Los principales mayoristas del país, agrupados en la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), emitieron un comunicado en el que advirtieron que no convalidarán listas con subas que consideren arbitrarias. La medida se da en medio de presiones inflacionarias, tensiones con fabricantes y la intervención directa del Gobierno nacional.

Un frente común ante la escalada de precios

Las empresas Diarco, Makro, Maxiconsumo, Nini, Vital y Yaguar, referentes del sector mayorista en Argentina, anunciaron que rechazarán cualquier intento de aplicar aumentos de precios “injustificados” en los productos que comercializan. La decisión, formalizada a través de un comunicado de la CASMA, surgió luego de que algunos fabricantes intentaron imponer subas de hasta el 12% en sus listas, aunque finalmente retrocedieron tras la presión sectorial y oficial.

El presidente de la entidad, Jean Poccard, afirmó: “Estamos convencidos que es posible alcanzar un equilibrio que permita el desarrollo del consumo masivo y proteger a su vez el bolsillo de todos los ciudadanos”. El mensaje buscó llevar tranquilidad a los comerciantes minoristas y consumidores, en un contexto de marcada incertidumbre económica.

El trasfondo: inflación, dólar y pulseada con la industria

La disputa por los precios se intensificó tras la salida del cepo cambiario, que generó movimientos en el tipo de cambio y expectativas de remarcaciones. Empresas como Unilever, Molinos y SC Johnson presentaron listas con aumentos, lo que encendió las alarmas entre supermercadistas y mayoristas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino directamente en la discusión y cuestionó públicamente a las empresas que impulsaron subas, en línea con la estrategia oficial de contener la inflación y evitar una nueva espiralización de precios. Finalmente, compañías como Molinos dieron marcha atrás, aunque la tensión persiste y se espera que la pulseada continúe en las próximas semanas.

Mayoristas y minoristas: entre la defensa del consumo y la presión de costos

Desde la CASMA remarcaron que la medida busca “defender los intereses de los comerciantes minoristas y la capacidad de compra de los consumidores”, en un escenario donde la caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo se volvieron moneda corriente. Según la consultora Scentia, las ventas en supermercados y mayoristas cayeron un 7,3% interanual en febrero, reflejando el impacto de la crisis en el consumo masivo (Scentia, 2024).

El sector mayorista, que abastece tanto a comercios como a consumidores finales, juega un rol clave en la formación de precios y en la competencia con las grandes cadenas. La decisión de no convalidar aumentos “injustificados” apunta a evitar una nueva ola de remarcaciones que profundice la recesión y el malestar social.

El rol del Estado y las expectativas a futuro

El Gobierno nacional, atento a la evolución de los precios y la estabilidad del dólar, apuesta a que la desaceleración inflacionaria permita recomponer el poder de compra y reactivar el consumo. Sin embargo, la falta de acuerdos de precios formales y la volatilidad macroeconómica mantienen la incertidumbre en el sector.

Organizaciones de defensa del consumidor, como la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), advirtieron que “la transparencia en la formación de precios y el control estatal son fundamentales para evitar abusos y proteger a los sectores más vulnerables”.

Mientras tanto, la pulseada entre mayoristas, proveedores y el Estado promete nuevos capítulos, en un escenario donde la puja distributiva y la inflación siguen marcando el pulso de la economía argentina.

Puntos clave:

• Los principales mayoristas del país rechazaron aumentos de precios “injustificados” y presionaron a los proveedores para retrotraer listas.
• La medida busca proteger a minoristas y consumidores en un contexto de alta inflación y caída del consumo.
• El Gobierno intervino en la discusión y logró que algunas empresas retrocedieran con las subas, aunque la tensión persiste.
• La inflación acumulada y la volatilidad del dólar condicionan la formación de precios y las expectativas del sector.
• Organizaciones de consumidores reclamaron mayor transparencia y control estatal para evitar abusos.