DDHH
Identidad de género: denunciarán internacionalmente a la Corte
Es por el fallo del caso Rueda, que rechazó rectificar identidad de género en acta de bautismo.
La Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería argentina, Alba Rueda, dijo hoy que denunciará internacionalmente a la Corte Suprema de Justicia tras el fallo que rechazó el pedido para rectificar su identidad de género en los registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta, y acusó al máximo tribunal de «utilizar un reclamo colectivo para dar un mensaje social a los sectores más conservadores».
«Vamos a convocar a compañeros expertos latinoamericanos para denunciar a esta Corte internacionalmente», dijo a Télam la funcionaria y militante por los derechos de la diversidad sexual.
Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves el fallo anterior que rechazaba la acción de habeas data presentada por Rueda contra el Arzobispado de Salta para rectificar sus registros sacramentales amparándose en la «neutralidad religiosa del Estado».
En este sentido, el fallo de la Corte afirmó que «no resultan atendibles los argumentos» de Rueda ya que esto implicaría «exigir a los jueces el examen de cuestiones sobre las que carecen de competencia y socavaría el espíritu del Concordato y la neutralidad religiosa prevista en el texto constitucional argentino».
También rechazaron la solicitud de la activista de declarar inconstitucional la ley 17.032 que aprobó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966, y del propio acuerdo, llamado también Concordato de 1966.
En el fundamento de Rueda, este acuerdo «autoriza a la Iglesia Católica argentina a desobedecer las leyes de la Nación en detrimento del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación».
En 2011, la actual funcionaria fue una de las primeras mujeres trans en Argentina en rectificar su DNI a través de una sentencia judicial, y desde la sanción de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en 2012 logró modificar todos sus datos registrales menos los que dispone la iglesia católica.
Cuando en 2018 quiso cambiar sus registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta ya que una amiga le solicitó ser madrina de su hija, obtuvo para su sorpresa una respuesta negativa.
El arzobispo Mario Antonio Cargnello le respondió que desconocía las «ficciones jurídicas» del derecho civil, en referencia a la ley de identidad de género, y la trató en masculino.
Tras esta respuesta, Rueda presentó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 58, donde la jueza consideró que no podía intervenir en un tema religioso, y en noviembre de 2019 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esta decisión.
Luego, la activista interpuso un recurso extraordinario federal en el que argumentó que «los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso».
Además sostuvo que hubo «un trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva».
La Corte Suprema este jueves se expidió sobre el caso y decidió confirmar los fallos anteriores en rechazo a los pedidos de Rueda
«No es posible imponer a una autoridad religiosa, en el caso, la Iglesia Católica, la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento pues ello (…) conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional», indicó ese texto.
Para Rueda, el fallo se produjo «de espaldas a una sociedad que es diversa, que ya se pronunció a favor de la ley de identidad de género y la diversidad sexual a lo largo de los años» y dijo que es «una lesión enorme a la plataforma de derechos de la Argentina».
También criticó que trata al caso como «individual cuando en realidad hubo 40 pedidos de organizaciones de Argentina y Latinoamérica que querían hablar en audiencia publica».
«Nosotras pedimos que se llame a audiencia pública para que tengamos la oportunidad de hablar abiertamente, que se abra el debate y se muestre que hay muchas personas LGBT en la iglesia y que muchas queremos cambiar nuestra identidad», explicó Rueda y aclaró que este pedido fue «el primero que se negó».
En el documental «Amén. Francisco Responde», el Papa Francisco -al ser consultado por jóvenes sobre la relación entre la Iglesia y las personas trans- dijo que «Dios no rechaza a nadie» y que el deber «es recibir siempre», además de que «son infiltrados» aquellos que «aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales» lo que implica «una de las corrupciones de la iglesia».
Rueda también cuestionó que el fallo afirma que no hubo discriminación contra ella ya que no se pudo demostrar «que la negativa de rectificar los registros sacramentales importen un trato discriminatorio respecto de otros miembros de la Iglesia Católica», argumentó el texto de la Corte.
«Lo que están diciendo es que ustedes pueden ir a la iglesia y rezar, ahora no esperen que se le reconozca su identidad de género, la tiene que dejar en la puerta de la iglesia», criticó la activista.
Además destacó que el fallo reviste un «carácter político» y le brinda un «mensaje a la derecha».
«Lo hacen en un contexto político, en un año electoral, con un claro mensaje a los sectores más conservadores. Usan un reclamo colectivo para politizarlo y dar un mensaje a la derecha», aseguró Rueda eh diálogo con Télam.
Además de ser una activista histórica por los derechos LGBTIQ+ en el país, también es funcionaria pública y en 2022 asumió el rol de Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería Argentina, puesto que solo tienen cinco países del mundo.
«No voy a dejar que rompan con la ley de identidad de género los sectores más conservadores», concluyó.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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