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Investigación 🔎

Stornelli investigará el presunto espionaje a Karina Milei pero protege fuentes periodísticas

El fiscal dispuso seguir la causa por las escuchas atribuidas a la hermana de Javier Milei, aunque estableció que la investigación no podrá indagar sobre informantes de la prensa ni allanar domicilios sin orden judicial.

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⬛ El fiscal federal Carlos Stornelli decidió este martes proseguir con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero estableció claros límites para proteger el trabajo periodístico. La medida se produce después de que el Gobierno denunciara una «operación de inteligencia ilegal» por la difusión de estos audios.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 fue categórico al sostener que «la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional».

Protección constitucional del periodismo

Stornelli fundamentó su decisión en garantías constitucionales y precisó que esta protección «incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente». Sin embargo, aclaró que esto «no empece al análisis de las conductas ya efectuadas».

La resolución del fiscal contempla que los periodistas puedan colaborar de manera voluntaria si consideran que pueden «aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad», pero sin ningún tipo de compulsión o presión judicial.

Alcance temporal de la investigación

El funcionario judicial estableció que «la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios».

Stornelli sostuvo que «si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores».

Antecedentes de la denuncia

El Gobierno había presentado ayer la denuncia ante la Justicia Federal por una supuesta «operación de inteligencia ilegal» tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Paralelamente, un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el «cese inmediato» de la difusión de ese material.

La decisión de Stornelli establece un equilibrio entre la investigación judicial del presunto delito de espionaje y la protección de la libertad de prensa, garantizando que los periodistas no se conviertan en objeto de persecución por cumplir con su función informativa.

Puntos clave:

  • Stornelli proseguirá con la investigación por presunto espionaje en torno a audios de Karina Milei
  • La pesquisa no podrá indagar sobre fuentes periodísticas por mandato constitucional
  • Se respetará la inviolabilidad de domicilios salvo orden judicial fundada
  • La investigación abarcará desde las primeras grabaciones publicadas y sus actos preparatorios
  • Los periodistas podrán colaborar voluntariamente pero sin compulsión judicial

Investigación 🔎

Causa ANDIS: le negó a la Justicia los correos de la Suizo por las coimas y quedó libre de culpa

La Sala I de la Cámara Federal desligó al jefe de sistemas de la droguería de los Kovalivker, que en pleno allanamiento se negó a entregar las claves de los mails corporativos. Para los camaristas no hubo dolo: el técnico solo hizo lo que le indicó el abogado de la empresa.

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El Argentino Diario-coimas, licitación pública, logística sanitaria, Ministerio de Salud, Suizo Argentina, ahorro fiscal, medicamentos, vacunas, sobornos,
Puertas cerradas en la Suizo: la Cámara de Comodoro Py absuelve el bloqueo a la investigación por las coimas en Discapacidad.

Las claves de los correos electrónicos de la droguería que está en el centro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no llegaron a manos de la Justicia el día del allanamiento, y nadie va a responder penalmente por eso. El único imputado por haber cerrado esa puerta a los investigadores acaba de quedar libre de toda acusación.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker. Díaz estaba imputado por desobediencia a un funcionario público, y los camaristas resolvieron cerrar su situación por «no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto».

Qué pasó en el allanamiento de Avenida Monroe

El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento a la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi.

Ese día, Díaz se negó a blanquear las contraseñas de los correos de la firma y a dar acceso a las autoridades. Su argumento fue que no contaba con la autorización de los directivos ni del abogado de la empresa. La negativa motivó que el propio Casanello lo denunciara por obstaculizar la investigación, y el expediente derivado quedó luego en manos del juez federal Julián Ercolini, que lo citó a indagatoria. En abril de este año, Díaz se presentó y entregó un escrito en el que defendió su postura.

Los argumentos de los camaristas

Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que la conducta del técnico «resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial», ya que el abogado de la droguería le había indicado que no estaba obligado a cooperar. En otras palabras, el consejo legal de la propia empresa investigada funcionó como escudo para quien frenó el acceso a la prueba.

Llorens adhirió al sobreseimiento con un fundamento propio: planteó que la intervención de Díaz en el procedimiento «respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona».

La composición del tribunal no es un dato menor. Bertuzzi llegó a la Cámara Federal mediante un traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, y Llorens quedó asociado en la memoria pública a sus partidos de pádel con el entonces presidente en la Quinta de Olivos. Es la misma Sala que suele tener la última palabra sobre las causas más sensibles del poder político que tramitan en Comodoro Py.

Una droguería en el centro de la trama

Los correos que Díaz no habilitó pertenecen a la empresa que la Justicia investiga como pieza clave del presunto circuito de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La causa se analizan más de 600 contratos entre la ANDIS y la Suizo Argentina, bajo sospecha de sobreprecios y licitaciones direccionadas.

El expediente estalló a partir de los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem. En el megaoperativo de agosto de 2025, en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones.

En la causa principal, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas Spagnuolo, y ordenó peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados en las oficinas de la Suizo Argentina. Mientras la investigación avanza a paso lento sobre el corazón del negocio, cada resolución que despeja a un engranaje de la estructura empresarial alimenta la sospecha de una Justicia que mide con distinta vara.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de la Cámara Federal (Bertuzzi, Llorens y Yadarola) sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la Suizo Argentina.
  • Díaz se negó a entregar las claves de los correos de la droguería durante el allanamiento del 29 de agosto de 2025.
  • Estaba imputado por desobediencia a un funcionario público tras una denuncia del juez Casanello.
  • Los camaristas entendieron que no hubo dolo, porque el abogado de la empresa le dijo que no estaba obligado a cooperar.
  • En la causa principal hay 19 procesados, entre ellos el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
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