi, Carlos Alberto s/ infr. art. 119, 1° CP» se inició el 18 de marzo de 2026 ante la Justicia federal. Semanas después, el veredicto llegó: CULPABLE.

La junta interna de ATE INAES celebró la condena como «una conquista histórica» y subrayó que la victoria no hubiera sido posible sin «un sindicato que acompañe y se plante» y sin la sororidad de decenas de trabajadoras del organismo y delegadas de otras juntas que sostuvieron a la trabajadora durante años.

La causa también expuso los antecedentes de violencia de género de Debiaggi: según señaló en su momento ATE INAES en comunicado oficial, el ex funcionario registraba además una causa por violencia doméstica impulsada por su ex pareja, y diversas situaciones no denunciadas formalmente por temor por parte de otras trabajadoras de su Dirección.

Una victoria, un síntoma

El caso Debiaggi ilustra con crudeza una realidad extendida en el ámbito laboral estatal: la denuncia no garantiza la protección, no es la primera vez que denunciantes son despedidas o forzadas a tomarse «licencias». La trabajadora fue quien pagó las consecuencias inmediatas, mientras el agresor, amparado por el silencio institucional, continuó en funciones.

Siete años de proceso judicial, licencias forzadas, reducción salarial, represalias sindicales y una burocracia que prefirió mirar para otro lado antes de actuar. La condena es justa y necesaria. Pero también es la prueba de todo lo que aún falta construir para que el Estado deje de ser un lugar peligroso para quienes se atreven a denunciar.

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