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Gremiales

Milei golpea al saneamiento del Riachuelo: despidieron a 350 trabajadores de Acumar

En un nuevo capítulo del desmantelamiento estatal, el organismo encargado de recuperar el río más contaminado de Argentina quedó al borde del colapso operativo tras los despidos masivos ocurridos en medio de la tormenta, durante el fin de semana largo de carnaval.

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El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste en áreas críticas del Estado con el despido de más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Las cesantías, comunicadas mediante correos electrónicos enviados la noche del viernes previo al fin de semana largo de carnaval, afectaron principalmente al personal técnico especializado, poniendo en riesgo la continuidad de los programas de recuperación ambiental que venían mostrando avances significativos en los últimos años.

«Hay muchos compañeros despedidos que eran justamente la pata más técnica del organismo», denunció una trabajadora afectada por los recortes, quien además señaló que estos despidos parecen ser «adrede para poder recortar en estas partes del organismo».

Un organismo clave para 4,7 millones de personas

Acumar fue creada por la Ley 26.168 en 2006 luego de una histórica demanda presentada ante la Corte Suprema por el daño ambiental colectivo. El organismo interjurisdiccional, que involucra al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, alertó sobre las graves consecuencias de estos despidos: «En torno a la cuenca viven 4,7 millones de personas. Es una de las zonas más urbanizadas e industrializadas del país. Acumar se debe ocupar de fiscalizar esas industrias, sanear el río, mantener limpia la ribera y asistir a la comunidad».

Logros en riesgo y consecuencias del desmantelamiento

Entre los logros más destacados de Acumar se encuentra la recuperación de la navegabilidad del Riachuelo, un hito histórico que tomó años de trabajo sostenido y que superó ampliamente las promesas incumplidas por María Julia Alsogaray en 1993, cuando aseguró que sanearía el río en «mil días».

Las tareas diarias de limpieza, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos permitieron el regreso de flora y fauna que había desaparecido debido a décadas de contaminación industrial. Sin embargo, estos avances ambientales están ahora en jaque por los recortes presupuestarios y la reducción de personal.

«El impacto va a ser enorme porque al no estar los equipos técnicos, no se puede continuar con las tareas de recomposición, no se puede continuar con el acompañamiento de las personas que viven en la Cuenca Matanza-Riachuelo. No se puede inspeccionar las industrias que son las que generan efluentes y son muchísimas en la Cuenca», explicó una de las trabajadoras despedidas.

La política del ajuste y sus contradicciones

Este nuevo embate contra un organismo ambiental clave se produce en un contexto de presupuesto congelado desde 2023, lo que en términos reales implica una significativa reducción de recursos disponibles. Según denunció la ministra Vilar, desde que asumió Milei ya suman 400 los despidos en Acumar, dejando a «cientos de familias sin sustento».

La funcionaria también cuestionó la forma en que se ejecutaron los despidos: «Un párrafo aparte para lo mercenario de echar a la gente sin dar la cara, mandando mails un viernes a la medianoche antes del fin de semana de carnaval. Se les sale lo anti laburante por los poros».

El vaciamiento de Acumar podría traer graves consecuencias a largo plazo, ya que la reducción en la fiscalización de industrias contaminantes podría deshacer años de progreso en materia ambiental. «Menos fiscalización es más contaminación. Menos Estado, menos obras e inversión y dar vía libre para los negocios privados», advirtió Vilar.

Puntos clave para entender el impacto de los despidos en Acumar:

  • La eliminación de personal técnico especializado compromete la capacidad de fiscalización de industrias contaminantes que vierten sus residuos en la cuenca.
  • Los trabajos de mantenimiento diario para la limpieza y recuperación del Riachuelo quedan en situación crítica por falta de personal.
  • Más de 4,7 millones de personas que habitan en la zona de la cuenca podrían verse afectadas por el retroceso en las políticas de saneamiento ambiental.
  • El desmantelamiento de Acumar representa un potencial retroceso en materia de derechos ambientales colectivos, reconocidos por la Corte Suprema en 2006.
  • Los despidos, que llegan a 400 desde el inicio de la gestión Milei, forman parte de una política sistemática de reducción estatal sin consideración de las consecuencias socioambientales.

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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