El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró que el 37,5% de los niños y adolescentes del país tuvo problemas para acceder a ropa y calzado durante el último año. El dato, que en apariencia podría leerse como una estadística más en el largo historial de carencias de la infancia argentina, condensa en realidad la magnitud de un empobrecimiento que el ajuste de la gestión de Javier Milei profundizó sin pausa desde diciembre de 2023.

La desigualdad estructural queda expuesta con precisión matemática cuando el ODSA desagrega el dato por nivel socioeconómico: entre los chicos pertenecientes a los sectores de menores ingresos, la dificultad para vestirse alcanzó al 58,3%. En los sectores medios y altos, la cifra cae al 17,8%. No se trata de la misma Argentina. Se trata de dos países que conviven bajo el mismo cielo, con acceso radicalmente distinto a lo más elemental.

Más que ropa: privaciones que dañan el desarrollo

El informe del ODSA advierte que las privaciones materiales no se agotan en la falta de bienes concretos, sino que generan consecuencias que se extienden al desarrollo integral de la infancia. El 36,8% de los niños evaluados presentó dificultades vinculadas al aprendizaje, mientras que el 27,3% manifestó problemas para relacionarse con pares o integrarse a grupos. A su vez, el 18,1% atravesó situaciones de malestar emocional.

Estos datos desmenuzan lo que los índices de pobreza no siempre muestran: la pobreza no es solo hambre o falta de techo, es también exclusión, estigma y daño psicológico. Un chico que no tiene zapatillas en condiciones para ir a la escuela no solo tiene frío. También tiene vergüenza. Y esa vergüenza tiene consecuencias en su socialización, en su rendimiento escolar y en su bienestar emocional, consecuencias que el ajuste libertario no figura en ninguna planilla de «equilibrio macroeconómico».

La AUH y la Tarjeta Alimentar: el piso que el Estado no puede retirar

El informe también relevó el rol determinante de las transferencias estatales en la contención de la pobreza infantil. Según el ODSA, programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar explican más del 90% de la reducción de la pobreza infantil y entre el 97% y el 98% de la contención de los casos de indigencia extrema. Sin esas políticas, el suelo se derrumba.

Los números son contundentes: sin estas transferencias, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, casi el doble. La pobreza, en tanto, escalaría del 42,5% al 47,8%. Es decir que el único muro que separa a cientos de miles de chicos de la miseria absoluta son los mismos programas que el discurso libertario históricamente calificó de «clientelismo» o «populismo».

En el grupo de 0 a 3 años, el Plan 1.000 Días contribuyó a que la primera infancia registre de manera sostenida los niveles más bajos de pobreza dentro de la serie analizada. La evidencia acumulada por el ODSA no deja margen para la ambigüedad: el Estado que se retira de la vida de los más vulnerables no es un Estado eficiente, es un Estado que condena.

Una mejora insuficiente sobre una base ya destruida

El relevamiento también registró una mejora relativa en la cobertura de la canasta alimentaria por parte de las transferencias. Durante 2026, esa cobertura alcanzó entre el 39% y el 62%, por encima de los niveles registrados en 2024, cuando apenas llegaba al rango del 12% al 28%. La mejora es real, pero insuficiente: cubrir entre un tercio y poco más de la mitad de la canasta alimentaria no es un logro de gestión, es apenas la confirmación de que el punto de partida era devastador.

El ODSA fue terminante al señalar que, aun con esa recuperación parcial, las transferencias no alcanzan para revertir por completo las condiciones de pobreza. La ecuación es simple y brutal: cuando el ajuste destruye el poder adquisitivo de los ingresos y eleva el costo de los servicios esenciales en más del 500%, ninguna transferencia puede compensar el daño. El desequilibrio entre lo que se recorta y lo que se transfiere es estructuralmente negativo para los sectores populares.

El ajuste tiene nombre, apellido y edad

El informe del ODSA se suma a una serie de relevamientos que, en los últimos meses, dibujaron un cuadro de situación que el oficialismo se niega a reconocer. La pobreza infantil del 42,5% no es un dato técnico neutral: es el resultado de decisiones políticas. De un tarifazo que multiplicó el costo de los servicios. De un recorte del gasto social del 61%. De una desregulación que liberó precios pero no salarios. De una narrativa que habla de «déficit cero» mientras los chicos del conurbano no tienen zapatillas para ir a la escuela.