El Gobierno enviará al Congreso un proyecto orientado a alentar las inversiones de las pequeñas y medianas empresas (pymes), buscando mitigar los impactos de la apertura importadora y brindar incentivos para dinamizar este sector clave. La propuesta surge tras intensos debates con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), así como aportes de empresarios del interior del país.

Ejes centrales del nuevo régimen

El régimen estará destinado a inversiones incrementales, es decir, aquellas que amplíen la capacidad productiva. Se aplicará a montos que oscilen entre 150 mil y 30 millones de dólares, según el tamaño de la empresa, e incluirá beneficios fiscales y laborales.

Entre las principales medidas se destacan:

Amortización acelerada: Se reducirán los plazos para amortizar bienes en el impuesto a las ganancias.

Devolución anticipada del IVA: Los tiempos se acortarán de seis a tres meses.

Desgravación de derechos de exportación: Exclusivamente para bienes industriales exportados de manera incremental.

Postergación de la valuación de hacienda: El impuesto se calculará sobre la venta efectiva, lo que aliviará la presión fiscal del sector agropecuario.

En cuanto a las inversiones agrícolas, se incorporarán beneficios específicos como la reducción del IVA en energía destinada a sistemas de riego y la amortización acelerada de infraestructura agrícola, como mallas anti-granizo.

Fomento al empleo formal

En el ámbito laboral, el proyecto contempla reducciones en las cargas patronales para empleos incrementales. Las empresas recibirán un bono de crédito fiscal por las contribuciones patronales al SIPA, con descuentos que llegarán al 60% en el primer año y al 50% en el segundo para nuevos trabajadores. También se ofrecerán créditos fiscales adicionales para las empresas que contraten empleados provenientes del sector público nacional, provincial o municipal, aunque con exclusiones claras para funcionarios de alto rango.

Beneficios específicos para pymes

El proyecto incluye estímulos tributarios como la reducción del impuesto a las ganancias y la posibilidad de transferir quebrantos impositivos no absorbidos en un plazo de cinco años. Las empresas tendrán acceso a la exención de derechos de importación para bienes de capital y repuestos, así como la libre disponibilidad de divisas para exportaciones, de manera gradual.

El rol del sector siderúrgico y las tensiones comerciales

Uno de los sectores que podría beneficiarse es el de la maquinaria agrícola. Sin embargo, desde la Cámara Argentina del Acero, Martín Berardi expresó reservas. Señaló que la industria siderúrgica enfrenta competencia desleal por importaciones y exportaciones de chatarra. “La chatarra es fundamental para la industria siderúrgica. Permite reducir emisiones y mantener la sostenibilidad del sector”, sostuvo Berardi. Reclamó, además, medidas de protección como cupos y aranceles para evitar el impacto de las importaciones desreguladas.

Estabilidad a largo plazo

El espíritu del proyecto busca ofrecer estabilidad normativa durante 30 años. Esta previsibilidad es clave para atraer inversiones en un contexto de fluctuaciones económicas.

Claves del proyecto en cifras

Inversiones mínimas: USD 150.000 (microempresas) a USD 30 millones (grandes pymes).

Devolución del IVA: Reducción de plazos de 6 a 3 meses.

Rebaja de cargas patronales: 60% el primer año, 50% el segundo año.

Beneficios cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para exportaciones.

Medidas sectoriales: Reducción del IVA para riego agrícola al 10,5%.

En definitiva, el proyecto para un mini RIGI busca reactivar a las pymes mediante beneficios fiscales, laborales y cambiarios, con especial atención al impacto de las inversiones incrementales en sectores estratégicos como el agrícola y el industrial. Sin embargo, enfrenta escollos relacionados con el comercio internacional y la falta de protección de la industria local.

Puntos clave del proyecto mini RIGI para pymes:

• Beneficios fiscales para inversiones de hasta USD 30 millones.

• Rebaja de cargas patronales y estímulos al empleo formal.

• Incentivos a la exportación y mejora en la competitividad de sectores estratégicos.

• Postergación de impuestos clave para el agro y la industria.

• Propuesta con estabilidad normativa de hasta 30 años.