Tribunal aplica por primera vez la Ley de violencia digital
La Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) rechazó hoy suspender el juicio oral de un joven procesado por amenazar a una estudiante secundaria con publicar entre sus compañeros fotografías en las que aparecía semidesnuda si no le enviaba otras de contenido sexual explícito.
La Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) rechazó hoy suspender el juicio oral de un joven procesado por amenazar a una estudiante secundaria con publicar entre sus compañeros fotografías en las que aparecía semidesnuda si no le enviaba otras de contenido sexual explícito.
Según fuentes judiciales la “probation” (suspensión del juicio a prueba) había sido pedida por la defensa de TAD, a quien la fiscalía acusó de, desde un dispositivo y del domicilio de su madre en el barrio de Versalles, en esta capital, incurrir en “amenazas coactivas” agravadas por la edad de la víctima, en el marco de un caso con “violencia de género digital”.
Los hechos se registraron en enero de 2019 cuando la víctima, LUC, tenía 16 años, a través de la red social Instagram cuando una madrugada el imputado se contactó con la damnificada y, exhibiendo una fotografía de la menor en ropa interior, le advirtió que tenía otras y exigió que le enviara más imágenes de ese tipo.
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“Si nos bloqueas o no contestas, se las pasamos a todo el colegio” reclamó TAD, quien según constancias del expediente, pretendía que le remitiera imágenes “de tu pack, de contenido sexual explícito” o, de lo contrario, “revelaría fotografías íntimas de ella a sus amigos y compañeros de la escuela“.
Luego, para apurar a la muchacha, le mensajeó que “seguía esperando” una respuesta y, para presionar, le envió las fotos de cuatro perfiles de la misma red social pertenecientes a amigos de la damnificada, expresándole: ‘A ellos se las paso si querés“.
Como el pedido de probation fue rechazado por un tribunal oral que consideró la oposición del fiscal, el sufrimiento de la víctima y su negativa a la concesión del beneficio, la defensa presentó un recurso de casación, con el que llegó a la máxima instancia penal ordinaria de la Nación.
“La defensa omite identificar la sustancia del error que asigna a la decisión que impugna en tanto no rebate los argumentos” ponderados al resolver el rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba, “que refieren a la existencia de un dictamen fiscal razonable y debidamente fundado” y “la gravedad del hecho imputado“, expuso la Sala de Turno de la CNCP.
Con esas y otras razones de índole formal, el camarista Jorge Rimondi, constituido en tribunal unipersonal, declaró “inadmisible” el recurso de casación interpuesto por la defensa de TAD, quien deberá afrontar el juicio oral y público.
El único sospechoso que actualmente enfrenta el juicio oral por el femicidio de Marianela Rago Zapata (19), la estudiante de periodismo hallada degollada y con 23 puñaladas en el barrio porteño de Balvanera en 2010, fue denunciado ante la Justicia de Tierra del Fuego por violencia de género por una expareja con la que se relacionó tras el asesinato y con quien tuvo un hijo, confirmaron fuentes judiciales.
Se trata de Francisco Amador (35), quien luego de 13 años llegó al debate en libertad, no obstante este lunes el juzgado ordenó que tenga una custodia policial hasta que se conozca el veredicto, con el fin de evitar una posible fuga.
La violencia reiterada, parte de la personalidad de Amador
Durante el transcurso de la investigación por ese crimen fue sobreseído en cinco oportunidades, aunque en 2018 la Sala VI de la Cámara del Crimen lo procesó en forma directa en base a una nueva data de muerte, al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podrían haber sido producidas por la víctima en su defensa.
Sin embargo, la justicia permitió que Amador permanezca en libertad, por lo que retornó a la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, de donde es oriundo igual que Marianela, y en 2018 entabló una relación con una mujer, con la que tuvo un hijo.
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Esta mujer, quien lo denunció en 2020 en plena pandemia por el coronavirus por violencia de género (tanto contra ella como contra su hijo), aseguró en las últimas horas que está atravesando “un calvario”.
Fuentes judiciales confirmaron que esas denuncias por “violencia de género” y “violencia familiar” contra Amador tramitan en el Juzgado de Familia y Minoridad 1 de Río Grande, a cargo del juez Fernando González Cárcamo.
En abril de 2021, el juez dictó una “prohibición de acercamiento” de Amador a su expareja, su hijo y el domicilio donde viven.
En tanto, el acusado del crimen de Marianela inició ante el mismo juzgado un juicio para que le establezca un régimen de visitas con su hijo, aunque el juzgado aún no se lo concede y en su lugar solicitó que le practiquen al hombre una serie de “pericias psiquiátricas y psicológicas”.
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A esta presentación se le sumó un pedido de los abuelos paternos del niño para poder comunicarse con él, lo que está siendo evaluado por el Juzgado, dijeron los voceros consultados.
La mujer que lo denunció -de quien se preserva su identidad- expresó en una entrevista exclusiva a la periodista de Río Grande especialista en temas de género, Lorena Uribe, que conoció a Amador sin saber que estaba imputado en el crimen de Marianela y que, después de un tiempo de relación, ella quedó embarazada producto de un “engaño” del hombre.
“Me aseguró que no podía concebir hijos. Jamás vi un estudio que así lo dijera pero confié plenamente en su palabra. No dudaba de él, pasó el tiempo y quedé embarazada”, relató la mujer. Tras ello, según la víctima, Amador “desapareció un tiempo” hasta que finalmente regresó y comenzó una convivencia en la que se desencadenaron los hechos de violencia.
“Al principio pensé que sus enojos eran normales, pero después de mucho tiempo entendí que no. Ante cada hecho de violencia, física o psicológica, volvía y pedía perdón, agradeciendo que no lo denunciara”, aseguró la mujer, quien agregó que, en algunos de los casos, involucraron al hijo de ambos, que ya tiene dos años.
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La mujer, además, se lamentó de que la prohibición de acercamiento que le impuso la justicia a Amador la perjudicó a ella, porque no puede salir de su casa ya que se siente insegura.
“La que no salgo soy yo porque todavía no estoy segura de lo que me pueda pasar. Él va al club, trabaja, y yo no salgo”, señaló la mujer, quien agregó que siente “vergüenza, miedo y culpa” por lo que nunca hizo público su caso hasta ahora.
Por su parte, Patricia Zapata, la madre de Marianela Rago, aseguró que estaba al tanto de las denuncias por violencia de género contra Amador, aunque no tuvo contacto con la denunciante.
“Lo que sí pido es que la joven sea ayudada para poder salir de toda la situación que atraviesa”, afirmó Zapata, quien pidió que la investigación de ese caso “pueda servir en algo para esclarecer lo que le pasó” a su hija y reclamó el rápido inicio del debate oral que tendrá a Amador como acusado del crimen.
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