Por Néstor Llidó

La situación se repite y aunque se pretenda oficialmente presentarla como hechos aislados, la participación de efectivos de fuerzas de seguridad en maniobras ilegales durante los operativos de secuestros de drogas ya ha derivado en varias causas judiciales, muchas de ellas ocultadas.

Las “mejicaneadas” consistentes en el robo de parte de los cargamentos de estupefacientes, sumarios en los que se hace figurar una cantidad de kilos de cocaína o marihuana distinta a ser incautada, amenazas a los “dealers” a los que se les cobra un “peaje” para “trabajar tranquilos” y hasta la connivencia con los capos narco, son algunos de los delitos que se atribuyen a quienes deberían combatirlos.

La actuación de los denominados “narcopolicías”, ya sea en su participación en los procedimientos o como miembros de “bandas mixtas”, trascendieron, en los últimos tiempos, en hechos ocurridos en Moreno, Berazategui, Parque Chacabuco y otros lugares del AMBA.

Más allá de la denunciada “connivencia” con las bandas narco que operan en “zonas calientes” de todo el país, tal el caso de Rosario, como ejemplo más expuesto a la opinión pública.

Y surge entonces que, al margen de cierta relativización, se ha transformado en un mal endémico.

Como botón de muestra de estas situaciones, consideradas de extrema gravedad institucional, se acaba de conocer el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de San Martín, donde se condenó a seis integrantes de la Subdelegación de Investigaciones de José C. Paz a penas de entre 6 y 9 años de prisión, multas e inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de cargos públicos por “orquestar ilegalmente un procedimiento y haberse quedado con cinco kilos de marihuana”.

Según la acusación expuesta en el juicio, el 15 de diciembre de 2020, estos policías interceptaron a una mujer que transportaba más de 9 kilos de marihuana para quedarse con más de la mitad de ese cargamento.

“La sustracción de la droga fue para recuperar parte de lo vendido a la mujer, que tenía un evidente fin comercial ya sea porque los policías devolvieran la droga a los proveedores a cambio del precio o porque decidieran reintroducirla al mercado, vendiéndola por sus medios”, sostuvieron desde la Fiscalía.

La prueba obtenida permitió determinar que fueron los propios narcos que le habían vendido la marihuana a la “detenida”, quienes aportaron el “dato” para el operativo que derivó en la “mejicaneada”.

Peculado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado y falsificación de documento público fueron los delitos que se les imputó.

El fallo recayó en los subcomisarios Andrés Segovia y Pablo Caricato (quienes eran el jefe y su segundo en la SubDDI José C. Paz), el oficial principal Carlos Pereyra y los oficiales Mariela Galarza, Samuel López y Osvaldo Ortíz, mientras que se absolvió al subinspector Jonatan Escalada, a quien se acusó de encubrimiento agravado.

“Actuaron de modo organizado y mediante división de roles”, surgió de la investigación a estos narcopolicías, en un argumento que se ha repetido en otros expedientes, donde también estuvieron involucrados aquellos agentes del Estado que debían prevenir o reprimir estas actividades delictivas.
“Insertaron o hicieron insertar falsos datos en el acta de detención de la mujer, específicamente en lo que toca a los motivos para realizar el procedimiento en la vía pública y la cantidad de droga que transportaba, consignando en el acta el secuestro de una cantidad mucho menor a la que en realidad llevaba”, se detalló en la imputación que derivó en las condenas.

También se hizo hincapié en que resulta “alarmante advertir, cada vez con mayor frecuencia, casos de policías u otros miembros de fuerzas de seguridad vinculados de diversas maneras al tráfico de drogas. Esta realidad es de una gravedad institucional que no puede soslayarse”.