La madre de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años abusada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar, reclamó hoy mayor celeridad a la Justicia que «está tardando 22 años» en resolver el crimen de su hija, al declarar en el inicio del segundo juicio al ex sargento de la Policía bonaerense Ricardo Panadero, el cuarto efectivo acusado por el hecho, y aseguró que «si hubiera sido un civil, ya estaría preso».

En su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 marplatense, Laura Calampuca expresó que su hija «era un criatura sumamente inocente» y que la sigue «esperando hasta el día de hoy».

El padre de la menor, Gustavo Melmann, declaró por su parte que el crimen fue «un femicidio en manos del Estado» y que «todos los que asesinaron a Nati lo hicieron con el afán de divertirse».

Calampuca y Melmann fueron los dos primeros testigos del juicio a Panadero, quien es sometido nuevamente a proceso por el hecho, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anulara el fallo en el que resultó absuelto en julio de 2018 y ordenara la realización de un nuevo debate oral.

Panadero, quien estuvo presente en la audiencia, es el cuarto policía acusado por el crimen que conmocionó a Miramar y al país en la temporada de verano 2001, pero su caso no formó parte del juicio en el que los otros tres -Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60)- fueron condenados a prisión perpetua en septiembre de 2002, porque fue sobreseído antes.

El exsargento está imputado por el delito de «privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa».

Si bien fue juzgado y absuelto en 2018, el fallo fue apelado por la Fiscalía General marplatense por entender que «existió una apreciación incorrecta del material probatorio» y también por los abogados de la familia, por considerar que «se realizó un análisis sesgado y arbitrario de los elementos probatorios», en especial de una prueba de ADN realizada sobre un vello púbico hallado en el cuerpo de la menor, que indicó que «se detectó compatibilidad con el análisis correspondiente a Panadero».

A partir de estos recursos, el 13 de noviembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la absolución y ordenó la realización de otro juicio.

La primera audiencia del nuevo debate oral se inició minutos después de las 9.30 en el primer piso de los tribunales marplatenses, con la exposición de los lineamientos de la fiscal Ana María Caro, quien aseguró que buscará demostrar la coautoría de Panadero en el secuestro y el abuso sexual de la menor, y su participación necesaria en el homicidio.

El planteo fue acompañado luego por los abogados Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, quienes representan a la familia de la víctima en calidad de particular damnificado, aunque en su caso aseguraron que tratarán de probar la coautoría del acusado también en el homicidio.

La defensa particular de Panadero, encabezada por Lautaro Resúa, sostuvo en tanto que el exsargento «no participó de los hechos que tuvieron a Natalia Melmann como víctima».

Al declarar como primer testigo, el padre de Natalia explicó que, tras el hallazgo de su cuerpo, el 8 de febrero de 2001, «había mucho miedo», «aprietes y difamaciones», y que distintos vecinos aportaban información en un local que la Municipalidad local había dispuesto para la familia, «pero luego no querían declarar» ante la fiscalía interviniente.

Melmann relató que a su hija la asesinaron «para divertirse sádicamente», y que los acusados «estaban de guardia y prestando servicio en la comisaría» local, «como lo hacía Panadero».

En ese sentido, señaló que «Panadero desde un principio estaba en el listado» de sospechosos confeccionado a partir de datos brindados por testigos, y consideró que «tendría que haber sido condenado» en el primer juicio.

Por su parte, Calampuca recordó que, en las primeras horas posteriores a la desaparición de Natalia, la policía no les permitía «buscarla ni dar difusión a su búsqueda», y que no los dejaban ingresar al Vivero Dunícola, donde finalmente fue hallado el cadáver.

«Los mismos policías que la habían asesinado venían a buscar a mis hijos para ir a buscar a Natalia», dijo ante los jueces Néstor Conti, Mariana Iriani y Juan Galarreta, y agregó: «Estos tipos seguían libres, amenazando a todo el mundo, y seguían dirigiendo la comisaría».

En la primera audiencia declaró además un testigo de identidad reservada de la causa, que era menor de edad al momento del crimen, y aseguró que vio cómo Natalia era subida por la fuerza a un móvil policial.

Según precisó, el vehículo «frenó de golpe» sobre la calle 35 de Miramar al ver a la menor y cuatro policías uniformados bajaron y la interceptaron, mientras ella «gritaba que la soltaran, que ella no había hecho nada».

El testigo declaró que la adolescente fue introducida en el móvil y que pudo identificar a todos los efectivos, porque frecuentaban el taller mecánico de un familiar suyo, donde él trabajaba.

Dijo que se trataba de los tres condenados a perpetua por el crimen y de Panadero, en línea con lo declarado en el primer juicio al exsargento.

Otra joven que intervino como testigo aseguró que el acusado la «seguía e insinuaba cosas», mientras que un hombre declaró que los cuatro policías solían frecuentar boliches y salir con chicas.

El juicio continuará mañana con los últimos cuatro testigos propuestos por la acusación, mientras que el jueves declararán los cuatro convocados por la defensa, y el viernes podrían presentarse los alegatos de cierre.

El crimen de Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001 y provocó la reacción de la comunidad local, que realizó junto a la familia múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso.

Según se estableció en el juicio en 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde «fue accedida carnalmente», y luego, «con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual», fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas.

Los tres policías condenados a perpetua trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde fue hallado semienterrado cuatro días más tarde.