★ La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un comunicado oficial en respuesta a la citación a indagatoria de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la institución. La causa, que tramita ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, investiga una presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por un monto de 19.353 millones de pesos, correspondiente al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Junto con la citación, el magistrado dispuso que ninguno de los imputados pueda salir del país.

La defensa de la AFA: pagos anticipados y trato desigual

En su comunicado, la AFA sostuvo que no mantiene deuda exigible alguna y afirmó que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento. Según la entidad, ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y la cuestión se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

La institución cuestionó además el accionar de ARCA (el organismo recaudador nacional, antes AFIP), al que acusó de pretender convertir en delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, ni siquiera estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente al momento de la denuncia.

El comunicado oficial de la entidad incluyó una afirmación de carácter político relevante: «La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.»

Y concluyó: «El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna.»

El contexto político que rodea la causa

La ofensiva judicial y regulatoria contra la AFA no ocurre en el vacío. Se inscribe en una disputa abierta entre el gobierno de Javier Milei y la dirigencia del fútbol argentino en torno a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el modelo de privatización de clubes que el oficialismo impulsa y que la AFA rechaza de manera frontal.

En simultáneo con la causa penal, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó esta semana el intento de la AFA de trasladar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, al considerar que la dirección declarada era falsa y no correspondía a ninguna instalación operativa de la entidad. El organismo aprovechó esa resolución para enumerar un conjunto de irregularidades administrativas y contables acumuladas desde 2017, entre ellas la falta de aprobación del estatuto reformado y la ausencia de balances presentados ante la autoridad nacional de contralor.

Vale señalar que la AFA cuenta con varios predios en territorio bonaerense, entre ellos el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, lo que le habría dado sustento fáctico al intento de cambio de domicilio, aunque la IGJ determinó que la dirección declarada específicamente no correspondía a ninguna sede operativa real.

Una acumulación de frentes abiertos

La coincidencia temporal entre la causa penal impulsada por ARCA, el rechazo de la IGJ al cambio de domicilio y el contexto de la disputa por las SAD configura un escenario de presión institucional múltiple sobre la conducción de la AFA. La entidad lo interpretó así en su comunicado, al señalar explícitamente que ninguna otra institución similar recibió el mismo trato por parte del organismo recaudador.

Ni el juez Amarante ni ARCA emitieron declaraciones públicas adicionales al cierre de esta nota. La causa continúa su curso con los imputados citados a indagatoria y con restricciones para abandonar el territorio nacional.

Puntos clave

• El juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA por presunta apropiación indebida de aportes por 19.353 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
• La AFA negó tener deuda exigible y afirmó que los montos cuestionados fueron abonados antes de su vencimiento; el planteo está pendiente en la Cámara de Apelaciones.
• La entidad denunció un trato discriminatorio de ARCA y sostuvo que ninguna otra entidad sin fines de lucro fue tratada de la misma manera.
• Los imputados tienen prohibición de salida del país.
• La causa se produce en medio del conflicto abierto entre el gobierno de Milei y la dirigencia futbolística por la implementación de las SAD. ★