Movimientos Sociales
Cuándo inicia y cómo será el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo
La Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional harán auditorías sobre la aplicación del programa y analizarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios.
El reordenamiento de los planes sociales dará la semana próxima un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.
Las casas de altos estudios relevarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido ayer en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral.
«La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos», afirmó hoy el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera.
«Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar», puntualizó e insistió en que si el beneficiario «no hace ninguna de estas cosas, no va a recibir más el Potenciar Trabajo».
Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.
Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros. Además se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.
Estos procedimientos fueron detallados en el encuentro de ayer -que se realizó en la sede del ministerio- donde se insistió en que las autoridades buscan «relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación socio laboral y productiva y certificar la realización de actividades bajo el programa, en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales».
Ayer el ministro Juan Zabaleta precisó que «este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública».
El relevamiento, además, permitirá diseñar estrategias para «fortalecer» las iniciativas del Potenciar Trabajo, apoyadas en cinco ejes: socio productivas, comunitarias, laborales, de terminalidad educativa y de formación laboral.
De la reunión participaron también el viceministro Aguilera, y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo Pais; la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; y el subsecretario de Política de Integración y Formación, Daniel Menéndez.
Estuvieron además las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).
Otros de los participantes fueron Mariana Balbi, secretaria de Desarrollo Social Comunitaria de General Rodríguez; Carlos Cittadini, secretario de Economía Social y Popular de Merlo; Daniel Matos, director de Entidades Intermedias de San Isidro; Diego Kravetz, Jefe de Gabinete de Lanús; Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social de La Matanza; Domingo Antonio Córdoba, secretario de Economía de Presidente Perón; y Emiliano Valentino, secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría.
Días atrás, al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría.
Desde los movimientos sociales, el secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, apoyó esta semana el comienzo de la auditoría, pero advirtió: «No vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario».
«Estamos de acuerdo con el proceso de auditorías que comenzará, los movimientos populares vamos a colaborar con que Potenciar Trabajo tenga la mayor transparencia posible. Para eso es necesario que las auditorias se realicen al conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa», afirmó el dirigente en un comunicado.
Sobre la metodología a implementar, agregó que «para que las auditorías sean lo más reales posibles, es fundamental que se realicen en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor», y expresó que «es fundamental aplicar políticas de transparencia».
Movimientos Sociales
Olla popular frente a la casa de Adorni: una protesta contra la corrupción y el ajuste a los pobres
La organización social montará un comedor comunitario este jueves en la calle Miró al 500, en Caballito, la misma propiedad investigada judicialmente. La protesta denuncia el cierre del programa Volver al Trabajo, que deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular.
Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Adorni
★ La organización social Barrios de Pie eligió un escenario de alto impacto simbólico para su próxima acción de protesta: el jueves montará una olla popular frente al domicilio particular del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, la misma propiedad que hoy es objeto de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La actividad arrancará a las 11 de la mañana y apunta a visibilizar el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la política social que el Ministerio de Capital Humano decidió discontinuar y que hasta ahora sostenía el ingreso de 951.871 trabajadores de la economía popular con un salario social complementario de $78.000 mensuales, monto que, según datos de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió el 74% de su poder adquisitivo desde que fue congelado en diciembre de 2023.
La contradicción que eligió el escenario
La decisión de instalar la olla popular frente al domicilio de Adorni no es casual. La organización trazó una línea directa entre los escándalos patrimoniales del funcionario y el destino de los sectores más vulnerables del país. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, fue contundente: «Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.»
En el mismo comunicado, la organización apuntó: «Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores.»
La elección del domicilio de Adorni como epicentro de la protesta se produce en la misma jornada en que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia en los asientos más costosos de la aerolínea Latam disponibles para ese destino, y en que dos jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de esa misma propiedad de Caballito declararon ante la Justicia en los tribunales de Comodoro Py.
Qué implica el cierre del programa
El programa Volver al Trabajo es uno de los dos esquemas en que derivó el histórico Potenciar Trabajo a partir del Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Ese decreto fijó también la fecha de caducidad del programa: mayo de 2026. El Gobierno no anunció una prórroga y Pettovello anticipó que el esquema será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, una propuesta que las organizaciones rechazan de plano.
«El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario. Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas», señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
El impacto del cierre no se limita a los ingresos directos. Según datos del Partido Obrero, el programa representaba un costo fiscal equivalente al 0,1% del PBI, pero con un efecto multiplicador en las economías barriales: cada peso se volcaba al consumo inmediato en comercios de proximidad.
La UTEP estimó que en la provincia de Buenos Aires hay unos 500.000 beneficiarios, lo que equivale a una inyección mensual de $39.000 millones en circuitos económicos locales. A nivel nacional, el impacto anual del cierre se estima en 600 millones de dólares, con el Noroeste como la región más golpeada, según datos del Partido Obrero.
Las cocineras, en el centro del conflicto
Barrios de Pie subrayó que «las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban». La organización advirtió que el cierre «pone en peligro la apertura de los comedores», lo que implica que miles de niños y jubilados podrían quedarse sin ese servicio esencial.
Morales fue más lejos en su caracterización: «Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores; decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados.»
Un plan de lucha que ya suma organizaciones
La olla popular frente a la casa de Adorni se inscribe en un esquema más amplio de movilización. Según informó Infobae, la UTEP y los movimientos que la integran, entre ellos el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, definieron el 13 de abril un plan de acción que incluye una audiencia pública con diputados nacionales el viernes 17 de abril, un congreso en la sede de la UTEP el martes 21 y jornadas de protesta callejera con piquetes los días 5 y 7 de mayo. En paralelo, los dirigentes iniciaron contactos con el gobernador Axel Kicillof y con bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto territorial de la medida.
La protesta del jueves en Caballito concentrará, así, dos de los ejes más sensibles del momento político: el escándalo patrimonial de un funcionario de máximo rango y el ajuste sobre los sectores que menos tienen. Dos realidades que, según las organizaciones, no son ajenas entre sí.
Puntos clave:
- Barrios de Pie montará una olla popular este jueves a las 11 frente a la casa de Adorni en la calle Miró al 500, Caballito, la misma propiedad investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
- La protesta reclama la reversión del cierre del programa Volver al Trabajo, que afecta a 951.871 trabajadores de la economía popular con un ingreso de $78.000 mensuales congelado desde diciembre de 2023.
- La organización advierte que el cierre pone en riesgo el funcionamiento de comedores comunitarios y el acceso a alimentos de miles de niños y jubilados.
- La UTEP estima que el programa representaba una inyección mensual de $39.000 millones en economías barriales solo en la provincia de Buenos Aires; el impacto anual del cierre a nivel nacional alcanza los 600 millones de dólares.
- El plan de lucha de los movimientos sociales incluye una audiencia con diputados el 17 de abril, un congreso de la UTEP el 21 y jornadas de protesta con piquetes el 5 y 7 de mayo.
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