La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se discute en el país desde que se planteó en un Encuentro Nacional de Mujeres en 2003, pero ya el Código Penal de 1921 había incorporado causales para que el acto no fuera punible.

A lo largo del tiempo, el debate por la legalización del aborto en la Argentina fue impulsado y sostenido por organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+, en un entramado único en el mundo que confluye, de modo central, a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La Campaña, que tiene un fuerte anclaje territorial en todo el país, congrega a organizaciones y movimientos políticos, sociales y sindicales; organismos de derechos humanos, académicos y científicos; asociaciones y otros colectivos del campo de la salud, de la cultura, del espectáculo y de la comunicación, entre otros sectores.

El proyecto que tratará el Senado este martes, busca garantizar un derecho reclamado desde hace años por los diversos colectivos de mujeres y personas gestantes.

Fue redactado y presentado por el Poder Ejecutivo Nacional como parte de las promesas electorales que llevaron a la Presidencia a Alberto Fernández. Tras algunas modificaciones, recibió el 11 de este mes media sanción en Diputados.

El largo camino social que pretende quedar plasmado en el actual proyecto de ley se sintetiza, con los hitos más resonantes, en esta cronología:

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1921. El Código Penal, en el artículo 86, establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: «Cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».

Esta versión, después de idas y vueltas legislativas, es la que rige hasta hoy, es decir, hace casi 100 años.

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2003. Por primera vez en un Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), en su edición 17 en Rosario, se realiza un taller, una asamblea y una marcha pidiendo la legalización del aborto y pensando estrategias de incidencia.

Surge el pañuelo verde que identifica la lucha argentina a nivel mundial por el acceso al derecho, aportado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

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2005. El 28 de mayo se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que junta firmas que serán entregadas en el Congreso de la Nación en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país con la consigna «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir».

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2006. Tras juntar las firmas que fueron entregadas al Congreso en 2005, la campaña formula su primer proyecto de ley, en paralelo realizan una nueva movilización en todo el país donde se vuelve con la consigna «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir», que se mantiene hasta hoy.

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2007. La Campaña presenta de manera simbólica, por primera vez, un proyecto de ley para legalizar el aborto que no logra estado parlamentario.

El 17 de mayo muere Ana María Acevedo. Era una joven santafesina con un embarazo temprano y a quien detectaron un cáncer de maxilar. El tratamiento oncológico era incompatible con la continuidad de su embarazo, por lo que la mujer pidió que le practicaran un aborto para salvar su vida. Los médicos del hospital Iturraspe de Santa Fe se negaron y Ana María murió. Es una de las mujeres que, con su muerte, deja en evidencia la necesidad de legalizar la práctica.

6

2008. Se presenta formalmente el proyecto y obtiene estado parlamentario con la primera firma de la diputada socialista, mandato cumplido, Silvia Augsburger. A partir de allí, cada dos años (tiempo en se agota la posibilidad de tratamiento en el recinto del Congreso), la Campaña presenta su proyecto.

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2011. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino por no haber garantizado, en 2006, el acceso a un aborto a LMR, una joven con discapacidad embarazada producto de una violación. A pesar de contar con un fallo del Tribunal Superior de provincia de Buenos Aires, la práctica no pudo llevarse a cabo en un hospital público y, gracias a la movilización de las organizaciones de mujeres y feministas, se logró realizar en el sistema privado.

El Comité consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país a proporcionarle «medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada» y a «tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.

El acto de reparación se hace en 2014. La situación de LMR demuestra cómo afecta la vida y la salud de las mujeres la ausencia de legislación específica.

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2012. La Corte, en su fallo en el caso FAL, determina que las mujeres violadas podían acceder a la interrupción legal del embarazo, sin pasar por un proceso judicial, y exhortó a las provincias a que sancionaran protocolos que facilitaran la práctica.

«Ninguna víctima de abuso tiene que tener un hijo sin consentimiento, no tiene por qué pasar por una odisea judicial como yo», le dijo FAL en febrero de este año en declaraciones a la prensa.

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2018. La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.

A pesar de la fuerte presión social, el proyecto fue rechazado por el Senado, donde hubo 38 votos negativos, 31 positivos, 2 abstenciones y una ausencia.

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2019. El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo obtiene rango legal.

La Campaña vuelve a presentar el proyecto que actualmente tiene estado parlamentario, algo que suma el respaldo de amplios sectores políticos, gremiales y sociales, más allá de los feministas, derecho que fuera reconocido desde antes de ser electo el presidente Alberto Fernández.

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2020. El Ejecutivo nacional envía al Congreso, el 17 de noviembre pasado, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo hace junto a otra iniciativa, la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como Ley de los 1000 Días.

Esa última apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia y proteger los vínculos tempranos.

Ambos proyectos lograron la media sanción en la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre, a la espera de que sea ley tras su aprobación en la Cámara de Senadores antes de que concluya el 2020.