Judiciales ⚖️
Aguardan los resultados de las pruebas para saber si imputan al marido de Carolina Píparo
La fiscal que investiga el robo a la legisladora provincial Carolina Píparo la madrugada de Año Nuevo, en La Plata, aguarda los resultados del test de alcoholemia y otras pruebas, para determinar si imputa o no a su esposo por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó ladrones.
La fiscal que investiga el robo a la legisladora provincial Carolina Píparo la madrugada de Año Nuevo, en La Plata, aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la mujer por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó los ladrones, mientras que el abogado de los atropellados insiste en que son inocentes y que las imágenes de las cámaras del lugar del hecho fueron editadas.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, ya tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio a través de testimonios y de las comunicaciones con el 911.
Los voceros explicaron que sobre ese primer tramo del hecho la fiscalía tiene evidencia que acredita que el robo ocurrió, aunque aún resta producir prueba y llamar a declarar a Píparo en los próximos días.
Lo que aún la fiscal De Lorenzo no tiene claro es cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, embistió con su auto a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones, razón por la cual se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado.
Una de las pruebas que se aguardan es el resultado del test de alcoholemia. «El test de alcoholemia se hizo pero no inmediatamente porque en un primer momento estaba otra fiscalía con el hecho. Se realizó cerca del mediodía y todavía no llegaron esos resultados», informó a Télam una fuente con acceso al expediente.
Durante este domingo la fiscal continuó recolectado datos de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y pericias. «Hasta que no se tengan todos esos elementos de prueba cotejados, no se está en condiciones de definir ninguna calificación ni imputación por esa calificación», dijo un informante respecto de la situación de Buzali.
Di Lorenzo, junto con los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, trabajan el hecho dividido en dos causas: una, la del robo a Píparo y, otra, las lesiones sufridas por los jóvenes embestidos por la la pareja de la legisladora.
En ese marco ordenó realizar pericias de rastros, perimétricas y fotográficas, estudios sobre el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que tripulaban los jóvenes embestidos.
Con relación a las cámaras de seguridad, las fuentes dijeron que ya fueron solicitadas las del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata y a los propietarios de los domicilios de la zona que cuenten con ese sistema de seguridad.
Los investigadores precisaron que muchas viviendas se encuentran vacías por ser fin de semana largo e inicio de vacaciones, lo que dificulta conseguir las imágenes.
En torno a los videos obtenidos hasta el momento, el abogado de los dos jóvenes atropellados, Martín De Vargas, dejó entrever sus sospechas de que algunas imágenes del lugar de hecho -que no captaron lo ocurrido- fueron «adulteradas» y adelantó que pedirá «la renuncia a su cargo como diputada» de Carolina Píparo.
«Normalmente cuando se exhiben videos de las cámaras de la Municipalidad de La Plata figura la fecha y la hora pero en el caso de las aportadas no figuran, están tapadas», afirmó hoy el letrado, y agregó que el video en el que supuestamente Píparo está persiguiendo a los delincuentes «por lo menos está editado».
«Atropelló a dos personas, huyó, hace una denuncia después y además deja tirada a la persona, es una incongruencia total, vamos a pedir que renuncie a sus cargos y vamos a pedir que renuncie como diputada», enfatizó De Vargas en diálogo con Crónica TV.
Los dos jóvenes embestidos son Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, del que se resguardó su identidad por ser menor de edad.
En diálogo con el canal C5N, Lavalle detalló este domingo que se dirigía con un grupo de amigos para ver la quema de muñecos cuando fue embestido por el auto conducido por la pareja de Píparo. «Me embistió y me voló de la moto. El auto se fue con mi moto enganchada por cuatro cuadras», detalló el joven.
Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis «motochorros» que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.
Píparo agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los «motochorros» y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.
El abogado de los jóvenes embestidos dijo al respecto que «la moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren».
Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno «donde los estaba esperando el secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio».
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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