Por Guada Santana y Valeria Silva

El atentado contra la vicepresidenta fue el punto culminante de una serie de discursos violentos en torno a su figura, en los que si bien su condición de mujer no aparece como la razón principal, sí actúa como acelerante de esa violencia.

Por esa razón, el hecho volvió a poner sobre el tapete la cuestión de la violencia política contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans que en los últimos años, y a la par de las grandes conquistas en materia de géneros, se fue acrecentando de manera preocupante.

El movimiento feminista en Argentina tiene un largo recorrido de construcción y crecimiento. Desde los Encuentros Nacionales hasta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esa historia tiene un quiebre cuando después del femicidio de Chiara Páez salimos a las calles a decir que no queríamos ni una muerta más. Nada fue igual desde ese 3 de junio de 2015. 

El movimiento feminista siguió desarrollándose y los reclamos se fueron complejizando, llegando a construir el 19 de octubre de 2016 el primer paro feminista como respuesta al femicidio de Lucía Pérez. La huelga se expandió por todo el mundo y produjo un salto cualitativo: se polítizó tomando un enfoque antineoliberal, antiracista y antipatriarcal.

Así fue como las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) dejamos de callarnos y tomamos, sin pedir permiso, muchos de los lugares que se nos habían negado. En política el avance fue notable, tanto que en 2017 se sancionó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política que estableció que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. 

Frente al avance de los derechos de las mujeres y LGBTI+ se produjo una reacción conservadora encabezada por partidos de derecha y libertarios que buscan popularizar un discurso anti derechos. Así la violencia se intensificó y resurgió el machismo como revancha, como parte de un imaginario de derechas que crecen en todo el continente y en el mundo, ante el vaciamiento de las democracias liberales (el término de “casta” que esgrimen desde este sector es reflejo de ese vacío) y un capitalismo neoliberal que poco tiene para ofrecer en términos de futuro y proyectos de vida.

Las pasiones tristes generadas por estas profundas frustraciones calan hondo en amplias capas de la sociedad, sobre todo en los sectores más empobrecidos y precarizados.

En este contexto, la potencia y avance del movimiento feminista son instalados como responsables y percibidos como amenaza de pérdida de lo poco que aún queda en pie: el privilegio de la (frágil) masculinidad hegemónica. A la par, se da un aumento de la participación política de las mujeres y LGBTI+ en cargos públicos y de representación. Nosotras, que siempre habíamos estado organizadas en las asambleas y movimientos feministas comenzamos a ocupar un lugar en el ámbito público ¿pero a qué costo? 

El aumento de la participación política y las leyes de paridad

Históricamente las mujeres y LGBTI+ estuvimos destinadas al mundo privado, principalmente al trabajo de cuidado no remunerado, a diferencia de los hombres que tenían destinado el mundo público, lo universal, lo productivo. La política, como parte de lo público, estaba reservada para ellos. 

El 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en ingles. La CEDAW, que fue suscripta por Argentina en 1980 y aprobada por Ley en 1985, detalla que los Estados deben tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Luego de eso la Argentina sancionó en 1991 la Ley N° 24.012 que modificó el código nacional electoral y estableció que las listas que se presenten debían tener un mínimo de 30% de mujeres entre sus candidatos y en posiciones con posibilidad de resultar electas, transformándose así en el primer país del mundo en incorporar un sistema de cuotas a la legislación electoral.

Sobre estos cimientos se pararon las legisladoras argentinas para acercar debates al Congreso y generar avances normativos en términos de derechos: la Ley N° 25.673 de salud sexual y procreación responsable (2002), la Ley N° 25.929 de parto humanizado (2004), la Ley N° 26.150 de educación sexual integral (2006), la Ley N° 26.842 de trata de personas (2008), la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), la Ley N° 26.618 de matrimonio igualitario (2010), la Ley N° 26.743 de identidad de género (2012), entre otras.

El Ni una Menos incidió fuertemente en la agenda del Congreso. El reclamo por el fin de la violencia de género se vinculó rápidamente con la necesidad de aumentar la presencia de mujeres y LGBTI+ en los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales como forma de lograr que esa agenda se traduzca en avances concretos para el colectivo. Así, en 2017 llegó la ley de paridad. 

La violencia política como reacción 

El debate sobre la legalizacion del aborto en 2018 fue un catalizador para el aumento de la participación de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y otras identidades de género en el ámbito político y sobre todo legislativo. Luego del rechazo que sufrió en el Senado el proyecto de ley la sociedad comenzó a prestar más atención a las listas de legisladores y legisladoras. De esta manera no fue solo la normativa la que obligó a los partidos a incorporar mujeres en las listas sino también el movimiento feminista que sentía que esos varones no las representaban. 

“Feministas en las listas” fue una campaña lanzada por redes sociales para exigir la presencia de feministas que tuvieran como principio la igualdad de género con el objetivo de seguir ampliando derechos. Así, producto de una sinergia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el movimiento en las calles, en diciembre de 2020 se aprobó en argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La violencia política venía creciendo pero desde ese día recrudeció, llegando al punto del atentado contra la vida de la principal lideresa política y popular de nuestro país. Desde hace tiempo desde el movimiento feminista y popular venimos denunciando que la violencia esta dirigida particularmente hacia las mujeres y LGBTI+ que hacemos política pensando en las mayorías. Para muestra basta recordar las multiples amenazas perpetradas contra diputadas que votaron a favor del aborto en el Congreso.

Distintas autoras latinoamericanas han escrito sobre violencia política por motivos de género, definiéndola como toda acción u omisión basada en el género que, realizada en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales tengan como objetivo anular el ejercicio de esos derechos o de acciones correspondientes a un cargo público. Estas acciones pueden ser públicas o privadas y el tipo de violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica e incluso a través de las redes sociales.  

Como mencionábamos, el impulso del movimiento feminista logró generar un consenso social respecto a la importancia de avanzar hacia la igualdad en todos los planos de la vida, pero lo llamativo es que junto con ese consenso también fue tomando fuerza el acoso y la violencia. El avance de las mujeres y LGBTI+ en el espacio público tiene como reacción el acoso y la violencia política por motivos de género. 

Desde ciertos sectores de la dirigencia política vinculados con expresiones conservadoras y de derecha en sintonía con el accionar de grandes medios de comunicación, se amplificaron discursos de violencia política contra mujeres y LGBTI+ por su condición de tales. Pero también por tratarse de militantes por los derechos de las mayorías populares, en un contexto de fuerte precarización de las condiciones de vida a nivel mundial. 

La difusión de estos discursos que incitan a prácticas violentas deben leerse como parte de una estrategia de los poderes concentrados a nivel mundial para arrasar con la resistencia a las políticas neoliberales. Incluso como una de las tácticas que componen al lawfare para perseguir y proscribir dirigentes y líderes políticos y populares, donde medios de comunicación, poder judicial y dirigencias políticas de derechas entablan una articulación cuasi orgánica en la identificación y cercamiento del enemigo a eliminar, como si se tratara de una guerra: “Son ellos o nosotros”, expresó públicamente el dirigente radical Ricardo López Murphy. 

En ese sentido es claro que la violencia política es usada como una forma de disciplinamiento por sectores conservadores y antidemocráticos que reaccionan frente a un corrimiento del rol que nos han asignado históricamente a las mujeres y donde la política ha sido y para muchos todavía debería seguir siendo un ámbito exclusivamente masculino. 

Legislar la violencia política para combatirla

En un escenario donde la violencia política contra las mujeres y LGBTI+ estaba aumentando a nivel regional, se avanzó en construir herramientas para reconocerla y combatirla. En América Latina se adoptaron dos normas al respecto: la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2017) y el Protocolo Modelo para Partidos Políticos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2019). 

En nuestro país, en 2019 y con objeto de visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política por motivos de género se modificó la Ley N° 26.485 y se incorporó la violencia política como un tipo de violencia y también entre las modalidades se agregó la violencia político-público.

Las mujeres que participamos en política sufrimos violencia y sobre todo aquellas que representamos a los sectores populares y que trabajamos por la igualdad y la ampliación de los derechos. Así, la violencia se transforma en un obstáculo para la libertad porque nos lleva en muchos casos a mantener perfiles bajos e incluso a abandonar lugares constituyendo un ataque a nuestra participación pública y política. La violencia que recibimos no solo viola nuestro derecho a una vida libre de violencias sino también nuestro derecho a participar en la vida pública y, por lo tanto, crea un déficit democrático.

La violencia política complejiza el problema respecto de la participación de las mujeres y LGBTI+ y lo vuelve, no solo cuantitativo sino también cualitativo. No alcanza con garantizar que los espacios políticos estén llenos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y otras identidades de género, sino que además hay que garantizar que estén libres de discriminacion y violencia.

Ante el avance del fascismo: más y mejor democracia 

La movilización en torno a la consigna Ni una Menos cambió la Argentina. No solo por el protagonismo que tomamos las mujeres, lesbianas, travestis y trans y las políticas de género y contra las violencias, sino también por la reacción machista y conservadora que se generó a partir de eso. 

La presencia de más mujeres y LGBTI+ en los órganos legislativos y ejecutivos permitió avances en términos de derechos. Sin embargo esos avances no se lograron solo con esa presencia sino también con un movimiento feminista que desde aquel 3 de junio de 2015 se mantiene movilizado y alerta.

La violencia política es consecuencia de ese desarrollo. Es una reacción, no solo frente al avance de posiciones de las mujeres y LGBTI+ sino también, frente a la pérdida de privilegios que muchos varones no están dispuestos a resignar. La política hoy está envuelta en una tensión entre el aumento de la participación de las mujeres y LGBTI+ y la violencia y discriminación que sufren al transitar esos ámbitos.

El reconocimiento de la violencia política en la normativa regional y local ha sido un enorme avance: reconocer para reparar. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es importante que se siga trabajando en la efectiva implementación de las leyes de paridad así como también en herramientas para garantizar que quiénes accedan a lugares de representación puedan hacerlo en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminacion y violencia. Es urgente avanzar en la redacción de protocolos de acción frente a situaciones de violencia política, incentivar a los partidos políticos a trabajar mecanismos para abordar la violencia política a su interior y trabajar en instancias de sensibilización y capacitación sobre la temática. 

Asimismo, resulta insoslayable el debate sobre los contenidos que circulan a través de los medios de comunicación así como la pauta estatal destinada a los grandes grupos que sólo contribuye a una mayor concentración. En este sentido, se vuelve imperiosa la implementación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para democratizar el espectro de medios, ampliándolo hacia voces y miradas populares.

También es urgente avanzar en políticas públicas que incentiven y promuevan la participación de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales, así como también de personas con discapacidad, migrantes, indígenas, de los sectores rurales, entre otros. La inclusión de las diversidades es la mejor manera de volver a dotar de contenido nuestras democracias.

• Guada Santana es secretaria de Juventudes de Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) y referenta de Soberana
• Valeria Silva es economista (UBA) e integrante del Equipo de Presupuesto de Futura-Laboratorio de Ideas