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La pinza judicial sobre la AFA: causa penal, IGJ y SAD, la disputa con Milei en su punto más alto

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por presunta apropiación indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos. La entidad rechazó los cargos y denunció un trato discriminatorio por parte del organismo recaudador.

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★ La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un comunicado oficial en respuesta a la citación a indagatoria de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la institución. La causa, que tramita ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, investiga una presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por un monto de 19.353 millones de pesos, correspondiente al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Junto con la citación, el magistrado dispuso que ninguno de los imputados pueda salir del país.

La defensa de la AFA: pagos anticipados y trato desigual

En su comunicado, la AFA sostuvo que no mantiene deuda exigible alguna y afirmó que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento. Según la entidad, ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y la cuestión se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

La institución cuestionó además el accionar de ARCA (el organismo recaudador nacional, antes AFIP), al que acusó de pretender convertir en delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, ni siquiera estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente al momento de la denuncia.

El comunicado oficial de la entidad incluyó una afirmación de carácter político relevante: «La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.»

Y concluyó: «El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna.»

El contexto político que rodea la causa

La ofensiva judicial y regulatoria contra la AFA no ocurre en el vacío. Se inscribe en una disputa abierta entre el gobierno de Javier Milei y la dirigencia del fútbol argentino en torno a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el modelo de privatización de clubes que el oficialismo impulsa y que la AFA rechaza de manera frontal.

En simultáneo con la causa penal, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó esta semana el intento de la AFA de trasladar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, al considerar que la dirección declarada era falsa y no correspondía a ninguna instalación operativa de la entidad. El organismo aprovechó esa resolución para enumerar un conjunto de irregularidades administrativas y contables acumuladas desde 2017, entre ellas la falta de aprobación del estatuto reformado y la ausencia de balances presentados ante la autoridad nacional de contralor.

Vale señalar que la AFA cuenta con varios predios en territorio bonaerense, entre ellos el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, lo que le habría dado sustento fáctico al intento de cambio de domicilio, aunque la IGJ determinó que la dirección declarada específicamente no correspondía a ninguna sede operativa real.

Una acumulación de frentes abiertos

La coincidencia temporal entre la causa penal impulsada por ARCA, el rechazo de la IGJ al cambio de domicilio y el contexto de la disputa por las SAD configura un escenario de presión institucional múltiple sobre la conducción de la AFA. La entidad lo interpretó así en su comunicado, al señalar explícitamente que ninguna otra institución similar recibió el mismo trato por parte del organismo recaudador.

Ni el juez Amarante ni ARCA emitieron declaraciones públicas adicionales al cierre de esta nota. La causa continúa su curso con los imputados citados a indagatoria y con restricciones para abandonar el territorio nacional.

Puntos clave

  • El juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA por presunta apropiación indebida de aportes por 19.353 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
  • La AFA negó tener deuda exigible y afirmó que los montos cuestionados fueron abonados antes de su vencimiento; el planteo está pendiente en la Cámara de Apelaciones.
  • La entidad denunció un trato discriminatorio de ARCA y sostuvo que ninguna otra entidad sin fines de lucro fue tratada de la misma manera.
  • Los imputados tienen prohibición de salida del país.
  • La causa se produce en medio del conflicto abierto entre el gobierno de Milei y la dirigencia futbolística por la implementación de las SAD. ★

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El Argentino
1 Comentario

1 Comentario

  1. ARMANDO

    23.02.2026 at 19:45

    SOY MONOTRIBUTISTA E HICE LA RECATEGORIZACION EN TIEMPO Y FORMA PERO ARCA ME SIGUE PONIENDO CATEGORIA MUCHO MAS ALTA.. PORQUE NO HACEN BIEN SU TRABAJO??. ADEMAS DE TODAS LAS EMPRESAS CON EJECION FISCAL Y CONDENA FIRME EN LA JUSTICIA SIN CONTROLES Y EL DESVIO DE LAS OBRAS SOC…..QUE TODOS SABEMOS Y NO CONTROLAN.. ???

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Cómo funcionaba el contrato entre la AFA y Faroni por el 30% de los ingresos del fútbol argentino en el exterior

El «Acuerdo de Agente Comercial Internacional» firmado en diciembre de 2021 entre la AFA y la empresa del productor teatral Javier Faroni le cedió la representación exclusiva en el mundo, más el 10% adicional por logística. La vigencia original del contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y hoy está en el centro de la investigación judicial.

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El Argentino Diario-Caso Faroni-AFA.
Un tercio del fútbol argentino en manos de Faroni: el contrato que la Justicia convirtió en prueba.

El nueve de diciembre de 2021, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó un acuerdo que durante años pasó inadvertido para la mayoría de los clubes afiliados: el llamado «Acuerdo de Agente Comercial Internacional» con TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Florida que controlan el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. El documento, que hoy es pieza central de la investigación judicial que avanza contra la cúpula del fútbol argentino, estableció un esquema de comisiones y atribuciones que convirtió a una firma offshore en administradora de facto de los ingresos internacionales de la AFA, sin control ni transparencia institucional.

La fecha de la firma no fue casual. El contrato se rubricó al día siguiente de que la propia Gillette presentara formalmente la oferta de servicios de TourProdEnter. La vigencia pactada originalmente se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque, según documentación judicial conocida por este medio, el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el secretario general, Cristian Malaspina, firmaron en octubre de 2025 una prórroga que extendió ese vínculo hasta 2030, sin informarlo al Comité Ejecutivo ni a la asamblea de la entidad.

El esquema de comisiones: el 30% y el 10% adicional

El núcleo económico del acuerdo fijó que TourProdEnter LLC percibía el 30% de la totalidad de los ingresos comerciales generados fuera del país como resultado directo o indirecto de su gestión. A ese porcentaje se sumaba un 10% adicional por las distribuciones vinculadas a las tareas de logística en las contrataciones en que la empresa participó.

En términos concretos, la firma de Faroni y Gillette se quedaba con prácticamente un tercio de todo lo que la AFA facturara en el exterior: acuerdos con sponsors internacionales, derechos de imagen, contratos de patrocinio y cualquier otro ingreso derivado de la actividad comercial internacional de la institución y de las selecciones nacionales. La AFA, en tanto, nunca informó públicamente el monto acumulado de esas comisiones durante los más de cuatro años de vigencia del contrato.

La representación exclusiva: qué podía y qué no podía hacer TourProdEnter

El contrato le asignó a TourProdEnter la representación exclusiva de la AFA en todo el mundo, con una única excepción: el territorio argentino. Dentro de ese perímetro, la firma tenía a su cargo la promoción y comercialización de marcas, emblemas e imágenes institucionales, así como los derechos comerciales de la entidad y de las selecciones. También gestionaba la organización de eventos deportivos y las actividades comerciales vinculadas tanto a la AFA como al equipo nacional.

Una de las cláusulas más relevantes desde el punto de vista jurídico es la que facultó a TourProdEnter para actuar como agente de cobro: podía recaudar directamente los pagos provenientes de convenios de sponsors y contratos de patrocinio firmados por la AFA, y en determinadas condiciones también podía cobrar contratos que la propia institución había suscripto con terceros. Es decir, una empresa privada offshore tenía poder de cobro sobre dinero que pertenece a la institución y, en última instancia, a los clubes afiliados.

Logística, proveedores y cuentas bancarias en el exterior

El acuerdo también delegó en TourProdEnter las tareas de logística relacionadas con la actividad internacional de la AFA. Eso incluía el pago de proveedores, los costos de traslados y alojamiento, y otros gastos operativos que se abonaban desde cuentas de distintos bancos en el exterior. La estructura permitía que flujos de dinero significativos circularan fuera del sistema de control contable habitual de la entidad, sin que los clubes afiliados tuvieran acceso a información detallada sobre esas operaciones.

Este es precisamente uno de los ejes que analiza la investigación judicial: el fiscal Emilio Guerberoff sostuvo que el esquema habilitaba movimientos bancarios en el exterior difíciles de trazar y que la estructura de la empresa, cuya sede en Miami funcionaba en realidad como un local gastronómico, no respondía a una organización comercial genuina sino a una ingeniería diseñada para operar fuera del radar institucional.

La AFA negó la citación a Tapia por parte de la Justicia de Estados Unidos

En paralelo al avance de la causa local, trascendió que la Justicia federal de Estados Unidos también mantiene una investigación sobre los movimientos bancarios vinculados a Faroni y Gillette. La AFA desmintió categóricamente que existiera una citación de la justicia norteamericana a Tapia o que le hubieran secuestrado su teléfono celular, calificando esa versión como falsa. Sin embargo, el avance de las pesquisas en ambas jurisdicciones mantiene bajo presión a la conducción de la entidad en un momento especialmente sensible del calendario futbolístico argentino e internacional.

La investigación local se enmarca en un contexto judicial más amplio que incluye causas por retención indebida de aportes jubilatorios y una denuncia por el uso de facturas apócrifas que superarían los 916 millones de pesos, todas vinculadas a la gestión de Tapia al frente de la institución desde 2017.

Puntos clave

  • TourProdEnter LLC firmó el contrato con la AFA el 9 de diciembre de 2021, al día siguiente de que Erica Gillette presentara la oferta de servicios.
  • La empresa percibía el 30% de todos los ingresos comerciales internacionales de la AFA, más un 10% adicional por logística.
  • TourProdEnter tenía representación exclusiva mundial de la AFA y podía actuar como agente de cobro de contratos de sponsors y patrocinadores.
  • Los gastos de logística se abonaban desde cuentas bancarias en el exterior, sin control público por parte de los clubes afiliados.
  • La vigencia original del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026; en octubre de 2025 se prorrogó hasta 2030 sin informarlo a los órganos colegiados de la AFA.
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