Judiciales ⚖️
Píparo denunció que fue asaltada, pero investigan si el marido atropelló intencionalmente a 2 jóvenes
La Justicia intenta determinar si, tal como aseguraron varios testigos, en realidad atropelló a dos jóvenes que nada tenían que ver con un robo, arrastró la moto más de 300 metros y huyó sin prestarles auxilio.
Carolina Píparo, la diputada provincial que hace diez años fue baleada en una salidera bancaria en La Plata, denunció que fue asaltada durante la madrugada de este miércoles por «motochorros» y que su marido chocó la moto en la que se movilizaban los ladrones para escapar.
Sin embargo, a pesar de la versión de Píparo, la Justicia intenta determinar si, tal como aseguraron varios testigos, en realidad atropelló a dos jóvenes que nada tenían que ver con un robo, arrastró la moto más de 300 metros y huyó sin prestarles auxilio.
«Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar», dijo la diputada de Juntos por el Cambio y funcionaria municipal de La Plata sobre el supuesto robo que sufrió esta madrugada cuando, según su versión, varios delincuentes en moto le robaron la cartera y su teléfono celular en momentos en que llevaba a su padre a la casa tras los festejos de Año Nuevo.
Según Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2.30 de esta madrugada en 44 entre 15 y 16, cuando, junto a su marido, fue a llevar a su padre a la casa luego de la cena familiar de fin de año. En ese marco, fue abordada por personas a bordo de tres motos que le sustrajeron la cartera y el celular sin que ofreciera resistencia.
«(Familiares) estaban bajando vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola», relató Píparo.
La legisladora también es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad platense, explicó que mientras se dirigían a realizar la denuncia se cruzaron nuevamente con los delincuentes que les acababan de robar y pretendieron cerrarles el paso, y, en esas circunstancias, su marido Juan Ignacio Buzali atropelló a una de las motos para escapar.
Sin embargo, distintos testigos desmintieron la versión relatada por la funcionaria municipal y aseguraron que el marido de Píparo atropelló intencionalmente con su Fiat 500 L negro a dos jóvenes que circulaban en moto y que la arrastró 300 metros, para luego escapar sin prestarle auxilio a las víctimas.
Un testigo llamado Sergio, amigo de uno de los jóvenes atropellados, declaró ante la policía que su amigo, llamado Luis, había concurrido a ver la tradicional quema de uno de los muñecos y que nada tenía que ver con ningún robo.
«Éramos doce amigos en seis motos. Somos todos de la zona de Abasto y vinimos a La Plata a ver la quema de muñecos. Yo venía atrás y vi el momento en el que el auto Fiat atropelló a Luis, que venía con otro amigo, y los dos salieron despedidos», explicó a los investigadores, según su testimonio al que tuvo acceso Télam.
De acuerdo a esta denuncia, ambos jóvenes quedaron heridos en el piso, mientras que el auto en el que iba Píparo escapó sin prestar auxilio a las víctimas.
Asimismo, relató que la moto de Luis, una Honda XR250, quedó debajo del Fiat y fue arrastrada más de 400 metros, hasta la calle 22, entre 37 y 38, cuando se desenganchó y quedó tirada.
«Lo embistió, arrastró la moto más de 400 metros y nunca lo auxilió. Yo mismo, que venía atrás en un auto, paré para auxiliar a mi amigo y llevarlo al Hospital San Martín con un corte en la cabeza», dijo Sergio.
Los amigos del joven herido persiguieron al Fiat de Píparo y lograron hacerlo detener en la zona de Plaza Moreno, donde también se hallaba personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad platense.
En tanto, en un video filmado por una mujer se observa el momento en el que el marido de Píparo fue detenido por policías y varias personas lo acusan de haber atropellado a dos jóvenes en moto y haber escapado del lugar. En ese video que se viralizó en las redes sociales, Buzali no dijo que fue asaltado y apenas atinó a decir que a los jóvenes heridos los atendió personal del SAME.
Ante esta situación, los investigadores analizaban distintas cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar la secuencia del hecho, ya que ni siquiera tienen acreditado que haya existido el robo denunciado públicamente y en la red social Twitter por Píparo.
El hecho es investigado por la fiscal de turno del Departamento Judicial de La Plata, Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó distintas diligencias, entre ellas un análisis de alcohol en sangre al marido de Píparo para determinar si estaba alcoholizado al momento del hecho.
Además, llamó a declarar a la funcionaria municipal y a su marido, para que cuenten su versión de lo ocurrido. También pidió que sean citados a declarar a los dos jóvenes atropellados y a los distintos testigos que aparecieron en los medios.
Es que si bien en principio el hecho comenzó a investigarse como un robo donde fue víctima la funcionaria municipal, los investigadores no descartaban la posibilidad de que la fiscal pueda recaratular la causa a lesiones culposas y abandono de persona.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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