El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste en áreas críticas del Estado con el despido de más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Las cesantías, comunicadas mediante correos electrónicos enviados la noche del viernes previo al fin de semana largo de carnaval, afectaron principalmente al personal técnico especializado, poniendo en riesgo la continuidad de los programas de recuperación ambiental que venían mostrando avances significativos en los últimos años.

«Hay muchos compañeros despedidos que eran justamente la pata más técnica del organismo», denunció una trabajadora afectada por los recortes, quien además señaló que estos despidos parecen ser «adrede para poder recortar en estas partes del organismo».

Un organismo clave para 4,7 millones de personas

Acumar fue creada por la Ley 26.168 en 2006 luego de una histórica demanda presentada ante la Corte Suprema por el daño ambiental colectivo. El organismo interjurisdiccional, que involucra al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, alertó sobre las graves consecuencias de estos despidos: «En torno a la cuenca viven 4,7 millones de personas. Es una de las zonas más urbanizadas e industrializadas del país. Acumar se debe ocupar de fiscalizar esas industrias, sanear el río, mantener limpia la ribera y asistir a la comunidad».

Logros en riesgo y consecuencias del desmantelamiento

Entre los logros más destacados de Acumar se encuentra la recuperación de la navegabilidad del Riachuelo, un hito histórico que tomó años de trabajo sostenido y que superó ampliamente las promesas incumplidas por María Julia Alsogaray en 1993, cuando aseguró que sanearía el río en «mil días».

Las tareas diarias de limpieza, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos permitieron el regreso de flora y fauna que había desaparecido debido a décadas de contaminación industrial. Sin embargo, estos avances ambientales están ahora en jaque por los recortes presupuestarios y la reducción de personal.

«El impacto va a ser enorme porque al no estar los equipos técnicos, no se puede continuar con las tareas de recomposición, no se puede continuar con el acompañamiento de las personas que viven en la Cuenca Matanza-Riachuelo. No se puede inspeccionar las industrias que son las que generan efluentes y son muchísimas en la Cuenca», explicó una de las trabajadoras despedidas.

La política del ajuste y sus contradicciones

Este nuevo embate contra un organismo ambiental clave se produce en un contexto de presupuesto congelado desde 2023, lo que en términos reales implica una significativa reducción de recursos disponibles. Según denunció la ministra Vilar, desde que asumió Milei ya suman 400 los despidos en Acumar, dejando a «cientos de familias sin sustento».

La funcionaria también cuestionó la forma en que se ejecutaron los despidos: «Un párrafo aparte para lo mercenario de echar a la gente sin dar la cara, mandando mails un viernes a la medianoche antes del fin de semana de carnaval. Se les sale lo anti laburante por los poros».

El vaciamiento de Acumar podría traer graves consecuencias a largo plazo, ya que la reducción en la fiscalización de industrias contaminantes podría deshacer años de progreso en materia ambiental. «Menos fiscalización es más contaminación. Menos Estado, menos obras e inversión y dar vía libre para los negocios privados», advirtió Vilar.

Puntos clave para entender el impacto de los despidos en Acumar:

• La eliminación de personal técnico especializado compromete la capacidad de fiscalización de industrias contaminantes que vierten sus residuos en la cuenca.
• Los trabajos de mantenimiento diario para la limpieza y recuperación del Riachuelo quedan en situación crítica por falta de personal.
• Más de 4,7 millones de personas que habitan en la zona de la cuenca podrían verse afectadas por el retroceso en las políticas de saneamiento ambiental.
• El desmantelamiento de Acumar representa un potencial retroceso en materia de derechos ambientales colectivos, reconocidos por la Corte Suprema en 2006.
• Los despidos, que llegan a 400 desde el inicio de la gestión Milei, forman parte de una política sistemática de reducción estatal sin consideración de las consecuencias socioambientales.