Trabajo
Moody’s frena el “entusiasmo” libertario: la reforma laboral de Milei tendrá beneficios “limitados”
La calificadora de riesgo advirtió que el impacto de la ley impulsada por Milei será gradual, desigual y condicionado por la resistencia sindical, los riesgos judiciales y la macroeconomía. Un balde de agua fría sobre el triunfalismo oficialista.
★ El Gobierno de Javier Milei festejó con euforia la aprobación de su reforma laboral. «Histórico. Tenemos modernización laboral», publicó el Presidente en la red X tras la sanción de la ley. Sin embargo, uno de los principales árbitros del mercado financiero global, la calificadora Moody’s, puso paños fríos sobre ese entusiasmo: los beneficios económicos y crediticios de la nueva legislación serán, en el mejor de los casos, limitados, graduales y desiguales.
La advertencia que nadie en el Gobierno quiso escuchar
En un comunicado difundido esta semana, Moody’s señaló que «es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores». La firma identificó tres obstáculos centrales: resistencia sindical, riesgos de litigios y dificultades de implementación.
La advertencia judicial es especialmente relevante. La calificadora advirtió que los beneficios «duraderos» de la reforma dependerán, entre otros factores, de «la interpretación judicial»; una variable que el Ejecutivo no controla y que ya genera preocupación entre los juristas.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, advirtió que se trata de una reforma que reduce la protección legal de los trabajadores, que no pueden quedar sometidos a una aplicación retroactiva de una ley regresiva, en base al principio constitucional de progresividad y no regresividad.
Un mercado laboral estructuralmente enfermo
Moody’s también subrayó que «el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data» y que la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales, particularmente entre pequeñas y medianas empresas. Esa realidad limita, según la firma, las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social.
El dato de informalidad no es menor: Argentina tiene un 43,3% de su fuerza laboral en situación informal. La ley apunta a reducir ese número, pero sus críticos desconfían de que la flexibilización sea el camino. El abogado laboralista Jorge Fontán fue contundente: «La premisa de que flexibilizar genera empleo es una falacia.
La historia reciente demuestra lo contrario: el único período de crecimiento sostenido del empleo en Argentina fue entre 2003 y 2008, una etapa donde las leyes laborales se enfocaron en reconstruir las protecciones perdidas en los años 90. Ninguna empresa contrataría personal si no tiene qué producir o a quién venderle».
El costo para la seguridad social
Entre los efectos concretos que Moody’s calculó, figura una caída de las contribuciones a la seguridad social de entre el 0,3% y el 0,4% del PBI, como resultado de la creación del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que absorberá una porción de los aportes patronales que antes iban a la ANSES. Se trata de un impacto previsional que los críticos ya señalaban antes de la aprobación.
La única nota positiva en el análisis de Moody’s es que una mayor formalización laboral podría ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación compartida entre nación y provincias, con beneficios mayores en las jurisdicciones con más informalidad. Pero la propia calificadora advierte que ese escenario es condicional y depende de variables fuera del control inmediato del Gobierno.
Una ley aprobada a los golpes
La nueva ley llegó al Boletín Oficial tras un proceso legislativo marcado por conflicto social y represión. La CGT realizó una huelga general de 24 horas mientras manifestantes de grupos sindicales y sociales se concentraron frente al Congreso; la sanción se produjo en medio de protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El senador peronista José Mayans criticó la «vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando prácticamente todos los trabajos imprescindibles». Por su parte, el diputado Sergio Palazzo, del bloque Unión por la Patria, fue más duro: calificó la norma como «la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores».
La sanción se produjo en el contexto de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.
Los tiempos de la Justicia
La advertencia de Moody’s sobre la «interpretación judicial» abre un frente que el Gobierno preferiría mantener cerrado. Uno de los aspectos que mayor debate genera es la aplicación retroactiva de la normativa, que será definida por la Justicia. El traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita judicial porteña o federal, incluido en la propia ley, agrega una capa adicional de incertidumbre sobre cómo se resolverán los litigios en curso.
En definitiva, Moody’s confirmó lo que la oposición y los sindicatos venían advirtiendo: entre el «histórico» de Milei y los resultados concretos para los trabajadores y la economía, hay un largo trecho que dependerá de la Justicia, la macroeconomía y una resistencia social que no da señales de retroceder.
Puntos clave:
- Moody’s advirtió que los beneficios de la reforma laboral serán «limitados, graduales y desiguales» en el corto plazo.
- La calificadora identificó como obstáculos centrales la resistencia sindical, los riesgos judiciales y las dificultades de implementación.
- La reforma implicará una caída de entre 0,3% y 0,4% del PBI en contribuciones a la ANSES, según el propio análisis de Moody’s.
- La ley fue aprobada en medio de una huelga general, protestas y enfrentamientos frente al Congreso.
- Juristas advierten sobre la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva a contratos laborales vigentes. ★
Trabajo
Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva
**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**
150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial
La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.
La noticia que nadie esperaba
La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»
El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.
Una lucha con décadas de historia en juego
Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.
Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»
El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»
Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace
Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»
En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.
El costo humano del modelo
El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»
El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.
En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.
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