La Secretaría de Derechos Humanos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordaron trabajar en conjunto para revisar las historias de criminalización de mujeres por eventos obstétricos y aborto, situación en la que estarían, al menos, 1.532 personas.

El domingo últimos entró en vigencia la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y ahora «la deuda la tiene el Poder Judicial con quienes fueron criminalizadas injustamente», sostuvo Laura Salomé, comunicadora integrante de la Campaña.

Salomé, junto a Mónica Menini y Roxana Fanjul de la Campaña, participaron ayer de una reunión con Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la abogada Flavia Fernández Grossi, de la Secretaria de Derechos Humanos, y la subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Victoria Tesoriero.

«Mi rol fue vincular a la Campaña con la Secretaría ante la magnitud de situaciones criminalizadas que detectó el informe», explicó Tesoriero.

Se refirió a la publicación «La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina», elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña, el Centro Universitario San Martín (Cusam) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos.

Ese estudio que abarcó los años 2012 al 2020, identificó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto, 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.

«Estamos pensando en que el Estado se involucre en esta realidad en la línea de trabajo de la violencia institucional, Hay que identificar cada situación y lograr una estrategia de visibilización», señaló la funcionaria.

«Esto es nuevo, no se sabía de la magnitud de esta situación. Ha sido una estrategia del Poder Judicial el caratular engañosamente como homicidio situaciones de aborto. También la idea es ayudar con el monitoreo que hacen las organizaciones e involucrarse en las causas, desde la Secretaria de Derechos Humanos», agregó.

También el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad mantuvo reuniones con algunas de las organizaciones que hicieron el informe para comenzar a diseñar una tarea conjunta.

La idea «es trabajar de forma federal, articulando la potencialidad territorial de la Campaña, desde una perspectiva integral de derechos humanos», destacó Salomé. En ese contexto, durante el encuentro se acordó que comenzarán a identificar cada situación para pensar estrategias legales de abordaje.