Por Emiliano «Gaita» Ameigeiras, Nicolás Castelli @thegaita @CastelliNicox

La última semana tuvo como hechos destacados los conflictos protagonizados por estudiantes de escuelas públicas porteñas y trabajadores de uno de los sectores más importantes de la industria automotriz.

El desarrollo de ambas luchas evidenció que en un mundo donde lo hegemónico es trabajar y estudiar en condiciones cada vez más precarias y con derechos vulnerados, la rebeldía es de quienes se levantan ante este orden de cosas y no de quienes lo defienden con poses “transgresoras”.

Al comenzar la semana, los principales diarios argentinos, Clarín y La Nación, pusieron como nota central de sus ediciones impresas y digitales que ya no había producción de neumáticos en el país como consecuencia de un “paro salvaje” realizado por gremialistas de “ultraizquierda”.

De acuerdo a los relatos de estas corporaciones periodísticas, Bridgestone, Pirelli (empresas transnacionales, la primera japonesa y la segunda italiana) y Fate (firma argentina, propiedad del grupo Madanes Quintanilla), se vieron obligadas a bajar las persianas como consecuencia de la lucha del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) para que el salario no siga perdiendo con la inflación.

A partir de estas notas empezó una formidable campaña de desinformación y demonización sobre estos trabajadores y sus reclamos que se vio replicada en la mayoría del establishment mediático (incluso en programas progresistas de señales alineadas con el gobierno) a la que se sumaron las principales figuras del macrismo en su competencia para ver quién está más a la derecha de cara a las elecciones de 2023.

Este ataque -acompañado también por el silencio de gran parte de la dirigencia política del Frente de Todos (FdT)- tuvo como telón de fondo más de cinco meses para llegar a un acuerdo por la intransigencia de estas patronales a ofrecer aumentos salariales que no queden rezagados con la inflación, algo que pueden hacer con holgura sin ver afectadas sus ganancias extraordinarias.

Estas tres empresas, que reciben ayuda del gobierno para comprar materias primas al dólar oficial, habían ofrecido en primera instancia un aumento salarial del 38% en el marco de una inflación anual que se proyecta cercana al 100%. Y se mantuvieron intransigentes en esta posición en todo este tiempo.

Para revertir este panorama los trabajadores tuvieron que hacer uso del derecho a huelga, consagrado en el artículo 14 bis de nuestra constitución, para defender sus ingresos. Como respuesta recibieron la presencia policial en sus lugares de trabajo y suspensiones para quienes llevasen a cabo medidas de lucha.

Pero la persistencia en la medida de fuerza llevó a los obreros a conseguir lo que buscaban. El “grupo chiquito y caprichoso” como los tildó el ministro de Economía, Sergio Massa, logró defender el poder adquisitivo de los salarios del conjunto de los trabajadores del sector y hasta recuperar parte de lo perdido.

A la vez, en la Ciudad de Buenos Aires ante un conflicto con los estudiantes secundarios que realizan medidas de fuerza para exigir mejoras edilicias, entre otros reclamos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña, dieron una respuesta inédita en democracia por el nivel de intimidación al que llegaron.

No solo decidieron judicializar el conflicto y exigir que las madres y padres de estos estudiantes paguen de sus bolsillos una multa por los días de toma en los colegios, sino que para implementar esta medida enviaron patrulleros a las casas de las familias para notificar las demandas penales. D

esde el poder mediático la respuesta fue similar a la que recibieron de los trabajadores del neumático: tergiversación y demonización de la lucha.¿Por qué la violencia contra los que luchan?

Si hay un denominador común que articula las diversas respuestas que se pueden ensayar ante esta pregunta es una intención manifiesta de lograr un efecto disciplinador sobre el conjunto de la sociedad frente una puja distributiva entre el capital y el trabajo que irá escalando en conflictividad si la inflación sigue destruyendo los salarios.

Con un crecimiento macroeconómico que no se traslada a mejorar la calidad de vida de las mayorías populares, no hace falta mucha perspicacia para ver que la conflictividad social seguirá creciendo.

En este contexto de crisis y ajuste tutelado por el FMI, pareciera que organizarse, luchar y defender derechos es un “mal ejemplo” para quienes no están dispuestos a ceder un milímetro de sus tasas de ganancia.

Y ya se sabe que quienes no quieren ver amenazados sus privilegios miran con temor toda acción que tienda a empoderar a los sectores que viven del trabajo y no vacilan en tirar todo su arsenal contra cualquier atisbo de alcanzar mayores niveles de justicia distributiva o de hacer valer el derecho a estudiar en condiciones dignas.

Porque lo que está en juego en estos tiempos de crisis es el tipo de sociedad queremos vivir: si una más justa, democrática, solidaria y respetuosa de la naturaleza u otra donde sea más fácil hacer lockouts patronales en vez de aumentar salarios, mandar patrulleros a la casa de los estudiantes antes que mejorar la infraestructura de las escuelas, ceder a los lobbies empresarios y no promulgar una ley que proteja los humedales o discutir la pobreza y no el origen de las riquezas. ¿Giro social a la derecha?

Vivimos una época de ascenso de la extrema derecha en diferentes partes del globo. Expresiones políticas ultra conservadoras llegaron al gobierno de importantes países dando una batalla ideológica constante y en todos los frentes.

Lograron correr la vara del debate público a la derecha al punto que, como dijo el dirigente español Pablo Iglesias a este medio, “un socialdemócrata parezca de extrema izquierda”.

En este marco no sorprende que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional como es la huelga sea catalogado de “extorsión” y que empresas que aumentaron el valor de su producto casi un 200% anual, muy por encima de la inflación, sean vistas como “víctimas” del accionar sindical.

El avance de medidas antidemocráticas a menos de un mes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner -la figura política del país que representa los anhelos de justicia social- no parece haber menguado. Esta radicalización de la derecha contra los trabajadores y estudiantes deja ver que vienen con la intención de aplicar un retroceso a épocas autoritarias, sin derechos laborales y con represión a la protesta.

Pero también este avance reaccionario tiene su contrapartida en muchos sectores que no se resignan ni caen en el posibilismo como sucede con los recientes conflictos. En este sentido, la realidad demuestra que no hay fatalismos ni derechizaciones inevitables sino disputas con final abierto sobre el mundo en que queremos vivir.

Esto es señal que desde abajo hay una necesidad no canalizada por la dirigencia política de cambiar el rumbo y frenar a la derecha con decisión, coraje y políticas que defiendan y amplíen derechos sin temor a confrontar con intereses de sectores concentrados. Por eso, se hace cada vez más evidente que la correlación de fuerzas no puede ser excusa para no avanzar en derechos para las mayorías populares.

Justamente porque la correlación de fuerzas se construye y se pelea, no es algo estático que permita explicar per se los motivos de ciertas concesiones y claudicaciones al mandato electoral por el cual el Frente de Todos fue elegido en 2019.

Un mundo de trabajo precario y salarios bajosSon ya siete años de una puja distributiva de los ingresos que viene siendo cada vez más regresiva para el conjunto de la clase trabajadora y que deja a los sueldos cada vez más retrasados con respecto a los precios.

Esto provoca, entre otras variables, que la recuperación económica no llegue al conjunto de la población, sino que, por el contrario, recaiga sobre los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras formales y de la economía popular.

Es importante recordar que siempre que aumentan los precios no solo los pobres se vuelven más pobres, sino que los grandes propietarios y dueños de las empresas aumentan sus ganancias, se vuelven cada vez más ricos y con ello se profundiza cada vez más la desigualdad social.

Una clara muestra de esto es la caída de la participación de los trabajadores y trabajadoras en el PBI que pasó de ser del 51,8% en 2016 a un 43,1% en 2021. Todo esto se enmarca estructuralmente en una tendencia del capitalismo actual a pagar salarios bajos y configurar un mercado laboral hiperprecarizado en el cual ya no alcanza con tener un trabajo registrado para llegar a fin de mes.

Este fenómeno se puede corroborar viendo los datos del INDEC: en los últimos cinco años el desempleo bajó del 9% al 6,9% y la tasa de empleo subió del 41,4% al 43,9%, pero a la vez creció el empleo no registrado que pasó del 31,5% en el segundo trimestre de 2021 al 37,8% en la actualidad.

Cómo explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, es la cifra más elevada desde el 2007, cuando todavía el mercado laboral se estaba recuperando de las políticas neoliberales de los años 90.

En este sistema que precariza la vida humana, Rodríguez Larreta y Acuña quieren hacer creer que lavar platos en hoteles 5 estrellas es una «pasantía formativa» para chicos de 17 años. Luchar contra esta realidad como están haciendo los estudiantes o los trabajadores es la verdadera rebeldía.

En un mundo que cambia a pasos acelerados y se encuentra al borde de una guerra mundial es necesario que la dirigencia cambie el libreto y se ponga en sintonía con estos movimientos que surgen desde abajo y que marcan un camino para defender la democracia y la justicia social.

Columna: https://primera-linea.com.ar/2022/10/01/rebeldia-nunca-derecha/