Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, declara este jueves a las 11 ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar. Se trata de una instancia clave dentro del proceso judicial por uno de los casos de violencia machista más conmocionantes del año.

El acusado, de nacionalidad uruguaya, fue trasladado a Córdoba desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde permanecía detenido luego de ser capturado en el marco de un operativo binacional. Actualmente, se encuentra alojado en el penal de Cruz del Eje, bajo un régimen de alta seguridad y aislamiento.

La defensa, a cargo de la abogada Alfonsina Muñiz, solicitó la comparecencia presencial del imputado, quien será indagado por los delitos de doble femicidio y violencia familiar agravada. Según trascendió, la fiscalía busca avanzar en la imputación formal y en la solicitud de una prisión preventiva en Córdoba, similar a la ya dictada en Entre Ríos.

En esa provincia, Laurta enfrenta cargos por homicidio criminis causa por el asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado con el pretexto de viajar a Santa Fe. El cuerpo del chofer fue hallado con signos de violencia, y las pericias determinaron que fue asesinado para facilitar la fuga del acusado.

Un patrón de violencia de género

El caso de Laurta expone nuevamente la necesidad de una respuesta estatal articulada frente a los femicidios y la violencia machista. Tanto Giardina como Zamudio habían denunciado en reiteradas oportunidades situaciones de hostigamiento, amenazas y control por parte del acusado. Sin embargo, las alertas no fueron atendidas a tiempo.

Las pericias psicológicas y criminológicas realizadas tras su detención dan cuenta de un perfil manipulador, misógino y narcisista, con antecedentes de violencia psicológica y física hacia su entorno familiar. A ello se suma la creación del sitio “Varones Unidos”, administrado por Laurta, desde donde promovía discursos de odio contra mujeres y minimizaba la violencia de género.

Este hecho motivó una denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó la baja inmediata del contenido digital y la preservación de la evidencia, al considerar que las publicaciones del acusado incitan al odio y la violencia misógina, violando la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Un niño víctima del femicidio

El femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio dejó además una víctima directa: Pedro, el hijo de seis años de Luna y Pablo Laurta. El niño fue secuestrado por su padre antes del crimen y posteriormente rescatado en un operativo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y la de Córdoba.

Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de una familia de acogimiento y recibe acompañamiento psicológico, según informó la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero. El Estado provincial evalúa junto a la familia ampliada cuál será su futuro entorno de crianza, priorizando el bienestar emocional y los vínculos afectivos previos del niño.

Montero destacó que el caso revela la dimensión del daño que deja cada femicidio: “No solo se asesina a las mujeres, también se deja en estado de orfandad, trauma y desamparo a hijas e hijos que pierden todo su núcleo familiar”.

El crimen de Giardina y Zamudio, junto con el secuestro de Pedro, volvió a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género, especialmente en provincias del interior.

Organizaciones feministas y de derechos humanos reclaman que Córdoba implemente un sistema de alerta temprana, con monitoreo efectivo de las denuncias y control judicial de los agresores. También exigen que se garantice el acceso a la Justicia con perspectiva de género, evitando la revictimización y los fallos con sesgos machistas.

Según datos del Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», en lo que va de 2025 se registraron 228 femicidios en Argentina, de los cuales al menos 80 dejaron hijos e hijas huérfanos, la mayoría menores de edad. Córdoba se mantiene entre las cinco provincias con mayor cantidad de casos.

Un símbolo del odio misógino

El nombre de Pablo Laurta se convirtió en un símbolo del odio patriarcal que se reproduce en redes sociales y en la vida cotidiana. Su intento de justificar los asesinatos bajo la excusa de “rescatar” a su hijo evidencia un discurso manipulador que busca legitimarse mediante teorías conspirativas sobre trata y control parental, estrategias frecuentes entre agresores para eludir responsabilidades.

El caso, que aún conmociona a Córdoba y Entre Ríos, avanza ahora hacia una nueva etapa judicial. La indagatoria de hoy podría definir el curso de la causa y consolidar la acusación por doble femicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, delitos que prevén pena de prisión perpetua.