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Fundación Huésped alertó que la reforma laboral reduce el salario por enfermedad al 50% o 75%

La organización advirtió que la reforma laboral reduce el salario por enfermedad al 50% o 75%, lo que «obligará a muchos trabajadores a no declarar que están enfermos o a evitar ir al médico». También denunció el desfinanciamiento del sistema de salud y alertó sobre el riesgo sanitario del «banco de horas» con jornadas de hasta 12 horas diarias.

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El-Argentino-Imágen ilustrativa de paciente en el hospital, terapia intensiva

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La Fundación Huésped manifestó este sábado 15 de febrero una fuerte preocupación por los artículos vinculados a la salud del Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno Nacional y aseguró que «sin salud no se puede trabajar». La advertencia principal se centró en las modificaciones relacionadas con las licencias por enfermedad y el riesgo de precarización sanitaria, y remarcaron que «no se puede elegir entre la salud o el trabajo».

La organización señaló el ítem que confirma la reducción salarial por enfermedad e indicó que, de aprobarse ciertos cambios en la normativa, las personas que se enfermen «podrían pasar a recibir solo entre el 50% y el 75% de su salario», dependiendo del diagnóstico.

«Un incentivo a la desatención médica»

Fundación Huésped aseguró que éste es un «incentivo a la desatención médica» debido a que dicha reducción económica «obligará a muchos trabajadores a no declarar que están enfermos o a evitar ir al médico» para no ver afectado su ingreso o poner en riesgo su puesto de trabajo.

En la misma línea, la organización vinculó estas medidas con un deterioro general del sistema de salud y denunció que hubo recortes presupuestarios desde el inicio de la gestión de Javier Milei y falta de renovación de contratos que afectan directamente a las personas que necesitan tratamientos contra el VIH, la hepatitis o bien aplicarse vacunas.

Qué establece la reforma sobre licencias por enfermedad

El proyecto presentado por el Gobierno y aprobado por el Senado de la Nación el pasado miércoles propone cambios significativos que impactan directamente en la salud y en la seguridad de los trabajadores, consideró la entidad.

Para las licencias por enfermedad y/o accidentes, se establece una escala de pagos reducida para enfermedades o accidentes inculpables, es decir, aquellos que no deriven estrictamente del trabajo que la persona realice: el trabajador percibirá el 50% de su sueldo durante 3 meses, si no tiene cargas familiares, o 6 meses si las tiene. Pero si el impedimento no deriva de una acción voluntaria y riesgosa, el pago sube al 75% en los mismos plazos.

Por otra parte, obliga al trabajador a someterse a los controles del médico designado por el empleador y, en caso de desacuerdo en el diagnóstico, se podrá recurrir a una junta médica en instituciones oficiales o institutos de reconocida trayectoria.

El desfinanciamiento del sistema de salud

Como informó este medio, esta iniciativa también incluye una reducción de 1% en la contribución patronal destinada al Sistema Nacional del Seguro de Salud, lo que generó críticas por el posible desfinanciamiento de las obras sociales. Según datos oficiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), esta modificación representa una pérdida mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario de Redistribución y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales.

Asimismo, en este nuevo régimen para trabajadores independientes con colaboradores, el titular tendrá que realizar un aporte mensual para cubrir el sistema previsional y el régimen de obras sociales para cada uno de ellos.

El «banco de horas»: jornadas de hasta 12 horas diarias

Para finalizar, este proyecto introduce una nueva metodología como es el llamado «banco de horas», que permite jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, que serán compensadas con días libres, y no con el pago de horas extras, lo que además está señalado como un riesgo para el descanso y la salud psicofísica.

«Esta modificación impulsa a que las personas asistan a trabajar con enfermedades contagiosas, como la gripe, que pueden poner en riesgo a sus compañeros y compañeras. O que las personas no digan que están enfermas ni vayan al médico para cuidar su trabajo. No se puede elegir entre la salud o el trabajo. Sin salud, no se puede trabajar», concluyeron autoridades de la Fundación Huésped.

El contexto de la reforma laboral

Como informó este medio, la Cámara alta aprobó en la madrugada del jueves 12 de febrero la iniciativa con 42 votos afirmativos y 30 negativos, tras casi doce horas de debate. El texto será remitido en revisión a la Cámara de Diputados.

La reforma incluye período de prueba duplicado de tres a seis meses (y a ocho meses en el sector agrario), indemnizaciones y condenas en hasta 12 cuotas mensuales (18 para micro y pequeñas empresas), topes en el cálculo indemnizatorio con un límite de diez años de antigüedad, fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, límites a la actividad gremial, restricciones a medidas de fuerza, y el regreso de los tickets canasta como beneficios no remunerativos.

La aprobación en el Senado se produjo en un escenario de creciente movilización sindical. Como informó este medio, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a un paro con movilización cuando comience a tratarse la reforma laboral en el Congreso Nacional, y ratificaron marchas en Córdoba (5 de febrero) y Rosario (10 de febrero). La CGT, por su parte, lanzó un plan de lucha que incluye una movilización y advirtió que, de no poder frenar la ley, buscará limitar su aplicación y avanzar luego por la vía judicial.

Puntos clave

• Fundación Huésped advirtió que la reforma laboral reduce el salario por enfermedad al 50% o 75%, lo que obligará a trabajadores a no declarar que están enfermos o a evitar ir al médico.

• El proyecto establece una escala de pagos reducida para licencias por enfermedad: 50% del sueldo durante 3 o 6 meses, dependiendo de si la persona tiene cargas familiares.

• La organización denunció el desfinanciamiento del sistema de salud por la reducción de 1% en la contribución patronal destinada al seguro de salud.

• La reforma introduce el «banco de horas» con jornadas de hasta 12 horas diarias, lo que representa un riesgo para el descanso y la salud psicofísica.

• «Esta modificación impulsa a que las personas asistan a trabajar con enfermedades contagiosas, como la gripe, que pueden poner en riesgo a sus compañeros y compañeras», advirtió Fundación Huésped. ★

Géneros 🟣

Senado: denuncian proyecto de “falsas denuncias” intenta silenciar a las víctimas

A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos.

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Senado: qué pasa con el proyecto de “falsas denuncias”

El conversatorio “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia” funcionó como una respuesta urgente frente al proyecto impulsado por Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos de violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Para quienes expusieron, el diagnóstico fue otro: no hay vacío legal ni problema empírico que justifique la reforma. Lo que sí aparece, señalaron, es una estrategia política para disciplinar a quienes denuncian y reinstalar el silencio.

Una arquitectura punitiva para desalentar la denuncia

La abogada Ileana Arduino, referente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, desmenuzó el corazón del proyecto. Sostuvo que no se trata de una falla técnica sino de una decisión deliberada: utilizar el derecho penal como herramienta de control social.

Funciona como una extorsión procesal”, advirtió. El planteo es claro: en un sistema judicial que ya resulta hostil, la amenaza de una contra-denuncia penal empuja a las víctimas a no hablar. El resultado no es más justicia, sino menos denuncias.

Arduino también apuntó a un efecto colateral clave: la criminalización de las redes de acompañamiento. Equipos interdisciplinarios, profesionales y organizaciones quedarían bajo sospecha por intervenir en procesos donde la prueba suele ser compleja y el tiempo judicial, lento.

Construir un problema inexistente

La ministra bonaerense Estela Díaz fue directa: “Lo falso es el problema que quieren instalar”.

Respaldada por un documento con más de 1.700 firmas, sostuvo que las falsas denuncias no representan un fenómeno significativo en Argentina. En cambio, sí lo es la subdenuncia en casos de violencia y abuso.

Para Díaz, la iniciativa se inscribe en una narrativa política más amplia que cuestiona la existencia misma de la violencia de género. En ese marco, el proyecto no busca mejorar el sistema penal, sino desplazar el foco: de la protección de las víctimas a la sospecha sobre su palabra.

El miedo como política pública

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi aportó datos que desarman el argumento central del proyecto:

  • Solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia busca ayuda.
  • En abuso sexual infantil, más del 88% de los casos no llega a la Justicia.

En ese contexto, endurecer penas por denuncias “falsas” no resuelve un problema: crea otro. Introduce una amenaza concreta para quienes están obligados a denunciar, como establece la Ley Lucio.

La contradicción es evidente: el Estado exige denunciar ante la sospecha de abuso, pero al mismo tiempo instala el riesgo de persecución penal si la causa no prospera. El mensaje implícito, señalaron, es el silencio.

Convenciones internacionales vulneradas

La dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, cuestionó la compatibilidad del proyecto con los estándares internacionales.

Mencionó dos marcos normativos clave:

  • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
  • Convención de Belém do Pará

Ambos obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y a no generar obstáculos para denunciar violencia de género. La iniciativa, en cambio, invierte esa lógica: convierte a la denunciante en potencial imputada.

Naddeo también desarmó una de las falacias centrales: equiparar falta de prueba con falsedad. En delitos que ocurren en la intimidad, esa equivalencia no solo es errónea, sino funcional a la impunidad.

Datos incómodos para el oficialismo

A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos. Se trata de una cifra marginal, que en general no está vinculada a violencia de género sino a otros delitos.

Sin evidencia empírica que justifique el endurecimiento penal, el proyecto queda expuesto como una definición ideológica: desplazar la centralidad de la víctima y reinstalar la sospecha sobre su palabra.

Efectos concretos: censura, desprotección e impunidad

El rechazo no se agota en el plano simbólico. Las organizaciones advirtieron consecuencias concretas:

  • Bozal mediático: limitaciones a la difusión de casos que han sido clave para visibilizar violencias.
  • Persecución profesional: equipos técnicos y redes de acompañamiento bajo amenaza penal.
  • Inseguridad jurídica: profesionales de salud y educación atrapados entre denunciar o protegerse.
  • Desaliento de denuncias: una profundización en la caída previsible en el acceso a la justicia.

En ese marco, el proyecto aparece como una herramienta de disciplinamiento que redefine el sistema: ya no se investiga al agresor, se sospecha de quien denuncia.

Una disputa de fondo: voz o silencio

Lo que se debatió en el Senado excede una reforma penal. Se trata de una disputa política y cultural: quién tiene derecho a hablar y bajo qué condiciones.

Frente a un escenario que intenta reinstalar el miedo como frontera, el feminismo articuló una respuesta clara. El derecho a la voz no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano básico.

Y su restricción, no fortalece la justicia. La debilita.

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