La asociación ilícita es un delito previsto en nuestro Código Penal. Consiste en que tres o más personas se asocien para cometer delitos.
Meses atrás el juez federal Juan Pablo Augé utilizó esa figura para procesar a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia –Gustavo Arribas y Silvia Majdalari- y a varios espías y funcionarios muy cercanos al ex presidente Mauricio Macri.
Lo hizo luego de considerar que entre todos y organizadamente habían cometido el delito de espionaje clandestino en perjuicio de dirigentes políticos, sociales, sindicales y hasta de personas privadas de la libertad.
La decisión judicial fue apelada y dos de los tres jueces que integran la Cámara de Apelación que revisó el fallo dijeron que no existió asociación ilícita. Los fundamentos de la resolución son vagos y de su lectura se infiere fácilmente que lo buscado fue que los investigados más próximos a Macri sean desvinculados de la causa.
«Por lo resuelto por los jueces de las Cámara de Apelación y de Casación sospechamos que puede haber otra asociación ilícita».
La Cámara de Apelación está integrada por tres jueces. Eduardo Farah, que no tiene nada que ver con el macrismo, fue el único que convalidó lo actuado por el juez que resolvió los procesamientos. Los otros dos -Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi-, que formaron la mayoría, integran ese organismo por gestiones irregulares realizadas por el gobierno anterior para que lleguen ahí.
La Cámara de Apelación tomó intervención porque un órgano judicial superior, la Cámara de Casación, lo ordenó. Esta lo hizo con la firma de dos jueces –Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- que visitaban con frecuencia, y sin hacerlo saber, al ex presidente en la Rosada y en Olivos.
Por lo investigado por el juez Augé tenemos claro que existió asociación ilícita entre todos los espías y sus jefes.
Por lo resuelto por los jueces de las Cámara de Apelación y de Casación sospechamos que puede haber otra asociación ilícita, en este caso para cometer el delito de prevaricato, que consiste en dictar fallos contrarios a la ley.
- Guillermo Torremare es abogado. Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).