El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Ley 26.618 marcó un hito en la ampliación de derechos y fue fruto de años de militancia del colectivo LGBTI+, organizaciones sociales y un Congreso que, por única vez en décadas, supo escuchar a la calle.

A 15 años de esa conquista, el panorama actual está atravesado por retrocesos, discursos de odio y una fuerte ofensiva conservadora, encabezada desde la presidencia.

Una conquista pionera

Argentina fue el primer país latinoamericano y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio igualitario. La ley permitió a las parejas del mismo sexo acceder a los mismos derechos civiles que los matrimonios heterosexuales: herencia, obra social, adopción, entre otros. Se trató de una victoria política y cultural, impulsada desde sectores progresistas, con un rol clave del gobierno en el poder ejecutivo y legislativo.

Desde entonces, más de 20 mil parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en el país, consolidando un derecho que ya forma parte del tejido social.

¿Cómo está el mundo hoy?

Desde 2010, el mapa global ha cambiado considerablemente:

Actualmente, 35 países permiten el matrimonio igualitario. Entre ellos: España, Francia, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Uruguay, México y, más recientemente, Chile y Colombia.

Sin embargo, más de 60 países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y en varios de ellos (como Uganda, Nigeria o Arabia Saudita) existen penas de prisión o incluso de muerte.

En EEUU, tras la legalización nacional en 2015, surgieron nuevos debates por los derechos trans, y crece una ola conservadora que intenta revertir conquistas.

En Europa, Hungría y Polonia protagonizan retrocesos legislativos y campañas anti-LGBTI+, en sintonía con sectores ultraderechistas.

Argentina bajo el régimen de Milei: retrocesos explícitos

El gobierno de Javier Milei ha significado un cambio de paradigma en relación con los derechos LGBTI+, no por vía legislativa sino por erosión discursiva, simbólica y presupuestaria.

El presidente y su gabinete han promovido discursos de odio contra identidades trans, lenguaje inclusivo y feminismos, bajo la lógica de “la batalla cultural” contra lo que llaman “ideología de género”.

Se cerró el INADI, organismo clave en la lucha contra la discriminación.

Se desfinanciaron políticas de diversidad, como el Programa de Salud Integral para personas trans y LGBTI+ y las campañas de concientización.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue eliminado y sus funciones quedaron virtualmente vaciadas.

No hay políticas activas frente a los crímenes de odio, que aumentaron un 30% en el último año según informes de la Defensoría LGBTI+.

El gobierno de Milei representa una ofensiva neoconservadora, con una narrativa negacionista de derechos conquistados. No casualmente, el presidente se alineó internacionalmente con figuras como Viktor Orbán (Hungría), Donald Trump y Jair Bolsonaro, todos con agendas anti-LGBTI+.

Orgullo, memoria y resistencia

A 15 años del matrimonio igualitario, la consigna de muchas organizaciones y activistas es clara: “lo ganado no se negocia”.

En las calles, el movimiento LGBTI+ sigue siendo uno de los más activos en resistir el ajuste, la represión y el vaciamiento de políticas públicas.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ya advirtió que este año la movilización será más política que nunca. Desde el Congreso, algunos bloques de oposición buscan blindar derechos existentes y denunciar los retrocesos.

El matrimonio igualitario fue una bisagra histórica que ubicó a Argentina a la vanguardia en materia de derechos. Pero las conquistas no son definitivas: los discursos de odio, el desmantelamiento del Estado y la precarización de la vida atacan directamente al colectivo LGBTI+.

A 15 años, más que celebración, el momento exige memoria activa, organización colectiva y lucha política para que el orgullo no se transforme en nostalgia.