El doble femicidio que estremeció a Córdoba y Entre Ríos sigue revelando sus secuelas más profundas. Tras el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela del pequeño Pedro, el niño de seis años —secuestrado durante días por su padre y autor de los crímenes, Pablo Laurta— permanece hoy en un hogar de acogimiento temporario, bajo acompañamiento psicológico, en el marco de un programa de protección integral implementado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba.

La ministra Liliana Montero confirmó que el niño “ya superó la primera etapa de emergencia”, que consistía en garantizar su regreso a Córdoba y asegurar un entorno seguro y conocido.

“Frente al horror del odio del femicida, hay una comunidad que se organiza para contener, abrazar y cuidar”, afirmó Montero, quien destacó la labor del programa provincial de familias de acogimiento para niños sin cuidados parentales.

Pedro vive actualmente con una familia amiga de su madre y su abuela, que fue seleccionada por el equipo interdisciplinario de la provincia. “Tanto el niño como la familia están recibiendo asistencia psicológica, porque también están atravesando un proceso de duelo. Es un caso que atraviesa a toda la comunidad: vecinos, escuela y entorno cercano”, añadió la ministra.

El Estado frente al femicidio: respuestas tardías y una deuda estructural

El caso reabre un debate urgente sobre el rol del Estado frente a los femicidios y sus consecuencias sociales. No solo se trata de las víctimas directas, sino también de los hijos e hijas que quedan en orfandad, muchas veces sin contención inmediata ni mecanismos claros de reparación.

Según datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 227 femicidios en Argentina, que dejaron 287 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 59% son menores de edad.

Esto significa que, solo este año, más de 170 niñas y niños quedaron huérfanos por la violencia machista, expuestos a la precariedad, la institucionalización o la fragmentación familiar.

Si bien la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, establece una reparación económica mensual para los hijos de víctimas de femicidio, en la práctica su implementación es desigual y burocrática. Organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian demoras de hasta 18 meses en los pagos y falta de acompañamiento psicológico sostenido, especialmente en provincias del interior.

En Córdoba, el Programa de Acompañamiento a las Infancias Huérfanas por Femicidio creado en 2021 funciona con recursos limitados. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano reconocen que el caso Laurta “pone a prueba todo el sistema”:

“Tenemos una ley, pero no un Estado que actúe a la velocidad que exige una emergencia emocional y social de esta magnitud”, señaló una trabajadora social del área.

El discurso del femicida y la disputa por el sentido

Mientras tanto, Pablo Laurta —detenido y trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a los Tribunales de Córdoba— volvió a justificar los crímenes con un discurso delirante y revictimizante. “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo. Hice lo necesario para salvarlo de un contexto de trata”, declaró ante la prensa, sin mostrar arrepentimiento.

La estrategia defensiva de Laurta se construye sobre la inversión del rol de víctima, una maniobra común en los discursos de agresores de género, según explicó la psicóloga forense Laura Bonaparte (CONICET):

“La narrativa del ‘rescate’ es una fantasía de control. El femicida no soporta la autonomía de la mujer y convierte el vínculo filial en una extensión de su dominio. En su mente, la posesión del hijo legitima el crimen.”

En términos jurídicos, Laurta enfrenta cargos por doble femicidio agravado por vínculo, alevosía y violencia de género, además de homicidio agravado en la causa paralela de Entre Ríos, donde se investiga el asesinato del remisero Martín Palacios. Se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje, bajo régimen de alta seguridad y en celda individual.

Infancias en riesgo: una política pública que no llega

El drama de Pedro refleja una realidad silenciada: la orfandad femicida es una forma de violencia estructural que el Estado aún no logra reparar.
La psicóloga infantil Claudia Cárdenas, integrante del Colectivo Niñez y Género, advierte que el daño psicológico de estos niños es profundo y sostenido:

“Estos chicos no solo pierden a sus madres, también pierden su mundo: hogar, escuela, amigos, identidad. Y en muchos casos, deben convivir con la idea de que su propio padre es el asesino. Es una herida que el Estado no puede seguir atendiendo con parches.”

Según un relevamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (durante la gestión del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner), desde la creación de la Ley Brisa en 2018, más de 1.600 niños y niñas reciben la reparación económica, pero aún quedan más de 800 casos pendientes de resolución administrativa o judicial. En Córdoba, unas 94 infancias fueron alcanzadas por el beneficio, aunque solo 36 cuentan con acompañamiento psicológico sostenido.

Cómo sigue la vida del niño despues del horror

La ministra Montero anticipó que la situación de Pedro será reevaluada en las próximas semanas.

“Estamos evaluando con quién continuará su vida. Hay familiares en Argentina y otros en el exterior, pero hay que escuchar al niño, su deseo, y priorizar su estabilidad emocional”, explicó.

En tanto, la comunidad educativa de Pedro, vecinos y docentes de su escuela en Córdoba iniciaron una red de acompañamiento solidario para sostener su proceso de duelo.

“Pedro no puede ser un número más. Es el símbolo de todo lo que el Estado debe cuidar y no cuidó”, expresó una maestra que integra la red de contención barrial.