DDHH
Hubo 219 casos de violencia institucional en el primer trimestre
Así se desprende de las estadísticas recolectadas a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Un total de 219 casos de violencia institucional, entre ellos 15 por muerte, 22 por apremios y 21 por lesiones, fueron denunciados durante el primer trimestre de 2023 a nivel nacional, siendo la provincia de Buenos Aires y el servicio penitenciario de ese distrito los ámbitos con más hechos, según se informó hoy oficialmente.
Así se desprende de las estadísticas recolectadas a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, según explican desde el organismo, en cada caso brinda «asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada».
En tanto, el mismo informe oficial destaca los avances en juicios por casos de violencia institucional, en particular el de tres resonantes debates orales, de los cuales uno fue el que terminó con la condena a prisión perpetua a los policías responsables del crimen del adolescente Valetín Blas Correas, cometido en Córdoba en 2020.
En esos expedientes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actuó como querellante o «amicus curiae».
En lo que atañe a las denuncias por violencia institucional registradas en el primer trimestre del año, el trabajo consigna que la distribución fue la siguiente: acceso a la justicia (40), salud (37), condiciones de alojamiento (27), apremios (22), lesiones (21), hostigamiento (17), muerte (15), amenazas (15), detención arbitraria (12), causa armada (5), violencia de género (5), desaparición forzada (1) y otros (2).
Por otro lado, el distrito con mayor cantidad de denuncias fue la provincia de Buenos Aires, con 121; seguida por la ciudad de Buenos Aires (CABA), con 30; Misiones, 9; Córdoba, 8; Santa Fe y Chubut, ambas con 7; Jujuy, 5; Mendoza y Tucumán, 4; Entre Ríos, Chaco y Corrientes, 3; Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Luis y La Rioja, cada una con 2; Catamarca, Río Negro, San Juan y La Pampa, con 1 y «no definida», también 1.
De acuerdo con el informe basado en las cifras del Centro de Denuncias de Violencia Institucional, la fuerza más denunciada fue el Servicio Penitenciario Bonaerense, con 55; seguido por la policía de esa provincia (29), Policía de la Ciudad (19), Servicio Penitenciario Federal (13), Policía Federal (12), Policía de Santa Fe (7), Jujuy (5), Tucumán (4), Córdoba (4), Misiones (3), Corrientes (2), Mendoza (2), Entre Ríos (2), La Rioja (2), Chaco (2), Chubut (2), Municipal (2), de San Luis (1), Santiago del Estero (1), San Juan (1), Catamarca (1), Salta (1), Río Negro (1), Formosa (1) y Gendarmería Nacional (1).
«En cuanto al acceso a la justicia y salud, los casos más habituales son los de los presos que denuncian que no tienen contacto con sus defensores oficiales o no les toman denuncias en la comisaría, o que no les dan atención médica o medicamentos», explicó a Télam Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.
En otro orden, el funcionario señaló que cada caso que se plantea «no es un número sino que hay una individualización de la víctima y su familia, y se desarrolla una gestión con asesoramiento y acompañamiento jurídico y psicosocial».
En ese sentido, recordó que la secretaría lleva adelante ese contacto a través de una línea 0800, WhatsApp y un correo electrónico; siendo la segunda de ellas la opción más utilizada en el último tiempo.
A su vez, el trabajo consigna que, durante el mismo período, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional llevó a cabo tres señalizaciones (en las ciudades de Rosario, Salta y Merlo, provincia de Buenos Aires) para recordar a las víctimas y expresar el repudio del Estado frente a los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.
En tanto, el próximo 8 de mayo, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, se inaugurará la señalización de la denominada «Masacre de Esteban Echeverría», en la que 10 presos murieron en 2018 al incendiarse los calabozos de la comisaría de Villa Transradio.
En el apartado referido a juicios en curso por casos de violencia institucional, el trabajo rescata el debate oral por el asesinato del joven Blas Correas en Córdoba, como así también la condena a Lisandro Javier Báez, un inspector de la Policía Bonaerense, a 18 años de prisión e inhabilitación perpetua por los delitos de abuso sexual agravado y exacciones ilegales; y la prisión perpetua dictada contra cuatro policías de Tucumán por el homicidio de Luis Espinoza, en 2020.
En tanto, el informe recuerda que el próximo 14 de agosto comenzará el juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, cometido en noviembre del 2017 tras un intento de desalojo en Villa Mascardi, provincia de Río Negro.
DDHH
ARA San Juan: nueve años, una condena en suspenso y familias que piden justicia
El único condenado, Claudio Villamide, recibió tres años en suspenso. La querella de 34 familias pidió a Casación pena efectiva y revocar las tres absoluciones. «Fue evitable», insistieron.
La única condena por el hundimiento del ARA San Juan fue de tres años de prisión en suspenso, y las familias de los 44 tripulantes todavía esperan que Casación la revise. A nueve años de la tragedia, la querella mayoritaria renovó el reclamo de justicia.
El comunicado fue difundido por la abogada Valeria Carreras, que junto a Lorena Arias representa a las familias de 34 de los 44 tripulantes. El texto sostiene que «no fue culpa de la tripulación», que tampoco fue una «tormenta perfecta» ni un accidente, y que «fue evitable». La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe fijar todavía la fecha de la audiencia.
El hundimiento
El submarino se hundió el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Fue hallado un año después, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, y los peritajes concluyeron que sufrió una implosión.
Una condena en suspenso y tres absoluciones
El 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso, es decir sin cumplimiento efectivo, y a seis años de inhabilitación. En el mismo fallo absolvió a Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; a Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, y a Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones.
Los cuatro habían enfrentado cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y la querella había pedido para todos la pena máxima de cinco años de prisión efectiva. Carreras calificó de «ofensiva» la pena en suspenso.
Por eso la querella recurrió ante Casación. «Solicitamos se amplíe la condena a Villamide al máximo del tipo penal», dijo Carreras, en referencia a los cinco años de cumplimiento efectivo, y pidió revocar las tres absoluciones. El único condenado también presentó un planteo para ser sobreseído. Otra querella, además, reclamó un nuevo juicio en Mar del Plata.
«Esperamos que los jueces cumplan con el suyo», cerraron las familias en el comunicado.
El espionaje a los familiares y el reclamo ante la CIDH
La querella presentó además un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el presunto espionaje a los familiares. En enero de 2018, agentes de la AFI fotografiaron a parientes de los tripulantes, y en diciembre de 2021 el juez federal de Dolores Martín Bava procesó por esos hechos al expresidente Mauricio Macri, a los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a ocho agentes.
La Cámara Federal porteña los sobreseyó en julio de 2022 por inexistencia de delito y la Casación confirmó esa decisión. En octubre de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las querellas y dejó firme el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani.
Carreras indicó que todavía no hay novedades en el trámite internacional y que «el reclamo internacional tiene varios pasos y suele ser bastante lento el proceso», aunque se mostró confiada en el resultado. Calificó de «inconcebible el atropello a las garantías constitucionales» cometido en el espionaje.
Lo que tenés que saber
- A nueve años del hundimiento, la querella reclamó justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan.
- El único condenado, Claudio Villamide, recibió tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación.
- La querella pidió a Casación ampliar la pena y revocar las tres absoluciones; Villamide también recurrió.
- La Corte Suprema dejó firme en octubre de 2025 el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani por el espionaje.
- Las familias llevaron ese caso ante la CIDH, sin novedades por ahora.
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