Análisis
Xiomara Castro al frente de la Celac
Es tiempo de vida digna para los pueblos.
Por Ricardo Balladares Castilla*
La elección de Xiomara Castro como presidenta de Honduras en 2022 marcó un hito histórico en la política centroamericana. Es la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país y su victoria representa un triunfo significativo para los movimientos sociales y sectores progresistas en la región, encarnando, así, la esperanza de una izquierda democrática y progresista en la región. Su triunfo puso fin a la hegemonía conservadora tras el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.
Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras con la promesa de un cambio significativo hacia un gobierno más inclusivo y equitativo. Su enfoque en la redistribución de recursos, la ampliación de los servicios públicos y la promoción de derechos para los más desfavorecidos ha sido un nuevo faro de esperanza para muchos en su país y en la región centro americana. Sin embargo, su gobierno también ha enfrentado desafíos significativos, desde enfrentar la resistencia interna hasta navegar por un panorama internacional complicado. Pero con todo, Xiomara Castro ha podido avanzar junto a los hondureños y hondureñas en un plan de reconstrucción y refundación nacional hacia un horizonte estratégico motivado por la justicia social y la responsabilidad humana. Así es como destaca el Plan Bicentenario, un plan de desarrollo integral que busca transformar a Honduras en una sociedad más justa, equitativa y próspera para el 2025, bicentenario de la independencia del país. El Programa de Refundación Nacional, plan que consiste en abordar las necesidades urgentes del país después de años de corrupción y mala gestión, incluida la reconstrucción de la infraestructura, la reactivación económica y la lucha contra la pobreza.
En ese marco es que el 2023 se constituye el Gabinete Social 2023 con un nuevo modelo de gestión que rige la implementación de la Política Pública de Protección Social Universal con más de 20 Instituciones Estatales y la asesoría técnica de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Dando especial prioridad a temas urgentes como la emergencia alimentaria en el corredor seco de Honduras y los riesgos por las sequías recurrentes; la protección social de la infancia; las estrategias institucionales para reducir los embarazos en adolescentes y la protección social de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza a través del Programa Red Solidaria.
Esta Política de Protección Social fue el primer paso hacia la construcción de la nueva Ley de Protección Social del país, uno de los retos del Gobierno de la Refundación. Importancia cobra en este contexto la red Solidaria y la urgente Resiliencia frente al Cambio Climático en el Corredor Seco de Honduras. Lo anterior ha permitido desarrollar una estrategia que facilita al Gobierno actuar antes, durante y después del período de crisis para reducir las medidas de afrontamiento negativo con atención humanitaria que mejore la disponibilidad y el acceso a alimentos, así como la creación y recuperación de sus medios de vida. Un estado eficiente con perspectiva en la seguridad y responsabilidad humana y climática.
Otro pilar importante está siendo la Política Nacional para Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras 2021-2030. Los niños y niñas de un país son su futuro y la garantía de una viabilidad histórica responsable. Por ello, las acciones presentes son fundamentales para mejorar los determinantes sociales que permiten abordar oportunamente la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva holística, con énfasis en la promoción, la prevención de vulneraciones y en la articulación de actores, incluyendo a los propios sujetos de atención.
Otros avances que podemos señalar con orgullo y virtud popular son el Sistema Nacional de Bonos Sociales, Sistema Nacional de Becas, los Huertos Escolares, las cajas rurales, las construcciones escolares y un sistema nacional de cuidados para todos los hondureños y hondureñas. Como no mencionar el programa Yo Sí Puedo, el cual pretende alfabetizar a más de 100,000 personas con la activa solidaridad internacionalista de decenas de maestros cubanos y maestras cubanas.
En resumen, el liderazgo de Castro tiene una importancia particular por varias razones.
Rompe con el legado autoritario y patriarcal de Honduras. Honduras ha sido históricamente gobernada por regímenes militares y élites corruptas. Su presidencia desafía este orden establecido y ha abierto nuevas posibilidades para la democracia participativa y la inclusión.
Representa un cambio hacia políticas más progresistas. Xiomara Castro ha prometido y cumplido en implementar una serie de reformas progresistas, incluyendo la ampliación del acceso a la educación y la atención sanitaria, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Estas políticas tienen el potencial de transformar la vida de millones de hondureños y sentar un precedente para otros países de la región.
Su gobierno ha permitido fortalecer el eje progresista en América Latina. La gestión presidencial de Xiomara Castro vigoriza los gobiernos progresistas en América Latina, incluyendo países como México, Colombia, Chile y Bolivia. Su conducta representa un alejamiento del neoliberalismo imperante e impuesto, renovando su compromiso con la justicia social y la integración regional.
Con esta experiencia y contexto, el nombramiento de Xiomara Castro, como presidenta de la CELAC para el periodo 2024-2025, señala un momento histórico y transformador. Su liderazgo no solo rompe barreras, al ser una mujer progresista en ocupar este cargo, sino que también trae consigo la promesa de un enfoque renovado basado en principios de justicia social, democracia participativa y solidaridad regional.
En la coyuntura actual de América Latina y el Caribe, la relevancia de organizaciones regionales que promuevan la integración, cooperación y desarrollo sostenible nunca ha sido más crítica. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), establecida como un mecanismo intergubernamental para el diálogo y la concertación política, emerge como una plataforma esencial en la redefinición de las relaciones internacionales de la región, contrastando significativamente con la Organización de los Estados Americanos (OEA), percibida por muchos y muchas como una entidad que ha favorecido históricamente intereses pro-imperialistas de los Estados Unidos.
Xiomara Castro, cuyo mandato en Honduras, como hemos evidenciado, ha estado marcado por un compromiso firme hacia políticas socialistas democráticas, enfrenta el reto de canalizar esta visión hacia el escenario más amplio de América Latina y el Caribe, abordando cuestiones fundamentales como la desigualdad, los derechos humanos y el cambio climático, entre otros. Su liderazgo en la CELAC es una oportunidad sin precedentes para reafirmar el papel de la organización como un contrapeso a las dinámicas tradicionales del poder internacional y como un motor de cambio progresista en la región.
La responsabilidad de ser la tercera mujer en presidir la CELAC desde su creación en 2010. Vuelve a marcar una inflexión histórica y altamente simbólica dado el machismo imperante aún en la región y en la política. Más aún, cuando se alzan relatos conservadores, disfrazados de liberalismo, que quieren retrotraer los avances en cuanto a la igualdad de género y la participación de las mujeres y su autonomía en la política y en las cuestiones de estado. La presidencia de Xiomara Castro abre una nueva era para la integración latinoamericana con una perspectiva de género y una agenda progresista enfocada en temas sociales.
El gobierno de Xiomara Castro en Honduras se ha orientado a refundar Honduras bajo un modelo de socialismo democrático y progresista, defendiendo los intereses de las grandes mayorías empobrecidas, con programas sociales ambiciosos, especialmente para reducir la desigualdad de género. Por ello, su futura presidencia de la CELAC es emblemática y crucial para impulsar una agenda progresista de integración latinoamericana, en momentos cuando la OEA continua totalmente cooptada por los intereses estadounidenses.
Su presidencia de la CELAC es una oportunidad única para dar un nuevo impulso progresista a la integración latinoamericana y caribeña, más allá de los bloqueos ideológicos y la parálisis de los últimos años. Los desafíos son enormes dado el contexto de múltiples crisis que enfrenta la región. Pero confiamos en que el liderazgo de Xiomara puede convocar la voluntad política para avanzar en soluciones comunes frente a problemas que nos afectan a todos.
El liderazgo de Xiomara Castro tiene un significado profundo para la región latinoamericana:
Es inspiración a otros movimientos progresistas. Su victoria y gestión ha demostrado que es posible desafiar al statu quo y construir movimientos políticos basados en la justicia social y la inclusión con fuerte raigambre popular y partición de las bases sociales. Su ejemplo puede inspirar a otros movimientos progresistas en la región y fortalecer la lucha por un cambio transformador.
Promueve la integración regional. Xiomara ha expresado su compromiso con la integración regional y la revitalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Una CELAC más fuerte puede servir como plataforma para la cooperación y la solidaridad entre los países de la región, promoviendo el desarrollo económico, la justicia social y la paz.
Fortalece la voz de las mujeres en la política. La designación como presidenta CELAC será un testimonio del creciente papel de las mujeres en la política latinoamericana. Su liderazgo puede empoderar a las mujeres en toda la región y abrir nuevas oportunidades para su participación en la toma de decisiones.
El mandato de la CELAC durante el periodo 2024-2025 se enfrenta a una serie de desafíos que requieren una visión progresista y soluciones integrales:
Se debe revisar la implementación de modelos neoliberales. A pesar de los avances en algunas áreas, muchos gobiernos progresistas han adoptado o se han resistido a modificar políticas neoliberales, lo que ha retrasado la salida de las condiciones de desigualdad social, socavando los derechos laborales y económicos y aumentando la pobreza. La CELAC debe abordar este problema promoviendo modelos económicos centrados en el bienestar humano y la distribución equitativa de la riqueza.
El desempleo y el subempleo continúan siendo un flagelo en la región. La CELAC debe impulsar políticas que generen empleo digno y sostenible, fomentando el crecimiento económico inclusivo y la diversificación productiva con un claro enfoque de desarrollo territorial y el fortalecimiento de una economía local con innovación social.
Inflación. Los altos niveles de inflación están erosionando el poder adquisitivo de los salarios y agravando la pobreza. La CELAC debe coordinar esfuerzos para frenar la inflación y proteger a los más vulnerables.
Igualdad de Género. La desigualdad de género persiste en todos los ámbitos de la sociedad, desde los salarios hasta la violencia contra las mujeres. La CELAC debe promover políticas y acciones concretas para cerrar las brechas de género y garantizar los derechos plenos de las mujeres.
Migración. Las migraciones masivas son un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral. La CELAC debe abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y el cambio climático, y promover soluciones humanitarias y respetuosas de los derechos humanos. Y en algunos casos, garantizar el retorno seguro y digno a quienes deseen retornar a sus países de origen.
Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es una preocupación importante en muchos países de la región. La CELAC debe promover políticas de seguridad centradas en la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, evitando enfoques punitivos que exacerban el problema. Lo que no quiere decir tomar acciones robustas, contundentes y decididas contra el crimen organizado, el cual, es funcional al modelo de explotación económica y expoliación de la naturaleza. El tráfico y trata de personas, el tráfico de armas y de drogas deben ser combatido sin vacilaciones, porque son un atentado a la seguridad humana y a los derechos humanos
Defensa de la Naturaleza. La región enfrenta amenazas ambientales importantes, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. La CELAC debe promover una agenda ambiental ambiciosa para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y promover la sostenibilidad.
América Latina y el Caribe Libre de Guerras. La CELAC debe continuar defendiendo la paz y la no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros, promoviendo el diálogo, la negociación y la resolución pacífica de los conflictos.
Descolonización del Continente. La CELAC debe continuar apoyando los procesos de descolonización y autodeterminación de los territorios no autónomos de la región, como Puerto Rico, las Malvinas, la Guayana Francesa y Martinica.
Defensa de las Riquezas Naturales. La CELAC debe fortalecer su posición en la defensa de las riquezas naturales de la región, promoviendo la explotación sostenible y justa, y evitando la dependencia excesiva de las materias primas.
Acuerdo con el BRICS. La CELAC debe explorar formas de profundizar la cooperación con el BRICS en un espíritu de armonía, justicia, solidaridad económica y respeto mutuo. Toda relación económica simétrica en términos de derechos y oportunidades debe ser establecida como prioridad ante otro tipo de relaciones asimétricas e injustas que solo buscan el beneficio unilateral de las grandes potencias y el imperialismo.
Derechos Humanos. La CELAC debe continuar promoviendo los derechos humanos como un pilar fundamental de la cooperación regional, denunciando las violaciones y exigiendo responsabilidad por los crímenes del pasado y del presente.
Defensa de los Pueblos Originarios. La CELAC debe priorizar la defensa de los derechos de los pueblos originarios, reconociendo su importancia como custodios de la tierra y la cultura, y promoviendo su participación activa en los procesos de toma de decisiones.
Lucha contra el Racismo. El racismo y la discriminación continúan afectando profundamente a las sociedades de la región. La CELAC debe abordar este problema mediante políticas y acciones concretas que promuevan la igualdad racial y la inclusión.
Sin duda que la CELAC enfrenta múltiples desafíos que requieren un fuerte liderazgo progresista para encarar los problemas estructurales de la región con soluciones de fondo. No cabe duda que los problemas son muchos, pero si pudiéramos mencionar cinco desafíos basales para el periodo 20124-2025 estos serían:
Crisis migratoria y de refugiados. América Latina enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con millones de personas desplazadas por la violencia, la pobreza, el cambio climático y la búsqueda de oportunidades. Se requieren políticas integrales, con perspectiva de derechos humanos, para ordenar los flujos migratorios, proteger a los migrantes, refugiados y desplazados, e impulsar la cooperación entre países expulsores y receptores.
Crisis climática. Los impactos del calentamiento global son cada vez más evidentes en la región, con eventos climáticos extremos que exacerban otros problemas sociales y amenazan avances en reducción de pobreza. Es crucial una agenda climática ambiciosa, que incluya adaptación, mitigación, financiamiento climático y pérdidas/daños. La CELAC puede liderar las demandas del Sur Global por justicia climática. El cambio climático es una amenaza grave para la región, con impactos que incluyen el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y escasez de agua. La CELAC debe promover la cooperación regional para mitigar los efectos del cambio climático, adaptarse a sus impactos y desarrollar fuentes de energía sostenibles.
Crisis económica y desigualdad. La región sigue teniendo brechas económicas, sociales y de género inaceptables. La pandemia revirtió logros en reducción de pobreza y exacerba la desigualdad. Se necesitan políticas redistributivas audaces -reformas fiscales, gasto social, formalización laboral, acceso a crédito, infraestructura, etc.- para retomar la senda del desarrollo sostenible.
Integración y cooperación regional. Frente a un mundo convulsionado, es indispensable profundizar la integración de América Latina y el Caribe, tanto en lo económico-comercial como en lo político y social. Debemos hablar con una sola voz en foros globales. Hay que relanzar y perfeccionar mecanismos como UNASUR, Alba, Mercosur, SICA y CARICOM, superando obstáculos políticos coyunturales. La unidad latinoamericana es indispensable. América Latina y el Caribe han sido históricamente objeto de injerencia extranjera, tanto por parte de Estados Unidos como de otras potencias globales. Esta injerencia ha socavado la soberanía de los países de la región y ha obstaculizado su capacidad para determinar su propio destino. La CELAC debe fortalecer la unidad regional y promover la autodeterminación para resistir la injerencia extranjera y construir un futuro más independiente para la región.
Democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. La ola conservadora y autoritaria que azotó a la región debe ser revertida para fortalecer las instituciones democráticas, promover los derechos humanos, combatir la impunidad y enfrentar los altos niveles de corrupción e inseguridad ciudadana. Se requieren políticas de Estado vigorosas y regionales para defender las libertades ciudadanas, transparentar la gestión pública, proteger a líderes sociales, regular el financiamiento político y sancionar severamente la corrupción. La corrupción y la impunidad son obstáculos importantes para el desarrollo y la democracia en la región. La corrupción drena recursos públicos, socava la confianza en las instituciones y perpetúa la desigualdad. La CELAC debe fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, promover la transparencia y combatir la impunidad para crear un entorno más justo y equitativo. La inseguridad y la violencia son problemas generalizados en muchas partes de América Latina y el Caribe. La violencia de las pandillas, el crimen organizado y el tráfico de drogas han creado un clima de miedo e inestabilidad en muchas comunidades. La CELAC debe abordar este desafío mediante el fortalecimiento de las fuerzas policiales, mejorando los sistemas judiciales y promoviendo programas de prevención de la violencia.
Estos cinco desafíos están interrelacionados y requieren un enfoque integral por parte de la CELAC. La desigualdad económica y la pobreza alimentan la corrupción y la impunidad, mientras que la inseguridad y la violencia dificultan el desarrollo económico y social. El cambio climático amenaza la estabilidad y el bienestar de la región, mientras que la injerencia extranjera socava la democracia y la autodeterminación. La CELAC debe desarrollar estrategias integrales que aborden estos desafíos de manera simultánea. Esto requerirá una fuerte cooperación regional, la voluntad política de implementar reformas y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de toda la región para construir un futuro más justo, pacífico y próspero.
Para superar estos desafíos, es imprescindible dejar atrás las recetas neoliberales que han prevalecido en las últimas décadas en la región, incluso bajo gobiernos progresistas. El fundamentalismo de mercado, la apertura irrestricta, la desregulación financiera y laboral, y las políticas de austeridad fiscal han demostrado su rotundo fracaso para resolver los problemas estructurales de América Latina y el Caribe. Por el contrario, han aumentado la desigualdad, precarizado el empleo, debilitado los servicios públicos, desmantelado la institucionalidad social y profundizado la primarización de nuestras economías.
Debemos virar hacia un paradigma de desarrollo que ponga por delante los derechos de la ciudadanía, la reducción de brechas sociales y territoriales, la diversificación productiva, la agregación de valor a nuestras exportaciones y la construcción de sociedades del conocimiento. Los derechos y la inclusión social deben estar por encima de las frías leyes del mercado. Es hora de un pacto social regional más justo e igualitario.
Es hora de que América Latina y el Caribe conjuntamente adopten un enfoque económico que priorice la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad. Sin temores, sin vacilaciones y sin concesiones ideológicas a los propagandistas de la privatización, la concentración económica y la mentira de la distribución por chorreo.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 10% más rico de la población de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee solo el 2%. El índice de Gini, una medida de desigualdad, es más alto en América Latina que en cualquier otra región del mundo. Más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en la pobreza.
Según Transparencia Internacional, 14 de los 20 países más corruptos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. En 2021, el costo de la corrupción en América Latina y el Caribe se estimó en 2,6 billones de dólares. En muchos países de América Latina y el Caribe, los funcionarios corruptos rara vez son castigados.
La tasa de homicidios en América Latina y el Caribe es más del doble del promedio mundial. En 2021, más de 400.000 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe. La violencia de las pandillas es un problema importante en muchos países de la región, particularmente en Centroamérica.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático. Se espera que el aumento del nivel del mar desplace a millones de personas en la región en las próximas décadas. Los eventos climáticos extremos, como huracanes y sequías, se están volviendo más frecuentes e intensos debido al cambio climático.
Estados Unidos ha intervenido repetidamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños a lo largo de la historia. La injerencia extranjera ha socavado la soberanía de los países de la región y ha obstaculizado su capacidad para determinar su propio destino.
Por ello la visión de la integración regional en América Latina y el Caribe desde la CELAC debiera referirse al proceso de incrementar la cooperación y coordinación entre los países de la región en diversos ámbitos, como el económico, el político y el social. El objetivo final es crear una región más unificada, próspera y justa.
Próspera: Donde todos los países tengan acceso a oportunidades económicas y sociales, y donde la pobreza y la desigualdad se reduzcan.
Justa: Donde se respeten los derechos humanos de todas las personas, y donde haya igualdad de oportunidades para todos.
Pacífica: Donde se resuelvan los conflictos de manera pacífica y donde no haya violencia ni inestabilidad.
Sostenible: Donde el desarrollo económico y social se lleve a cabo de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales.
Unida: Donde los países trabajen juntos para abordar desafíos comunes y promover el bien común.
El próximo mandato de la CELAC representa una oportunidad crucial para avanzar hacia una América Latina y el Caribe más unida, justa y sostenible. Al abordar los desafíos identificados en esta ponencia y adoptar un enfoque progresista, la región puede superar los obstáculos y construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos y ciudadanas. La presidencia de Xiomara Castro, con su compromiso con la justicia social y la igualdad, ofrece un camino inspirador para este viaje. Juntos, bajo la bandera de la CELAC, podemos promover una agenda de integración, paz, desarrollo y bienestar para todas y todos.
Es tiempo de unidad, es tiempo de integración, es tiempo de vida digna para los pueblos. La CELAC tiene una cita histórica con el destino, con los oprimidos, explotados y con las mujeres de todo el continente. ¡Acompañemos a Xiomara Castro en esta cruzada! América Latina y el Caribe, unidos y unidas, seremos invencibles.
*Sociólogo y asesor político
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Análisis
Guerra, inflación y ajuste sin fin
El ajuste libertario analizado por el Foro de Economía y Trabajo.
Por Foro de Economía y Trabajo
La “guerra económica” abierta cuyas consecuencias sufre toda la humanidad, se agravó al perpetrarse la barbarie bélica de EEUU e Israelcontra Irán, agresión que el presidente Milei respalda y tiene como uno de sus objetivos – como también se verifica desde la intervención del presidente estadounidense en Venezuela – el control de la producción y comercialización de los hidrocarburos.
La repercusión en los precios internacionales del gas y el petróleo fue inmediata. Como la energía atraviesa transversalmente toda la economía, involucra también al precio de los alimentos, golpeando las condiciones de vida de cientos de millones de personas.
Llamativamente el gobierno de Javier Milei y sus economistas vienen afirmando que Argentina en esta situación tendría condiciones «ganadoras» y aumento de las exportaciones.
Al mismo tiempo, asignan el mismo motivo – el salto de los precios mundiales – al actual empuje inflacionario para justificar el empeoramiento inflacionario económico y social, a pesar de que Argentina cuenta con capacidad superlativa para la producción – tanto de energía como de alimentos – para satisfacer la demanda interna con la producción propia y permitir excedentes crecientes de exportación, con costos muy menores a los precios internacionales.
Con esa excusa del «aumento de los precios internacionales » se oculta quién se apropia de la renta diferencial y extraordinaria que, en razón de esas ventajas de nuestro país, y a costa de las condiciones de vida de la población cuando se imponen esos precios en el mercado interno.
Con guerra o sin guerra, con la política de “hagan plata, evadan y fuguen divisas cuanto quieran” de Luis Caputo y Javier Milei, la población paga sin justificación a precio internacional los consumos e insumos que produce y consume en pesos, empeorando las condiciones de trabajo, de pérdida de empleo, de calidad de vida y competitivas para producir con trabajo argentino agregado.
Es la repetida experiencia de planes económicos en favor de pocos muy ricos, que perjudican al conjunto de la sociedad y el país. Como ya ha sucedido, se suma la apertura importadora; y la respuesta que dan un alto número de empresas es profundizar una reconversión de sus estrategias de negocios: desplazan producción local, avanzan en la importación de bienes finales, recortan empleo y sostienen elevados márgenes de rentabilidad en la comercialización.
Así, se agrava el actual desorden macroeconómico con resultados regresivos, reflejados en mayor inflación, el deterioro de los ingresos, una creciente precarización de las condiciones laborales, expansión del pluriempleo, aumento de la marginalidad, endeudamiento para alimentos y servicios básicos con tasas usureras, empeoramiento de la calidad de vida de los hogares. Significa más inflación, recesión y desempleo que no se reflejan en las estadísticas oficiales.
LAS ESTADISTICAS OFICIALES
Una deliberada falta de eficacia estadística – funcional a la estrategia comunicacional del Gobierno- se manifiesta en particular en la medición oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que continúa utilizando ponderadores correspondientes a una estructura de consumo muy anterior (Encuesta Nacional de los Hogares-ENGHo 2004/05), por lo que su nivel general no refleja plenamente la evolución real del costo de vida que enfrentan los hogares.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el IPC Nacional, principal indicador para monitorear la inflación, acumuló una variación en torno al 293% y volvió a acelerarse desde mayo de 2025, con aumentos particularmente regresivos en rubros esenciales como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (540%) y Transporte (347%), que junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas (273%) concentran alrededor del 50% del gasto de consumo de los hogares, de acuerdo al patrón de consumo de la última Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo 2017/18) cuya aplicación se suspendió.
La no actualización de la estructura de ponderadores del IPC implica, para el período noviembre de 2023 – febrero de 2026, una brecha acumulada de alrededor de 19 puntos porcentuales, 280% vs. 299%, al comparar el IPC INDEC con el IPC CABA IDECBA (Instituto de Estadística y Censos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) este último con una estructura de consumo más actualizada.
En este contexto, las subas nominales de los ingresos laborales no logran compensar la inflación, lo que se traduce en pérdidas de poder adquisitivo, más acentuadas aún al considerar mediciones alternativas como el IPC CABA. Se verifica así una caída generalizada de ingresos hogareños en términos reales, con pérdidas de alrededor del 6,7% en los salarios del sector privado registrado, y superiores al 20% en promedio para el sector público (-38,4% en la Administración Pública Nacional; -13,7% en provincias, y -35,4% en Universidades a diciembre de 2025).
A febrero de 2026, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) se ubicaba apenas por encima de la línea de pobreza para un hogar tipo de 4 personas: $1.734.357 vs. $1.397.672. Mientras que, a marzo de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil – $352.400 – y el Haber mínimo jubilatorio -$369.601- aún permanecen por debajo de la línea de pobreza por adulto equivalente: $464.228, canasta básica total, y cabe preguntarse: ¿quién puede vivir con esta suma?
Es de destacar que, considerando los datos oficiales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a marzo de 2026, tiene un poder de compra reducido al 25% de la CBT correspondiente a una familia tipo de cuatro personas: $352.400 vs. $1.434.464.
Este ajuste permanente es la política básica con que el gobierno exhibe con engaño un superávit fiscal artificial, dado que capitaliza intereses de la deuda que no paga, incluso debe tomar la resolución de reducir el gasto público en un 20% con respeto al presupuesto, para poder pagar la deuda. Las consecuencias están a la vista: caída del consumo, de la demanda, la producción, el empleo y la recaudación fiscal.
El deterioro persistente de las condiciones del mercado de trabajo, se evidencia en la caída de la tasa de empleo y de la asalarización, el aumento de la tasa de desocupación —7,5% al 4T25, +1,8 puntos porcentuales respecto de igual período de 2023— y la persistencia de elevados niveles de no registro.
La supuesta reducción de la pobreza por ingresos desde principios de 2024 aparece explicada, también con engaño por el mayor peso de ingresos no laborales (transferencias) y por factores metodológicos asociados tanto a la captación de ingresos laborales y no laborales(cambios en los instrumentos de relevamiento y mejoras en la recordación, que podrían estar vinculadas en parte al uso de billeteras virtuales, entre otros) como a la falta de actualización de la canasta básica total con la que se mide la línea de pobreza, con base en la ENGHo 2017/18. La evolución observada no necesariamente refleja una mejora sostenida de los ingresos laborales.
Lejos de observarse “la clara mejora distributiva” que clama el gobierno, tenemos una tendencia regresiva en la distribución del ingreso, con pérdida de participación de los ingresos laborales tanto en los deciles más bajos como en los sectores medios, y una mayor dependencia de ingresos no laborales en los hogares de menores ingresos.
INFLACION: PROBLEMA CENTRAL
La inflación se agravó desde la mega devaluación del 12 de diciembre de 2023, potenciada por la liberalización de los precios y la injusticia tributaria, el deterioro social y económico.
Los salarios, el gasto público social o el “exceso de demanda interna” popular no son las causas del alza del índice de precios. Tampoco lo es la emisión monetaria, siendo que el gobierno oculta con «contabilidad creativa» el crecimiento gigantesco de endeudamiento público para sostener la ola de especulación financiera y fuga de capitales, que sí es la causa principal de la inflación.
La inflación es un problema central para nuestra economía nacional, con múltiples causas: comenzando por una deliberada desregulación y la internacionalización de los precios. Esta resulta favorable a comportamientos especulativos de posición dominante de grupos monopólicos/ oligopólicos que prevalecen en sectores claves de oferta de productos y servicios. En ella incide la fuga de divisas por diversas vías, las condiciones de los fraudulentos acuerdos con el Fondo Monetario, las altas tasas de interés anti-productivas, la regresividad del sistema tributario donde el 70% de la recaudación se origina en impuestos indirectos, que generalmente son trasladados a los precios de los bienes y servicios.
ACUERDO PARA UNA SALIDA ORDENADA
No hay una salida ordenada del desorden económico generado por este gobierno sin comenzar a construir, desde ahora, un acuerdo sobre un plan común que aborde un cambio de rumbo drástico, que contemple metas, compromisos y estímulos regionales y sectoriales de mediano y largo plazo, con eje en el trabajo y la producción.
En ese sentido, la superación de la actual emergencia económica tiene como requisito un acuerdo sobre conformación y análisis transparente de precios con abastecimiento garantizado. Abordando en primer lugar alimentos y energía asequibles tanto para la emergencia como para el crecimiento económico, siendo que el país cuenta con capacidad superlativa para satisfacer la demanda interna con costos muy menores a los internacionales.
En su definición, ejecución y supervisión son imprescindibles la participación de los trabajadores, los empresarios, y de los consumidores en general. En este sentido es que coincidimos que puede resultar muy positiva la anunciada constitución de un observatorio anunciado por la CGT para la elaboración de indicadores propios.
Esta participación no será posible sin establecer un adecuado sistema de información pública, que a su vez es requisito para la eficacia y eficiencia de una política de orientación de los precios virtuosa:
● con índices de precios creíbles, basado en una encuesta nacional de hogares que se actualice de manera regular para captar los cambios en los gastos y consumos de los mismos;
● con un seguimiento de carácter público y publicitado, transparente, de la estructura de costos de producción y comercialización de los distintos consumos para vivir y los insumos para producir.
Esto es imprescindible para inducir márgenes de ganancia razonablesy transparentar las cadenas de valor haciendo pública su integración a la par que se ponen en evidencia sus carencias o “huecos” que redundan negativamente en costos y precios, a fin de planificar su superación.
MEDIDAS A CONSIDERAR EN LA EMERGENCIA
Argentina, país productivo y exportador, puede:
1. garantizar la afirmación de soberanía – en primer lugar, la seguridad alimentaria y energética – para sostener condiciones dignas de vida, con menores costos tanto industriales como de los servicios. Comenzando por desacoplar los precios locales de los mundiales. Con estos últimos en alza y costos locales relativamente más bajos, el interrogante abierto es quién se queda con la renta diferencial y cómo se reparte;
2. por lo tanto, basar el análisis y negociación de tarifas de servicios públicos únicamente en base a costos reales en el país, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales. Determinar tarifas sociales para la energía eléctrica, el gas, el agua, y los combustibles en función de garantizar los derechos humanos y la vida de todas las familias; la producción industrial y de servicios de las Pymes y los emprendimientos sociales. En particular, la energía debe estar al servicio de un modelo económico que priorice la generación de empleo.
3. Controlar el tipo de cambio y regular los valores de las tasas de interés, decretando la emergencia cambiaria y regulatoria para que el BCRA preserve las reservas internacionales y se transparente su utilización a prioridades sociales, productivas y financieras claramente establecidas. Y a su vez que el crédito a los hogares y la producción sea accesible y razonable.
4. Fijar Cupos de Exportación en los sectores que corresponda, como medida de protección para limitar las exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que realiza el país durante el período de crisis energética o alzas inusuales de precios o escasez de determinados productos, como alimentos, combustibles, medicamentos, etc., a fin de abastecer en primer lugar las necesidades internas del país.
5. Aumentar los derechos de exportación, que no sólo significa mayor ingreso para el fisco, sino que abarata en el porcentaje de la retención el precio del producto en el mercado interno al desacoplar los precios locales de los internacionales.
6. Establecer un control más estricto de las importaciones, para favorecer el ingreso de bienes y servicios necesarios para el consumo básico y de insumos para la producción, y eliminar o al menos reducir el ingreso de mercancías superfluas y productos a precios de dumping. Restablecer los valores de referencia y el canal rojo aduanero.
7. Fijar provisoriamente los precios – acordes con los costos reales de producción- por un plazo determinado de los productos de la Canasta Básica Total, y de los insumos centrales en la cadena de valor de los sectores productivos. Para garantizar su vigencia resulta importante la participación de sindicatos, organizaciones sociales, y asociaciones de consumidores.
8. Corregir, con los organismos de defensa de la competencia, las ventajas monopólicas u oligopólicas en relación con productos y servicios claves.
9. Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen las empresas productoras de las materias primas básicas e insumos difundidos, que imponen subas de precios indiscriminadas en cada cadena de valor;
10. Identificar empresas y sociedades, con el fin de diferenciar su tratamiento y los correspondientes requerimientos informativos públicos para lograr una acción positiva y efectiva de la sociedad y el Estado en relación con los desafíos de la producción, la distribución, la fiscalización de la evasión/elusión tributaria la fuga de capitales, el comercio exterior y la inflación. Un paso imprescindible es avanzar en la regulación de la figura jurídica del “grupo económico” en la Ley de Sociedades.
11. Como decimos la regresividad tributaria tiene indudable incidencia en la formación de precios, habida cuenta de que el 70% de la recaudación fiscal se origina en impuestos indirectos, que generalmente son trasladados a precios; ello sin olvidar que los impuestos “directos” suelen transformarse en “indirectos” cuando son pagados por empresas con posición dominante en los mercados. Urge abordar una reforma progresiva, y en un próximo documento actualizaremos nuestra propuesta para superar las inequidades que hacen que soporten más carga tributaria quienes menos tienen.
Por último, señalamos que, para una adecuada administración de los precios, se necesita aplicar normas existentes como ser las Leyes de Defensa del Consumidor 24240, de Defensa de la Competencia 27742, y poner en vigencia efectiva – con intervención del Congreso de la Nación- las Leyes 20.680 de Abastecimiento, Ley 26.991 Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo.”, 27.545 de Góndolas (con derogación inconstitucional por el DNU 70/23, rechazada por el Senado de la Nación).
Cabe revisarlas estableciendo las condiciones para su aplicación, pero sin resignarlas, habida cuenta la conducta histórica de los formadores de precios y su gravísima responsabilidad en las sucesivas crisis socioeconómicas que todas las familias trabajadoras y nuestro país han sufrido. Este análisis debe comenzarse con urgencia dado el previsible desenlace de la política económica, teniendo presente que esta legislación, necesitamos hacer la salvedad, nunca ha sido estricta ni armoniosamente aplicada en el pasado. Ha faltado estructura y capacidad de acción territorial suficiente para hacerlo, así como un uso eficiente de los avances tecnológicos disponibles, carencia del Estado que necesita superarse.
Por las razones que se exponen, una de las reformas que cabría realizar y creemos relevante es impulsar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia(CNDC) pasen a jurisdicción del Congreso de la Nación, para tener autonomía en relación al Poder Ejecutivo de turno.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Eduardo Codianni, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl “Rulo” Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, Néstor Forero, José M.Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Antonio Mezmezian, Felisa Miceli, Andrés Repar, Alejandro Rofman,Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva,Juan Carlos Teso, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)
* FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que participan en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
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