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Piden que se investigue al marido de Píparo por «homicidio en grado de tentativa»

El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el esposo de la legisladora provincial Carolina Píparo, tras un presunto robo, aseguró este sábado que el hombre debe ser imputado. El expediente que está a cargo la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo.

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El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el esposo de la legisladora provincial Carolina Píparo, tras un presunto robo, aseguró este sábado que el hombre debe ser imputado por un «homicidio en grado de tentativa», ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo.

El tanto, fuentes judiciales aseguraron a Télam que los jóvenes atropellados por el auto Fiat 500L negro de Píparo declararon esta tarde ante la Justicia provincial y que si, bien está acreditado que la diputada sufrió el robo de su cartera y de su teléfono celular por parte de «motochorros», «no existe ningún tipo de indicio» que permita sospechar que esos chicos fueran los autores del asalto.

Por otra parte, los investigadores explicaron a esta agencia que el iPhone robado a Píparo fue recuperado cerca de las 3.30 de la madrugada de ayer, es decir unas horas después del hecho, por una pareja de jóvenes que caminaba por la calle y lo encontró tirado.

Además, afirmaron que Juan Ignacio Buzali, el esposo de Píparo, por el momento no se encuentra imputado en el expediente que está a cargo la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo.

«Por el momento fue notificado del inicio de la causa por ‘lesiones culposas’. No está imputado de nada. A partir de la notificación, se están escucharon los testimonios de las personas heridas y de distintos testigos, como así también se están analizando cámaras de seguridad para establecer el recorrido realizado por Píparo y su marido», dijo a Télam un investigador con acceso al expediente.

El abogado Martín De Vargas, quien representa a los dos jóvenes heridos, uno de ellos llamado Luis Lavalle (23) y el otro un adolescente de 17 años, aseguró que «está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo. Venían siguiendo la ruta de los muñecos que se queman todos los años».

Según De Vargas, cuando los jóvenes pasan por la Plaza Güemes y doblan por la calle 21, «fueron embestidos por el marido de Píparo». «El tema es que Píparo declaró cosas que no son, que fue un robo. El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado», aseguró.

Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal, cerca de las 2 de la madrugada de ayer fue asaltada por motochorros cuando llevaba a su padre a su casa tras los festejos de Año Nuevo y le robaron la cartelera y su teléfono iPhone. «Ese hecho está acreditado. Hay cámaras de seguridad que aún no pudimos analizar y se pudo recuperar el teléfono de la mujer», dijo uno de los investigadores.

Luego, de acuerdo al relato de la legisladora, cuando se dirigían a realizar la denuncia en una comisaría en su auto Fiat 500 negro manejado por su marido Buzali, volvieron a ser interceptados por los motochorros y en ese momento embistieron a una de las motos para escapar. Sin embargo, para la Justicia «no hay ningún indicio que una a las personas que se trasladaban en la moto con el hecho previo del robo, no hay ningún indicio».

Es más, para el abogado De Vargas, el hecho tiene que ser investigado como «un homicidio en grado de tentativa, hoy por hoy no hay nada probado del robo. Para nosotros, lo del robo fue para justificar lo que hicieron».

El letrado contó que, tras atropellar a los jóvenes, Píparo y su marido huyeron del lugar a toda velocidad y fueron perseguidos por los amigos de las víctimas, que también se hallaban en motos.

«La moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren», relató De Vargas, quien agregó que la mujer y su marido «hicieron una carrera alocada por toda la ciudad de La Plata, poniendo en riesgo muchas vidas, acelerando a fondo y pasando semáforos en rojo».

Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno, «donde los estaba esperando el Secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio». «Apelamos a que aporte todas las cámaras, pero aún no han aparecido ninguna de las cámaras de seguridad», finalizó el letrado.

Esta tarde, el abogado Fernando Burlando, que representa a Píparo y a su marido, aseguró a Télam que «por el momento lo único que hay es una causa por lesiones culposas» y que su cliente no está imputado.

Fuentes de la investigación aseguraron, por otro lado, que también se va a investigar por qué motivo no fue realizado el control de alcoholemia a Buzali, ya que distintos testigos aseguraron haberlo visto alcoholizado al momento del hecho.

«no hay indicios» de que los jóvenes atropellados fueran ladrones

Los jóvenes atropellados por el auto en el que se movilizaban la diputada bonaerense Carolina Píparo y su esposo, declararon este sábado ante la Justicia provincial, mientras los investigadores aseguraron que el marido de la legisladora fue notificado del inicio de la causa por «lesiones culposas» aunque por el momento no se encuentra imputado.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que, de acuerdo a los elementos incorporados en el expediente a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quedó acreditado que Píparo sufrió el robo de su cartera y de su teléfono celular iPhone por parte de «motochorros», aunque «no existe ningún tipo de indicios» que permita sospechar que los jóvenes atropellados por el marido de la mujer fueran los autores del hecho.

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Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones

Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.

La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.

Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central

El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.

El detalle presentado distingue dos componentes principales:

  • US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
  • US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.

La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.

El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.

Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili

En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.

Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:

  • Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
  • Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
  • Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
  • Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
  • Qué riesgos financieros se asumieron.
  • Qué controles se aplicaron durante el proceso.
  • Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.

La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.

La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita

La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.

En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.

El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.

Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.

Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro

Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.

El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.

Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».

La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.

Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.

Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.

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