⬛ Los medios oficialistas celebraron esta semana que «el costo de los servicios públicos bajó 7,7% en septiembre». Pero esa información no solo es engañosa: es directamente falsa. Lo que bajó fue el consumo, no el costo de los servicios.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la baja (del consumo y no de las tarifas) se debe exclusivamente a que terminó el invierno y las familias gastan menos gas y electricidad. Es decir, no hay ninguna política que haya abaratado las tarifas: simplemente llegó el calor y la gente usa menos la calefacción.

El dato que ocultan: 526% de aumento tarifario

Mientras los titulares hablan de «bajas», el mismo informe revela el verdadero escándalo: desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, las tarifas se incrementaron 526% mientras el nivel general de precios aumentó 164%.

Esto significa que los servicios públicos subieron más del triple que la inflación general. Para una familia del AMBA sin subsidios, la factura promedio pasó de unos $30.000 mensuales a $173.625 en menos de dos años.

El fin de los subsidios: una transferencia de riqueza hacia las empresas

La eliminación masiva de subsidios no fue una «racionalización del gasto», como vende el gobierno de Milei, sino una transferencia directa de recursos desde las familias trabajadoras hacia las empresas de servicios públicos.

Los subsidios a las tarifas existían por una razón simple: garantizar el acceso universal a servicios básicos como la energía, el gas y el transporte. Sin ellos, millones de argentinos quedan excluidos de derechos fundamentales.

El propio informe admite que «en los hogares del AMBA se pagan tarifas que cubren el 50% de los costos», lo que significa que el Estado sigue subsidiando, pero ahora lo hace de manera regresiva: quien más tiene, más subsidio recibe.

El transporte, el golpe más duro

El sector más castigado fue el transporte público, con aumentos del 33% interanual, muy por encima del IPC. Para las familias trabajadoras del conurbano, que dependen del colectivo para trasladarse, esto representa un golpe directo al bolsillo y a la movilidad social.

El transporte representa el 43% del gasto en servicios públicos de una familia promedio, el doble que cualquier otro servicio. Su encarecimiento brutal no solo afecta la economía familiar: limita el derecho a la ciudad y al trabajo.

La trampa de los promedios salariales

El informe gubernamental sostiene que las tarifas representan «solo» el 11,1% del salario promedio registrado. Pero usar promedios es otra forma de ocultar la realidad: mientras un gerente puede destinar ese porcentaje sin problemas, para una familia con ingresos del salario mínimo, los servicios pueden representar el 25% o más de sus ingresos totales.

Además, ese «salario promedio» incluye los sueldos más altos, que distorsionan la estadística. La realidad es que millones de argentinos ganan mucho menos que ese promedio y para ellos las tarifas son simplemente impagables.

Ajuste por consumo forzado

Lo que el gobierno presenta como «eficiencia energética» es en realidad ajuste por consumo forzado. Las familias no están consumiendo menos porque sean más conscientes ecológicamente: están racionando energía porque no pueden pagar las facturas.

Esto genera un círculo vicioso: menos consumo significa menos recaudación para las empresas, que presionan por más aumentos tarifarios. Y así sucesivamente, hasta que los servicios públicos se conviertan en un lujo al alcance de pocos.

La soberanía energética en peligro

Detrás de la política tarifaria hay un modelo: la privatización de facto de los servicios básicos y la energía mediante el vaciamiento por precios. Al volver impagables las tarifas, se genera la «demanda social» de privatizaciones que «resuelvan» el problema y en la mira está el petróleo (YPF), la centrales y el agua argentina.

Es el mismo manual que aplicó el menemismo en los ’90: primero hacer ineficientes la empresas públicas y dejarlas al punto de la destrucción, para después privatizarlas por migajas y presentar el escenario como la «única solución posible».

La posta sin vueltas

Los números son claros: no hay «baja de costos» sino ajuste brutal sobre las familias trabajadoras. El gobierno libertario está desmantelando el acceso popular a servicios básicos para garantizar la rentabilidad empresaria.

Mientras los medios oficialistas festejan que baje el consumo, millones de argentinos se quedan sin calefacción, reducen el uso de electrodomésticos básicos y se endeudan para pagar facturas que antes eran accesibles.

Eso no es eficiencia: es exclusión social sistemática disfrazada de política económica.