Análisis
Xiomara Castro al frente de la Celac
Es tiempo de vida digna para los pueblos.
Por Ricardo Balladares Castilla*
La elección de Xiomara Castro como presidenta de Honduras en 2022 marcó un hito histórico en la política centroamericana. Es la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país y su victoria representa un triunfo significativo para los movimientos sociales y sectores progresistas en la región, encarnando, así, la esperanza de una izquierda democrática y progresista en la región. Su triunfo puso fin a la hegemonía conservadora tras el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.
Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras con la promesa de un cambio significativo hacia un gobierno más inclusivo y equitativo. Su enfoque en la redistribución de recursos, la ampliación de los servicios públicos y la promoción de derechos para los más desfavorecidos ha sido un nuevo faro de esperanza para muchos en su país y en la región centro americana. Sin embargo, su gobierno también ha enfrentado desafíos significativos, desde enfrentar la resistencia interna hasta navegar por un panorama internacional complicado. Pero con todo, Xiomara Castro ha podido avanzar junto a los hondureños y hondureñas en un plan de reconstrucción y refundación nacional hacia un horizonte estratégico motivado por la justicia social y la responsabilidad humana. Así es como destaca el Plan Bicentenario, un plan de desarrollo integral que busca transformar a Honduras en una sociedad más justa, equitativa y próspera para el 2025, bicentenario de la independencia del país. El Programa de Refundación Nacional, plan que consiste en abordar las necesidades urgentes del país después de años de corrupción y mala gestión, incluida la reconstrucción de la infraestructura, la reactivación económica y la lucha contra la pobreza.
En ese marco es que el 2023 se constituye el Gabinete Social 2023 con un nuevo modelo de gestión que rige la implementación de la Política Pública de Protección Social Universal con más de 20 Instituciones Estatales y la asesoría técnica de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Dando especial prioridad a temas urgentes como la emergencia alimentaria en el corredor seco de Honduras y los riesgos por las sequías recurrentes; la protección social de la infancia; las estrategias institucionales para reducir los embarazos en adolescentes y la protección social de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza a través del Programa Red Solidaria.
Esta Política de Protección Social fue el primer paso hacia la construcción de la nueva Ley de Protección Social del país, uno de los retos del Gobierno de la Refundación. Importancia cobra en este contexto la red Solidaria y la urgente Resiliencia frente al Cambio Climático en el Corredor Seco de Honduras. Lo anterior ha permitido desarrollar una estrategia que facilita al Gobierno actuar antes, durante y después del período de crisis para reducir las medidas de afrontamiento negativo con atención humanitaria que mejore la disponibilidad y el acceso a alimentos, así como la creación y recuperación de sus medios de vida. Un estado eficiente con perspectiva en la seguridad y responsabilidad humana y climática.
Otro pilar importante está siendo la Política Nacional para Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras 2021-2030. Los niños y niñas de un país son su futuro y la garantía de una viabilidad histórica responsable. Por ello, las acciones presentes son fundamentales para mejorar los determinantes sociales que permiten abordar oportunamente la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva holística, con énfasis en la promoción, la prevención de vulneraciones y en la articulación de actores, incluyendo a los propios sujetos de atención.
Otros avances que podemos señalar con orgullo y virtud popular son el Sistema Nacional de Bonos Sociales, Sistema Nacional de Becas, los Huertos Escolares, las cajas rurales, las construcciones escolares y un sistema nacional de cuidados para todos los hondureños y hondureñas. Como no mencionar el programa Yo Sí Puedo, el cual pretende alfabetizar a más de 100,000 personas con la activa solidaridad internacionalista de decenas de maestros cubanos y maestras cubanas.
En resumen, el liderazgo de Castro tiene una importancia particular por varias razones.
Rompe con el legado autoritario y patriarcal de Honduras. Honduras ha sido históricamente gobernada por regímenes militares y élites corruptas. Su presidencia desafía este orden establecido y ha abierto nuevas posibilidades para la democracia participativa y la inclusión.
Representa un cambio hacia políticas más progresistas. Xiomara Castro ha prometido y cumplido en implementar una serie de reformas progresistas, incluyendo la ampliación del acceso a la educación y la atención sanitaria, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Estas políticas tienen el potencial de transformar la vida de millones de hondureños y sentar un precedente para otros países de la región.
Su gobierno ha permitido fortalecer el eje progresista en América Latina. La gestión presidencial de Xiomara Castro vigoriza los gobiernos progresistas en América Latina, incluyendo países como México, Colombia, Chile y Bolivia. Su conducta representa un alejamiento del neoliberalismo imperante e impuesto, renovando su compromiso con la justicia social y la integración regional.
Con esta experiencia y contexto, el nombramiento de Xiomara Castro, como presidenta de la CELAC para el periodo 2024-2025, señala un momento histórico y transformador. Su liderazgo no solo rompe barreras, al ser una mujer progresista en ocupar este cargo, sino que también trae consigo la promesa de un enfoque renovado basado en principios de justicia social, democracia participativa y solidaridad regional.
En la coyuntura actual de América Latina y el Caribe, la relevancia de organizaciones regionales que promuevan la integración, cooperación y desarrollo sostenible nunca ha sido más crítica. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), establecida como un mecanismo intergubernamental para el diálogo y la concertación política, emerge como una plataforma esencial en la redefinición de las relaciones internacionales de la región, contrastando significativamente con la Organización de los Estados Americanos (OEA), percibida por muchos y muchas como una entidad que ha favorecido históricamente intereses pro-imperialistas de los Estados Unidos.
Xiomara Castro, cuyo mandato en Honduras, como hemos evidenciado, ha estado marcado por un compromiso firme hacia políticas socialistas democráticas, enfrenta el reto de canalizar esta visión hacia el escenario más amplio de América Latina y el Caribe, abordando cuestiones fundamentales como la desigualdad, los derechos humanos y el cambio climático, entre otros. Su liderazgo en la CELAC es una oportunidad sin precedentes para reafirmar el papel de la organización como un contrapeso a las dinámicas tradicionales del poder internacional y como un motor de cambio progresista en la región.
La responsabilidad de ser la tercera mujer en presidir la CELAC desde su creación en 2010. Vuelve a marcar una inflexión histórica y altamente simbólica dado el machismo imperante aún en la región y en la política. Más aún, cuando se alzan relatos conservadores, disfrazados de liberalismo, que quieren retrotraer los avances en cuanto a la igualdad de género y la participación de las mujeres y su autonomía en la política y en las cuestiones de estado. La presidencia de Xiomara Castro abre una nueva era para la integración latinoamericana con una perspectiva de género y una agenda progresista enfocada en temas sociales.
El gobierno de Xiomara Castro en Honduras se ha orientado a refundar Honduras bajo un modelo de socialismo democrático y progresista, defendiendo los intereses de las grandes mayorías empobrecidas, con programas sociales ambiciosos, especialmente para reducir la desigualdad de género. Por ello, su futura presidencia de la CELAC es emblemática y crucial para impulsar una agenda progresista de integración latinoamericana, en momentos cuando la OEA continua totalmente cooptada por los intereses estadounidenses.
Su presidencia de la CELAC es una oportunidad única para dar un nuevo impulso progresista a la integración latinoamericana y caribeña, más allá de los bloqueos ideológicos y la parálisis de los últimos años. Los desafíos son enormes dado el contexto de múltiples crisis que enfrenta la región. Pero confiamos en que el liderazgo de Xiomara puede convocar la voluntad política para avanzar en soluciones comunes frente a problemas que nos afectan a todos.
El liderazgo de Xiomara Castro tiene un significado profundo para la región latinoamericana:
Es inspiración a otros movimientos progresistas. Su victoria y gestión ha demostrado que es posible desafiar al statu quo y construir movimientos políticos basados en la justicia social y la inclusión con fuerte raigambre popular y partición de las bases sociales. Su ejemplo puede inspirar a otros movimientos progresistas en la región y fortalecer la lucha por un cambio transformador.
Promueve la integración regional. Xiomara ha expresado su compromiso con la integración regional y la revitalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Una CELAC más fuerte puede servir como plataforma para la cooperación y la solidaridad entre los países de la región, promoviendo el desarrollo económico, la justicia social y la paz.
Fortalece la voz de las mujeres en la política. La designación como presidenta CELAC será un testimonio del creciente papel de las mujeres en la política latinoamericana. Su liderazgo puede empoderar a las mujeres en toda la región y abrir nuevas oportunidades para su participación en la toma de decisiones.
El mandato de la CELAC durante el periodo 2024-2025 se enfrenta a una serie de desafíos que requieren una visión progresista y soluciones integrales:
Se debe revisar la implementación de modelos neoliberales. A pesar de los avances en algunas áreas, muchos gobiernos progresistas han adoptado o se han resistido a modificar políticas neoliberales, lo que ha retrasado la salida de las condiciones de desigualdad social, socavando los derechos laborales y económicos y aumentando la pobreza. La CELAC debe abordar este problema promoviendo modelos económicos centrados en el bienestar humano y la distribución equitativa de la riqueza.
El desempleo y el subempleo continúan siendo un flagelo en la región. La CELAC debe impulsar políticas que generen empleo digno y sostenible, fomentando el crecimiento económico inclusivo y la diversificación productiva con un claro enfoque de desarrollo territorial y el fortalecimiento de una economía local con innovación social.
Inflación. Los altos niveles de inflación están erosionando el poder adquisitivo de los salarios y agravando la pobreza. La CELAC debe coordinar esfuerzos para frenar la inflación y proteger a los más vulnerables.
Igualdad de Género. La desigualdad de género persiste en todos los ámbitos de la sociedad, desde los salarios hasta la violencia contra las mujeres. La CELAC debe promover políticas y acciones concretas para cerrar las brechas de género y garantizar los derechos plenos de las mujeres.
Migración. Las migraciones masivas son un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral. La CELAC debe abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y el cambio climático, y promover soluciones humanitarias y respetuosas de los derechos humanos. Y en algunos casos, garantizar el retorno seguro y digno a quienes deseen retornar a sus países de origen.
Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es una preocupación importante en muchos países de la región. La CELAC debe promover políticas de seguridad centradas en la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, evitando enfoques punitivos que exacerban el problema. Lo que no quiere decir tomar acciones robustas, contundentes y decididas contra el crimen organizado, el cual, es funcional al modelo de explotación económica y expoliación de la naturaleza. El tráfico y trata de personas, el tráfico de armas y de drogas deben ser combatido sin vacilaciones, porque son un atentado a la seguridad humana y a los derechos humanos
Defensa de la Naturaleza. La región enfrenta amenazas ambientales importantes, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. La CELAC debe promover una agenda ambiental ambiciosa para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y promover la sostenibilidad.
América Latina y el Caribe Libre de Guerras. La CELAC debe continuar defendiendo la paz y la no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros, promoviendo el diálogo, la negociación y la resolución pacífica de los conflictos.
Descolonización del Continente. La CELAC debe continuar apoyando los procesos de descolonización y autodeterminación de los territorios no autónomos de la región, como Puerto Rico, las Malvinas, la Guayana Francesa y Martinica.
Defensa de las Riquezas Naturales. La CELAC debe fortalecer su posición en la defensa de las riquezas naturales de la región, promoviendo la explotación sostenible y justa, y evitando la dependencia excesiva de las materias primas.
Acuerdo con el BRICS. La CELAC debe explorar formas de profundizar la cooperación con el BRICS en un espíritu de armonía, justicia, solidaridad económica y respeto mutuo. Toda relación económica simétrica en términos de derechos y oportunidades debe ser establecida como prioridad ante otro tipo de relaciones asimétricas e injustas que solo buscan el beneficio unilateral de las grandes potencias y el imperialismo.
Derechos Humanos. La CELAC debe continuar promoviendo los derechos humanos como un pilar fundamental de la cooperación regional, denunciando las violaciones y exigiendo responsabilidad por los crímenes del pasado y del presente.
Defensa de los Pueblos Originarios. La CELAC debe priorizar la defensa de los derechos de los pueblos originarios, reconociendo su importancia como custodios de la tierra y la cultura, y promoviendo su participación activa en los procesos de toma de decisiones.
Lucha contra el Racismo. El racismo y la discriminación continúan afectando profundamente a las sociedades de la región. La CELAC debe abordar este problema mediante políticas y acciones concretas que promuevan la igualdad racial y la inclusión.
Sin duda que la CELAC enfrenta múltiples desafíos que requieren un fuerte liderazgo progresista para encarar los problemas estructurales de la región con soluciones de fondo. No cabe duda que los problemas son muchos, pero si pudiéramos mencionar cinco desafíos basales para el periodo 20124-2025 estos serían:
Crisis migratoria y de refugiados. América Latina enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con millones de personas desplazadas por la violencia, la pobreza, el cambio climático y la búsqueda de oportunidades. Se requieren políticas integrales, con perspectiva de derechos humanos, para ordenar los flujos migratorios, proteger a los migrantes, refugiados y desplazados, e impulsar la cooperación entre países expulsores y receptores.
Crisis climática. Los impactos del calentamiento global son cada vez más evidentes en la región, con eventos climáticos extremos que exacerban otros problemas sociales y amenazan avances en reducción de pobreza. Es crucial una agenda climática ambiciosa, que incluya adaptación, mitigación, financiamiento climático y pérdidas/daños. La CELAC puede liderar las demandas del Sur Global por justicia climática. El cambio climático es una amenaza grave para la región, con impactos que incluyen el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y escasez de agua. La CELAC debe promover la cooperación regional para mitigar los efectos del cambio climático, adaptarse a sus impactos y desarrollar fuentes de energía sostenibles.
Crisis económica y desigualdad. La región sigue teniendo brechas económicas, sociales y de género inaceptables. La pandemia revirtió logros en reducción de pobreza y exacerba la desigualdad. Se necesitan políticas redistributivas audaces -reformas fiscales, gasto social, formalización laboral, acceso a crédito, infraestructura, etc.- para retomar la senda del desarrollo sostenible.
Integración y cooperación regional. Frente a un mundo convulsionado, es indispensable profundizar la integración de América Latina y el Caribe, tanto en lo económico-comercial como en lo político y social. Debemos hablar con una sola voz en foros globales. Hay que relanzar y perfeccionar mecanismos como UNASUR, Alba, Mercosur, SICA y CARICOM, superando obstáculos políticos coyunturales. La unidad latinoamericana es indispensable. América Latina y el Caribe han sido históricamente objeto de injerencia extranjera, tanto por parte de Estados Unidos como de otras potencias globales. Esta injerencia ha socavado la soberanía de los países de la región y ha obstaculizado su capacidad para determinar su propio destino. La CELAC debe fortalecer la unidad regional y promover la autodeterminación para resistir la injerencia extranjera y construir un futuro más independiente para la región.
Democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. La ola conservadora y autoritaria que azotó a la región debe ser revertida para fortalecer las instituciones democráticas, promover los derechos humanos, combatir la impunidad y enfrentar los altos niveles de corrupción e inseguridad ciudadana. Se requieren políticas de Estado vigorosas y regionales para defender las libertades ciudadanas, transparentar la gestión pública, proteger a líderes sociales, regular el financiamiento político y sancionar severamente la corrupción. La corrupción y la impunidad son obstáculos importantes para el desarrollo y la democracia en la región. La corrupción drena recursos públicos, socava la confianza en las instituciones y perpetúa la desigualdad. La CELAC debe fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, promover la transparencia y combatir la impunidad para crear un entorno más justo y equitativo. La inseguridad y la violencia son problemas generalizados en muchas partes de América Latina y el Caribe. La violencia de las pandillas, el crimen organizado y el tráfico de drogas han creado un clima de miedo e inestabilidad en muchas comunidades. La CELAC debe abordar este desafío mediante el fortalecimiento de las fuerzas policiales, mejorando los sistemas judiciales y promoviendo programas de prevención de la violencia.
Estos cinco desafíos están interrelacionados y requieren un enfoque integral por parte de la CELAC. La desigualdad económica y la pobreza alimentan la corrupción y la impunidad, mientras que la inseguridad y la violencia dificultan el desarrollo económico y social. El cambio climático amenaza la estabilidad y el bienestar de la región, mientras que la injerencia extranjera socava la democracia y la autodeterminación. La CELAC debe desarrollar estrategias integrales que aborden estos desafíos de manera simultánea. Esto requerirá una fuerte cooperación regional, la voluntad política de implementar reformas y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de toda la región para construir un futuro más justo, pacífico y próspero.
Para superar estos desafíos, es imprescindible dejar atrás las recetas neoliberales que han prevalecido en las últimas décadas en la región, incluso bajo gobiernos progresistas. El fundamentalismo de mercado, la apertura irrestricta, la desregulación financiera y laboral, y las políticas de austeridad fiscal han demostrado su rotundo fracaso para resolver los problemas estructurales de América Latina y el Caribe. Por el contrario, han aumentado la desigualdad, precarizado el empleo, debilitado los servicios públicos, desmantelado la institucionalidad social y profundizado la primarización de nuestras economías.
Debemos virar hacia un paradigma de desarrollo que ponga por delante los derechos de la ciudadanía, la reducción de brechas sociales y territoriales, la diversificación productiva, la agregación de valor a nuestras exportaciones y la construcción de sociedades del conocimiento. Los derechos y la inclusión social deben estar por encima de las frías leyes del mercado. Es hora de un pacto social regional más justo e igualitario.
Es hora de que América Latina y el Caribe conjuntamente adopten un enfoque económico que priorice la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad. Sin temores, sin vacilaciones y sin concesiones ideológicas a los propagandistas de la privatización, la concentración económica y la mentira de la distribución por chorreo.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 10% más rico de la población de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee solo el 2%. El índice de Gini, una medida de desigualdad, es más alto en América Latina que en cualquier otra región del mundo. Más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en la pobreza.
Según Transparencia Internacional, 14 de los 20 países más corruptos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. En 2021, el costo de la corrupción en América Latina y el Caribe se estimó en 2,6 billones de dólares. En muchos países de América Latina y el Caribe, los funcionarios corruptos rara vez son castigados.
La tasa de homicidios en América Latina y el Caribe es más del doble del promedio mundial. En 2021, más de 400.000 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe. La violencia de las pandillas es un problema importante en muchos países de la región, particularmente en Centroamérica.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático. Se espera que el aumento del nivel del mar desplace a millones de personas en la región en las próximas décadas. Los eventos climáticos extremos, como huracanes y sequías, se están volviendo más frecuentes e intensos debido al cambio climático.
Estados Unidos ha intervenido repetidamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños a lo largo de la historia. La injerencia extranjera ha socavado la soberanía de los países de la región y ha obstaculizado su capacidad para determinar su propio destino.
Por ello la visión de la integración regional en América Latina y el Caribe desde la CELAC debiera referirse al proceso de incrementar la cooperación y coordinación entre los países de la región en diversos ámbitos, como el económico, el político y el social. El objetivo final es crear una región más unificada, próspera y justa.
Próspera: Donde todos los países tengan acceso a oportunidades económicas y sociales, y donde la pobreza y la desigualdad se reduzcan.
Justa: Donde se respeten los derechos humanos de todas las personas, y donde haya igualdad de oportunidades para todos.
Pacífica: Donde se resuelvan los conflictos de manera pacífica y donde no haya violencia ni inestabilidad.
Sostenible: Donde el desarrollo económico y social se lleve a cabo de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales.
Unida: Donde los países trabajen juntos para abordar desafíos comunes y promover el bien común.
El próximo mandato de la CELAC representa una oportunidad crucial para avanzar hacia una América Latina y el Caribe más unida, justa y sostenible. Al abordar los desafíos identificados en esta ponencia y adoptar un enfoque progresista, la región puede superar los obstáculos y construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos y ciudadanas. La presidencia de Xiomara Castro, con su compromiso con la justicia social y la igualdad, ofrece un camino inspirador para este viaje. Juntos, bajo la bandera de la CELAC, podemos promover una agenda de integración, paz, desarrollo y bienestar para todas y todos.
Es tiempo de unidad, es tiempo de integración, es tiempo de vida digna para los pueblos. La CELAC tiene una cita histórica con el destino, con los oprimidos, explotados y con las mujeres de todo el continente. ¡Acompañemos a Xiomara Castro en esta cruzada! América Latina y el Caribe, unidos y unidas, seremos invencibles.
*Sociólogo y asesor político
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Elecciones
¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia
A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.
El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.
No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.
Una lealtad que se conjuga en presente
Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.
El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.
Un Gobierno que no respeta la democracia
Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.
Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.
Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.


El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición
El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.
Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.
Las mujeres y disidencias van al centro del poder
Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.
La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.
Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.
Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.
2027: la lealtad es organizarse
Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.
Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.
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