Gremiales
El Senado aprobó la ley de Teletrabajo: el proyecto no contó con el apoyo de la oposición
La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro.
Este jueves el Senado convirtió en ley, sin el apoyo de la oposición, la normativa que regula el teletrabajo, en momentos en que la modalidad está en expansión como consecuencia del aislamiento social y obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo.
La bancada de Juntos por el Cambio firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban «más rígida» la regulación y «desalentaban» a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza.
En representación del oficialismo, Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que «no surge a las apuradas», destacó que tuvo «amplio consenso en la Cámara de Diputados» y afirmó que la ley «garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años».

«Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral», sostuvo, y remarcó que la cuestión de la reversibilidad del formato de teletrabajo, uno de los puntos cuestionados por la oposición, alcanza con un preaviso de 15 días.
El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que «hay una mirada sesgada con esta idea de no aceptar cambios» y señaló «falta de sentido común», en el oficialismo, ya que la ley «pone un freno a las fuentes de trabajo» y demuestra «una enorme torpeza desde lo político».
Naidenoff cuestionó el punto de la reversibilidad al señalar que «para contratar trabajadores del interior, por ejemplo, se pueden considerar despedidos si el empleador no alquila un local para oficina» y cuestionó que el Frente de Todos «busque arremeter y avanzar», pese a que el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a ello.
La ley menciona el derecho a la «desconexión digital», es decir, la posibilidad de no estar conectado y, por consiguiente, a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral.
La ley aprobada con los votos del Frente de Todos busca establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas.
Según la ley aprobada, las personas que trabajen bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que trabajen en forma presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían en modalidad presencial. Además, determina que los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.
Respecto a la jornada laboral establece que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes y que las plataformas y/o sistemas utilizados por el empleador deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma.
El traslado de quien trabaja en una posición presencial hacia la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, debe ser voluntario.
También menciona el derecho a la desconexión digital, es decir la posibilidad de no ser conectados y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias aquellos trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad, sin que sean sancionados.
Sobre las tareas de cuidado, señala que quienes cumplan esa actividad y acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con esas tareas de cuidado y/o a interrumpir la jornada.
El traslado de quien trabaja en una posición presencial hacia la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, debe ser voluntario y el consentimiento debe prestarse por escrito.

El punto sobre la reversibilidad, uno de los que más discrepancias generó, indica que el consentimiento prestado por la persona trabajadora para pasar a la modalidad de teletrabajo es reversible en cualquier momento de la relación laboral.
La ley ordena que el empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o compensar por la utilización de herramientas propias de la persona trabajadora.
Gremiales
Escándalo por Intercargo: gremio aeronáutico presentó una denuncia penal contra Milei y Caputo
El sindicato aeronáutico cuestionó el valor fijado para la empresa estatal y apuntó contra el proceso de tasación impulsado por el Ejecutivo. La denuncia también alcanzó al ex titular del BICE, Maximiliano Voss.
Lo que tenés que saber
- APA presentó una denuncia penal por la valuación de Intercargo.
- La acusación alcanzó a Javier Milei, Luis Caputo y Maximiliano Voss.
- El gremio cuestionó que la empresa estatal fuera valuada en 45 millones de dólares.
- Según APA, Intercargo tendría activos corrientes por 55 millones y superávit superior a 20 millones.
- La denuncia menciona presuntas irregularidades en el proceso de tasación.
- El sindicato habló de una posible “estafa” vinculada a la privatización.
- APA advirtió sobre el impacto laboral para 1.500 familias.
APA denunció penalmente a Milei y Caputo por la valuación de Intercargo
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del BICE Maximiliano Voss por presuntas irregularidades en el proceso de valuación de Intercargo.
El gremio sostuvo que el Gobierno estableció un valor “inexplicable” para la empresa estatal y advirtió sobre una posible “estafa” vinculada al avance privatizador.
La denuncia por presunta administración fraudulenta
Según el comunicado difundido por la Asociación del Personal Aeronáutico, la presentación judicial incluyó acusaciones por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica”.
El sindicato cuestionó especialmente que el valor base fijado para la venta de Intercargo fuera de 45 millones de dólares.
De acuerdo al planteo gremial, la compañía contaría con activos corrientes valuados en 55 millones de dólares y un superávit superior a los 20 millones.
Las críticas al mecanismo de tasación
La organización aeronáutica también apuntó contra el sistema utilizado para determinar la valuación de la empresa estatal.
“¿Por qué no lo hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación?”, planteó el sindicato en el documento difundido públicamente.
Además, APA sostuvo que existiría un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público nacional” mediante una subvaluación de Intercargo.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos
La denuncia apareció en medio de un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector aeronáutico.
Desde la Asociación del Personal Aeronáutico afirmaron que continuarán con medidas de resistencia “en los tribunales, en los aeropuertos, en los puestos de trabajo y en la calle”.
El gremio también advirtió que el proceso de privatización podría afectar a unas 1.500 familias vinculadas laboralmente a la empresa.
“Intercargo no se vende, se defiende”, expresó el sindicato.
La situación de Intercargo en medio del proceso privatizador
Intercargo se encuentra en el centro de las discusiones vinculadas a las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La presentación judicial impulsada por APA cuestionó el valor asignado a la compañía y reclamó investigar el mecanismo utilizado para avanzar con la cotización de la firma estatal.
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