★ El Gobierno de Javier Milei festejó con euforia la aprobación de su reforma laboral. «Histórico. Tenemos modernización laboral», publicó el Presidente en la red X tras la sanción de la ley. Sin embargo, uno de los principales árbitros del mercado financiero global, la calificadora Moody’s, puso paños fríos sobre ese entusiasmo: los beneficios económicos y crediticios de la nueva legislación serán, en el mejor de los casos, limitados, graduales y desiguales.

La advertencia que nadie en el Gobierno quiso escuchar

En un comunicado difundido esta semana, Moody’s señaló que «es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores». La firma identificó tres obstáculos centrales: resistencia sindical, riesgos de litigios y dificultades de implementación.

La advertencia judicial es especialmente relevante. La calificadora advirtió que los beneficios «duraderos» de la reforma dependerán, entre otros factores, de «la interpretación judicial»; una variable que el Ejecutivo no controla y que ya genera preocupación entre los juristas.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, advirtió que se trata de una reforma que reduce la protección legal de los trabajadores, que no pueden quedar sometidos a una aplicación retroactiva de una ley regresiva, en base al principio constitucional de progresividad y no regresividad.

Un mercado laboral estructuralmente enfermo

Moody’s también subrayó que «el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data» y que la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales, particularmente entre pequeñas y medianas empresas. Esa realidad limita, según la firma, las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social.

El dato de informalidad no es menor: Argentina tiene un 43,3% de su fuerza laboral en situación informal. La ley apunta a reducir ese número, pero sus críticos desconfían de que la flexibilización sea el camino. El abogado laboralista Jorge Fontán fue contundente: «La premisa de que flexibilizar genera empleo es una falacia.

La historia reciente demuestra lo contrario: el único período de crecimiento sostenido del empleo en Argentina fue entre 2003 y 2008, una etapa donde las leyes laborales se enfocaron en reconstruir las protecciones perdidas en los años 90. Ninguna empresa contrataría personal si no tiene qué producir o a quién venderle».

El costo para la seguridad social

Entre los efectos concretos que Moody’s calculó, figura una caída de las contribuciones a la seguridad social de entre el 0,3% y el 0,4% del PBI, como resultado de la creación del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que absorberá una porción de los aportes patronales que antes iban a la ANSES. Se trata de un impacto previsional que los críticos ya señalaban antes de la aprobación.

La única nota positiva en el análisis de Moody’s es que una mayor formalización laboral podría ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación compartida entre nación y provincias, con beneficios mayores en las jurisdicciones con más informalidad. Pero la propia calificadora advierte que ese escenario es condicional y depende de variables fuera del control inmediato del Gobierno.

Una ley aprobada a los golpes

La nueva ley llegó al Boletín Oficial tras un proceso legislativo marcado por conflicto social y represión. La CGT realizó una huelga general de 24 horas mientras manifestantes de grupos sindicales y sociales se concentraron frente al Congreso; la sanción se produjo en medio de protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El senador peronista José Mayans criticó la «vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando prácticamente todos los trabajos imprescindibles». Por su parte, el diputado Sergio Palazzo, del bloque Unión por la Patria, fue más duro: calificó la norma como «la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores».

La sanción se produjo en el contexto de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

Los tiempos de la Justicia

La advertencia de Moody’s sobre la «interpretación judicial» abre un frente que el Gobierno preferiría mantener cerrado. Uno de los aspectos que mayor debate genera es la aplicación retroactiva de la normativa, que será definida por la Justicia. El traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita judicial porteña o federal, incluido en la propia ley, agrega una capa adicional de incertidumbre sobre cómo se resolverán los litigios en curso.

En definitiva, Moody’s confirmó lo que la oposición y los sindicatos venían advirtiendo: entre el «histórico» de Milei y los resultados concretos para los trabajadores y la economía, hay un largo trecho que dependerá de la Justicia, la macroeconomía y una resistencia social que no da señales de retroceder.

Puntos clave:

• Moody’s advirtió que los beneficios de la reforma laboral serán «limitados, graduales y desiguales» en el corto plazo.
• La calificadora identificó como obstáculos centrales la resistencia sindical, los riesgos judiciales y las dificultades de implementación.
• La reforma implicará una caída de entre 0,3% y 0,4% del PBI en contribuciones a la ANSES, según el propio análisis de Moody’s.
• La ley fue aprobada en medio de una huelga general, protestas y enfrentamientos frente al Congreso.
• Juristas advierten sobre la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva a contratos laborales vigentes. ★