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Análisis

Pasado y presente del Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP)

“La lucha nuestra es unir hotel, por hotel, habitación por habitación, y que el explotador, en este caso, el hotelero, no tenga que recurrir a lo que recurrió hoy; a romper una parrilla para que nosotros no podamos unirnos”, decían.

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Por Mariana Collante

El registro periodístico es del año 1973, en blanco y negro, la cronista de Canal 9 está en la puerta de un hotel familiar tomado. Le dice a la cámara que un grupo de gente la invitó a comer un asado, pero que cree que hubo problemas con la dueña del hotel e insta a los televidentes a saber qué pasó. Adentro de la vivienda, una bandera desplegada, inquilinos e inquilinas, rodean a un hombre que -con un cigarrillo encendido entre los dedos- toma la palabra. La cámara se acerca:

-“¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es que el trabajador que vive en los hoteles familiares, tenga una vivienda digna”…”La lucha nuestra es unir hotel, por hotel, habitación por habitación, y que el explotador, en este caso, el hotelero, no tenga que recurrir a lo que recurrió hoy; a romper una parrilla para que nosotros no podamos unirnos“.

Osvaldo Mantello, el hombre del cigarrillo entre los dedos, termina de hablar, y se suma a un rumor de voces que crece, las familias que lo acompañan cantan: “Si Evita viviera no habría ratoneras”. Con esta voz colectiva va finalizando el documental de Juan Pablo Mantello, hijo de Osvaldo, asesinado por la dictadura cívico militar.

La película reconstruye la vida familiar, y de militancia de su padre, quien fue uno de los dirigentes del Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP), de la Unidad Básica “Ateneo 20 de Junio“, ubicada en el barrio porteño de Once.

Juan Pablo explica que el registro periodístico sigue, que debió editarlo para incluirlo en la cinta. En el original, Osvaldo acompaña a la periodista y al camarógrafo a tomar imágenes del inquilinato. Muestra los techos agujereados, habla del hacinamiento y de las características edilicias que hacen justa la palabra “ratonera”. Sentimos un déjà vu en toda la secuencia que nos remonta al inicio del siglo XX, y a la primera huelga inquilina. La medida reveló la situación de quienes habitaban los conventillos; el mismo abuso, y casi las mismas condiciones de vida indigna.

El documental “Osvaldo Víctor Mantello, arqueología de la memoria” comenzó a filmarse en 2007 y el director cuenta que en 2019 ya estaba listo, pero que en todos esos años hubo hechos muy importantes que fueron transformando la idea inicial. Uno de ellos fue el juicio por los hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio. Allí estuvieron detenidos Osvaldo y Susana Reyes, padres de Juan Pablo. Ella fue liberada tres meses después del secuestro, y él fue asesinado. El Equipo de Antropología Forense identificó sus restos en septiembre de 2009.

Para 1977, el MIP dejó de existir, los militantes que integraban la Unidad Básica iban desapareciendo con la sucesión de los días. Las únicas sobrevivientes fueron Susana Reyes, y Malisa Cechini, conocida como “La Peti”.

La Peti inició su militancia en la agrupación Montoneros, primero en el frente universitario y luego en el frente barrial. Así fue como, desde su creación, integró el MIP. Cuenta que “en los hoteles vivían igual que en las villas. Carecían de servicios básicos, faltaban cocinas, colchones, mesas, sillas”. La organización hablaba de “villas de cemento” para dar cuenta de la dimensión del abuso. Entonces, cada vez que el MIP intervenía en un hotel familiar exigía modificaciones radicales y trascendentes “Si no se hacían, echábamos al dueño” -relata La Peti-. “Era un explotador que cobraba fortunas por una prestación que no existía”. Recuerda que el mayor logro, en la breve e intensa existencia del MIP, fue que los inquilinos dejen de pagar la renta para usar ese dinero en beneficio propio. Es decir, haciendo las mejoras que necesitaba el lugar para poder vivir dignamente.

El objetivo de la dictadura fue cambiar la matriz económica del país, para asegurar su concreción instauró lo que Rodolfo Walsh llamó “el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”. El entonces Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, diseñó las medidas a pedido de las elites locales, y de los requerimientos de Estados Unidos, a la vez que iniciaba un proceso de fuerte endeudamiento con la banca extranjera.

En la investigación “El origen de la dolarización inmobiliaria en la Argentina” de los sociólogos Alejandro Gaggero y Pablo Nemiña se detalla cuáles fueron los cambios que beneficiaron al mercado de vivienda en detrimento de los trabajadores y trabajadoras: Redujo la inversión estatal en vivienda, eliminó el control del precio de los alquileres, y se dolarizó el precio de las propiedades. Los autores ironizan y señalan que en nuestro país existe “un extraño fenómeno”: se construye en pesos, y automáticamente la vivienda se cotiza en dólares. A partir de ahí las expectativas de ganancia de los propietarios se traduce en dólares, tanto para la venta de una mansión, como para el alquiler de un monoambiente. El desfasaje que quieren ocultar los defensores del libre mercado es que los salarios se cobran en pesos, y que no se recuperan de una caída sostenida. Entonces, el acceso a la vivienda propia es un imposible, y el alquiler va en la misma dirección.

La idea de fondo que ¿naturalizó? la dictadura cívico militar, a costa de miles de vidas, es que una propiedad es solo resguardo de capital, una inversión. En paralelo, ningún gobierno posterior intentó desmontar ese modelo, o limitar el afán “dolarizador” del mercado inmobiliario. El presente y el futuro requieren recordar el pasado para repensar nuestro devenir, la experiencias política del MIP coloca a la vivienda como un derecho que necesita de acciones decididas que lo garanticen.

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Análisis

A 40 años de Democracia: ¿quiénes deciden en las causas por crímenes de la dictadura?

Desde 2016 el arresto domiciliario ha sido la principal forma de detención y sólo 185 genocidas cumplen prisión efectiva.

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Según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 15 de marzo de 2023, a a 46 años del golpe de Estado, hay 1058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

El relevamiento muestra las cifras del proceso de Verdad y Justicia a partir del reinicio de los juicios en 2006. Unas 165 personas fueron absueltas en el mismo período. Hay 20 juicios en curso y otros 65 aguardan fecha de inicio. Actualmente hay 764 personas detenidas. La prisión domiciliaria se afianzó como el modo de detención.

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La Procuraduría informó que 1058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas desde el primero de los juicios de este tipo celebrado en 2006 tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado. Esas cifras surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales.

Entretanto, 542 personas están actualmente procesadas, 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos.

En la actualidad 22 personas se encuentran prófugas de la justicia, desconociendo su paradero. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad hay 764 personas detenidas, mientras que 1532 permanecen en libertad. Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales. Actualmente, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por sus características y el rol del Ejército en su administración, ese lugar no es considerado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como una unidad penitenciaria.

En relación con el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, el informe consigna que el 44 % (es decir, 275) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que el 43% (273) tuvieron sentencia. En tanto, un 10 % (65) aguardan por el inicio del debate y un 3 % (20) están actualmente en juicio.

De las causas con sentencia, las defensas apelan y caen en decisión de Casación y, luego de ese instancia, muchos procesados optan por acudir a la Corte Suprema de la Nación.

El máximo Tribunal en 2017 había fallado contra el 2 x 1 con los votos de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el beneficio del “2×1” para un genocida. A favor de Batalla (el genocida) votó Carlos Rosenkrantz.

Así el tribunal desando su fallo a favor del beneficio para genocidas de 2016 que permitía al represor Luis Muiña gozar de los beneficios del “2×1”, un régimen penal que computa doble cada día de prisión preventiva sin condena.

Las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.

Con los antecedentes mencionados, y la parcialidad de la Corte que parece ser parte de un Poder ligado a los intereses más antiguos de este país, con concentración económica y mediática (cómo se ha visto en la Causa por sobornos en Lago Escondido), resulta urgente una Reforma Judicial que de transparencia y seguridad jurídica y finalmente afiance la Democracia que supimos recuperar hace 40 años, que actualmente no sólo perjudica a la Vicepresidenta sino a todo el pueblo argentino.

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