Judiciales ⚖️
Piden que se investigue al marido de Píparo por «homicidio en grado de tentativa»
El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el esposo de la legisladora provincial Carolina Píparo, tras un presunto robo, aseguró este sábado que el hombre debe ser imputado. El expediente que está a cargo la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo.
El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el esposo de la legisladora provincial Carolina Píparo, tras un presunto robo, aseguró este sábado que el hombre debe ser imputado por un «homicidio en grado de tentativa», ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo.
El tanto, fuentes judiciales aseguraron a Télam que los jóvenes atropellados por el auto Fiat 500L negro de Píparo declararon esta tarde ante la Justicia provincial y que si, bien está acreditado que la diputada sufrió el robo de su cartera y de su teléfono celular por parte de «motochorros», «no existe ningún tipo de indicio» que permita sospechar que esos chicos fueran los autores del asalto.
Por otra parte, los investigadores explicaron a esta agencia que el iPhone robado a Píparo fue recuperado cerca de las 3.30 de la madrugada de ayer, es decir unas horas después del hecho, por una pareja de jóvenes que caminaba por la calle y lo encontró tirado.
Además, afirmaron que Juan Ignacio Buzali, el esposo de Píparo, por el momento no se encuentra imputado en el expediente que está a cargo la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo.
«Por el momento fue notificado del inicio de la causa por ‘lesiones culposas’. No está imputado de nada. A partir de la notificación, se están escucharon los testimonios de las personas heridas y de distintos testigos, como así también se están analizando cámaras de seguridad para establecer el recorrido realizado por Píparo y su marido», dijo a Télam un investigador con acceso al expediente.
El abogado Martín De Vargas, quien representa a los dos jóvenes heridos, uno de ellos llamado Luis Lavalle (23) y el otro un adolescente de 17 años, aseguró que «está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo. Venían siguiendo la ruta de los muñecos que se queman todos los años».
Según De Vargas, cuando los jóvenes pasan por la Plaza Güemes y doblan por la calle 21, «fueron embestidos por el marido de Píparo». «El tema es que Píparo declaró cosas que no son, que fue un robo. El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado», aseguró.
Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal, cerca de las 2 de la madrugada de ayer fue asaltada por motochorros cuando llevaba a su padre a su casa tras los festejos de Año Nuevo y le robaron la cartelera y su teléfono iPhone. «Ese hecho está acreditado. Hay cámaras de seguridad que aún no pudimos analizar y se pudo recuperar el teléfono de la mujer», dijo uno de los investigadores.
Luego, de acuerdo al relato de la legisladora, cuando se dirigían a realizar la denuncia en una comisaría en su auto Fiat 500 negro manejado por su marido Buzali, volvieron a ser interceptados por los motochorros y en ese momento embistieron a una de las motos para escapar. Sin embargo, para la Justicia «no hay ningún indicio que una a las personas que se trasladaban en la moto con el hecho previo del robo, no hay ningún indicio».
Es más, para el abogado De Vargas, el hecho tiene que ser investigado como «un homicidio en grado de tentativa, hoy por hoy no hay nada probado del robo. Para nosotros, lo del robo fue para justificar lo que hicieron».
El letrado contó que, tras atropellar a los jóvenes, Píparo y su marido huyeron del lugar a toda velocidad y fueron perseguidos por los amigos de las víctimas, que también se hallaban en motos.
«La moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren», relató De Vargas, quien agregó que la mujer y su marido «hicieron una carrera alocada por toda la ciudad de La Plata, poniendo en riesgo muchas vidas, acelerando a fondo y pasando semáforos en rojo».
Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno, «donde los estaba esperando el Secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio». «Apelamos a que aporte todas las cámaras, pero aún no han aparecido ninguna de las cámaras de seguridad», finalizó el letrado.
Esta tarde, el abogado Fernando Burlando, que representa a Píparo y a su marido, aseguró a Télam que «por el momento lo único que hay es una causa por lesiones culposas» y que su cliente no está imputado.
Fuentes de la investigación aseguraron, por otro lado, que también se va a investigar por qué motivo no fue realizado el control de alcoholemia a Buzali, ya que distintos testigos aseguraron haberlo visto alcoholizado al momento del hecho.
«no hay indicios» de que los jóvenes atropellados fueran ladrones
Los jóvenes atropellados por el auto en el que se movilizaban la diputada bonaerense Carolina Píparo y su esposo, declararon este sábado ante la Justicia provincial, mientras los investigadores aseguraron que el marido de la legisladora fue notificado del inicio de la causa por «lesiones culposas» aunque por el momento no se encuentra imputado.
Fuentes judiciales aseguraron a Télam que, de acuerdo a los elementos incorporados en el expediente a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quedó acreditado que Píparo sufrió el robo de su cartera y de su teléfono celular iPhone por parte de «motochorros», aunque «no existe ningún tipo de indicios» que permita sospechar que los jóvenes atropellados por el marido de la mujer fueran los autores del hecho.
Judiciales ⚖️
Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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