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Femicidio

Femicidios en Argentina: una crisis que se agrava entre recortes y desprotección

Entre 2022 y 2024, los asesinatos de mujeres por violencia machista aumentaron un 9%, mientras organizaciones denuncian el desmantelamiento de políticas de género.

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En 2022, el Registro Nacional de Femicidios contabilizó 233 mujeres asesinadas por razones de género en Argentina, un 5% más que en 2021. El 68% de los crímenes ocurrieron en hogares privados, y el 42% de los agresores fueron parejas o exparejas, según datos del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (disuelto en diciembre de 2023) . Organizaciones como MuMaLa alertaron sobre la falta de acceso a la Justicia: solo el 18% de los femicidas recibió condena ese año .

Las provincias con tasas más altas fueron Neuquén (2,1 por cada 100.000 mujeres), Chaco (1,8) y Formosa (1,7). «Estos números reflejan una urgencia que el Estado no está atendiendo», declaró Raquel Vivanco, directora del Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» .

2023: récord histórico y desarticulación institucional

En 2023, Argentina alcanzó un pico de 254 femicidios, según MuMaLa, marcando un aumento del 9% respecto al año anterior. Cada 34 horas una mujer fue asesinada, y el 61% de los crímenes ocurrieron en viviendas . El caso de Lucía Pérez en Mar del Plata —donde la Justicia falló a favor de los acusados— simbolizó las fallas sistémicas.

El año cerró con un retroceso político: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres y redujo en un 50% el presupuesto del Programa Acompañar, clave para asistir a víctimas. «Sin recursos, las políticas de prevención son letra muerta», criticó la economista Mercedes D’Alessandro .

2024: 168 femicidios y el colapso de la Línea 144

Entre enero y agosto de 2024, se registraron 168 femicidios —uno cada 35 horas—, según el observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» . El 74% de las víctimas tenía entre 15 y 44 años, y el 63% de los agresores usó armas blancas o de fuego. Casos como el de Liliana Alegres en La Plata —asesinada tras denunciar a su expareja— evidenciaron la descoordinación entre fiscalías y áreas de género .

La Línea 144, que en 2023 atendió 185.000 llamadas, reportó recortes del 70% en personal y presupuesto. «Ahora hay que esperar 20 minutos para ser atendida. Es una burla a las víctimas», denunció la abogada Carolina Varsky de Amnistía Internacional .

Un Estado que retrocede

La CEPAL ubicó a Argentina entre los países con «respuestas insuficientes» a la violencia de género. Mientras en 2022 existían 132 centros de atención, para 2024 solo funcionaban 47 . Organizaciones exigen la restitución del Ministerio y una Ley de Emergencia en Violencia de Género, presentada tres veces y archivada en el Congreso.

«Cuando desfinancias políticas públicas, estás condenando a muerte a las mujeres», sentenció la socióloga María Pía López en una audiencia ante la ONU .

Puntos clave del análisis:

  • Aumento sostenido: De 233 (2022) a 254 (2023) y 168 en ocho meses (2024).
  • Recortes críticos: Eliminación del Ministerio de las Mujeres y reducción del 50% en programas de asistencia.
  • Impunidad estructural: Menos del 20% de los feticidas recibe condena.
  • Riesgo juvenil: 1 de cada 4 víctimas en 2024 tenía menos de 25 años.

Femicidio

Femicidio en Los Polvorines: mató a una madre que defendió a su hija de ser abusada

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, fue capturado por la Policía Federal en un edificio del microcentro porteño luego de dos días prófugo. Este lunes se realiza la lectura de cargos: enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por homicidio calificado con violencia de género y uso de arma blanca.

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Femicidio en Los Polvorines: atraparon al asesino de la madre que murió protegiendo a su hija

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, acusado del femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue detenido por la Policía Federal en las últimas horas en un edificio de la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre había permanecido prófugo desde el jueves, cuando cometió el crimen en el partido bonaerense de Los Polvorines, al norte del Gran Buenos Aires.

Una madre que dio su vida por su hija

El hecho ocurrió mientras Yolanda Cáceres y su hija de 9 años dormían en su vivienda. Según los reportes policiales, Amarilla ingresó a la casa a través de una ventana y comenzó a abusar sexualmente de la menor. La madre advirtió la situación e intervino para protegerla. En el forcejeo, el agresor, quien sería una persona conocida por la familia, atacó a Cáceres con dos puñaladas en el cuello y la cabeza, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte en el acto.

Luego del crimen, Amarilla huyó. La niña logró escapar de la escena y pidió ayuda a los vecinos. Su testimonio ante los investigadores resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Una de las frases que trascendió de su declaración resume el horror de lo vivido: «Me tapó la boca para que no gritara».

La detención y el peso de la ley

El allanamiento que derivó en la captura fue descripto como sorpresivo por fuentes policiales. Amarilla se encontraba en el edificio de la calle Florida sin aparente resistencia al momento de ser aprehendido.

Este lunes se realizará la lectura de cargos, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por mediar violencia de género con uso de arma blanca y su condición de prófugo le cierra la puerta a cualquier beneficio procesal. «Se enfrenta una pena en expectativa a perpetua.

Violencia de género: el crimen que no puede naturalizarse

El caso de Yolanda Cáceres no es un hecho aislado. Es el resultado de una violencia estructural que sigue cobrando vidas de mujeres en Argentina. Una madre asesinada por interponerse entre un agresor y su hija de 9 años que era víctima de abuso sexual. Una niña que ahora carga con el testimonio de haber visto morir a su madre mientras la defendía. Un femicida que huyó y se escondió durante dos días antes de ser atrapado.

La muerte de Yolanda exige respuestas que van más allá de la condena individual: políticas públicas de prevención, recursos para la justicia con perspectiva de género, y una sociedad que no mire para otro lado cuando hay señales de violencia en el entorno.

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