Chaco
Caso Cecilia: investigan hallazgo de valija con elementos quemados
Fue encontrada en el barrio Emerenciano. Será peritada por la justicia.
Los restos de una valija y de prendas de vestir quemados fueron encontrados hoy en el barrio Emerenciano, en el marco de la causa por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, y se investiga si son los efectos personales de la víctima, informaron fuentes de la causa.
El operativo comenzó minutos antes de este mediodía en un campo de unas dos hectáreas ubicado a la altura de la avenida San Martín al 3700, en dicho barrio del sur de la capital provincial que fue construido por el movimiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos imputados junto a su hijo, César Sena, y otras cuatro personas por la desaparición de Cecilia.
El fiscal Jorge Cáceres Olivera dispuso hoy un procedimiento de urgencia tras un aviso que alertó a la Policía la presencia de elementos que estaban carbonizados.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que entre los pastizales había una valija, prendas de vestir quemadas (posiblemente una campera de color rosa) y una llave, por lo que se perimetró la zona en busca de más elementos que pudieran estar vinculados al hecho.
Al respecto, personal de caballería realizó un rastrillaje por el predio, el cual no arrojó nuevos hallazgos.
Además, un equipo de buzos tácticos fue convocado al lugar y llegó a bordo de una camioneta con un bote en el techo, que finalmente no fue utilizado por los especialistas.
Los expertos posaron la búsqueda en un espejo de agua ubicado detrás del natatorio «Santiago Maldonado», construido por el Movimiento Socialista Emerenciano, al costado del playón deportivo «Carlos Monzón», también realizado por el dirigente detenido.
Los buzos ingresaron al agua bajo la supervisión en persona del fiscal Cáceres Olivera y también lo hicieron a la pileta, que no estaba llena en su totalidad, pero ese procedimiento dio negativo.
Tras casi cinco horas en el Barrio Emerenciano, el operativo terminó con el secuestro de los elementos quemados que habían sido encontrados más temprano al sospechar que sean efectos personales de Cecilia y para que puedan llegar a ser reconocidos por su madre, quien convocó para mañana por la tarde a una concentración en la plaza 25 de Mayo.
Los operativos se realizaron en medio de las elecciones provinciales en los que Sena iba a presentarse por el partido Socialistas Unidos como primer precandidato a diputado provincial y su esposa, a intendenta de la ciudad de Resistencia.
Por otra parte, los investigadores sospechan que cinco de los siete imputados tuvieron un rol directo en la consumación del probable asesinato, mientras que los otros dos acusados habrían participado en la desaparición del cuerpo, informaron fuentes judiciales.
En ese marco, el Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para el caso por Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez aguardaba para las próximas horas el resultado de una serie de peritajes que permitan continuar con la búsqueda de los restos de la víctima.
Fuentes judiciales informaron a Télam que, para los fiscales, Sena padre y Acuña, su hijo César, Fabiana González -asistente del matrimonio- y su pareja, Gustavo Obregón, tuvieron un rol directo en la desaparición de Cecilia, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro 1460, donde sospechan que ocurrió un ataque.
Por ello, al matrimonio lo imputaron por «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor» y a su hijo por ese mismo delito más el agravante del «vínculo y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)».
En tanto, a González le endilgaron el «homicidio agravado en calidad de partícipe necesario» y a Obregón ser «partícipe secundario».
«Todavía estamos investigando bien el rol de cada uno en la escena pero los cinco estuvieron en la vivienda donde sucedió el hecho investigado», dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.
En tanto, sobre Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena, y su pareja Griselda Reinoso, imputados por «homicidio agravado en calidad de partícipe secundario» creen que su participación fue para eventualmente deshacerse del cuerpo.
El EFE todavía no pudo determinar fehacientemente cuándo habría ocurrido el presunto asesinato pero sospechan que de confirmarse muy posiblemente haya sido el mismo viernes 2 de junio, día que la cámara de seguridad de un vecino del frente de la casa de Sena tomó la llegada de Cecilia a las 9.15 de la mañana.
También procuraban determinar en qué momento habrían descartado el cuerpo, ya que pudo haber sido ese mismo día en una de las camionetas de los acusados o ese fin de semana, posiblemente en la chanchería de la familia que ya fue rastrillada en dos oportunidades.
Por su parte, los peritajes a las manchas que podrían ser de sangre encontradas en la vivienda del matrimonio estarán entre martes y miércoles.
Además, personal de cibercrimen comenzó el jueves último con la extracción de la información a los ocho celulares secuestrados en el marco de la causa, cuatro tablets y una CPU.
Además, los pesquisas continuaban analizando las geolocalizaciones de los teléfonos con mayor profundidad para establecer un rango de búsqueda del lugar en el que probablemente pudieron deshacerse del cuerpo.
«Eso nos permitió tener una referencia por donde se estuvieron moviendo los imputados y ahora buscamos que nos indiquen la zona de dónde arrojaron los restos», precisó un vocero.
El EFE dispuso ayer un nuevo allanamiento en la chanchería ubicada en un sitio conocido como «Granjita Abuela Ema», a unos 5 kilómetros de la ruta nacional 16, donde hubo secuestros de restos óseos que fueron llevados por el equipo de antropología forense de Córdoba para ser examinado en sus laboratorios.
La antropóloga Anahí Ginarte y la médica forense Florencia Granton del Instituto de Medicina Forense cordobés también analizaron los restos hallados en un primer allanamiento en ese lugar y establecieron «no hay nada claramente humano» en esas muestras.
En tanto, Marcela Acuña continuaba hoy con una huelga de hambre en la sede del Departamento de Violencia Familiar y de Género, en el que está alojada con el resto de las involucradas, dado que hace unos días le denegaron la prisión domiciliaria.
Mientras que los hombres imputados siguen detenidos en la comisaría 3ra., separados del resto de los presos e instalados en oficinas que comúnmente usa el personal policial.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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Miguel
25.06.2023 at 17:07
Seguramente Capitanich no tiene nada que ver con este crimen de indole familiar, eso no lo exime de responsabilidad. Primero por tratar de despegarse de su principal operador politico, cuando miles de fotos y videos lo mostraban junto a él, segundo por permitir que actuara en las primeras horas la policía local y tercero porque maneja la totalidad del poder judicial. Existiendo gran cantidad de organismo especializados, con miles de empleados públicos, no se entiende porque derivar los fondos públicos a un particular sin ningún antecedente. Por todo eso, nunca se sabra la verdad del crimen cometido…………….