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Condenan a «La banda de Le Parc» por robos millonarios en lujosas torres de Puerto Madero

De acuerdo a los investigadores, los ladrones cometían sus atracos en ausencia de moradores y en días feriados, festivos o inhábiles para aprovechar el poco movimiento y así pasar desapercibidos.

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Cinco personas fueron condenadas a penas de entre tres y ocho años de prisión por integrar una asociación ilícita, conocida como «La banda de Le Parc», que cometió entre 2017 y 2018 al menos cuatro millonarios robos en distintos departamentos de cuatro torres del barrio porteño de Puerto Madero, donde alquilaban unidades vecinas para realizar tareas de inteligencia previa.

De acuerdo a los investigadores, los ladrones cometían sus atracos en ausencia de moradores y en días feriados, festivos o inhábiles para aprovechar el poco movimiento y actividad de ese tipo de jornadas y así pasar desapercibidos.

Así lo dio probado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16 al cabo de un juicio en el que intervino el fiscal Fernando Fiszer, tras una investigación de la jueza en lo Criminal y Correccional 6, María Alejandra Provitola.

El caso se dio a conocer como «La banda de Le Parc», en referencia a la reconocida torre homónima en la que residía y fue hallado muerto en enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman.

De acuerdo al fallo del TOC 16, Mainque Taiel Sánchez (31), fue condenado a 8 años de prisión como «asociación ilícita en calidad de organizador», más cuatro hechos de «robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda», y un quinto caso en grado de tentativa, estos últimos como «coautor».

A su vez, a este hombre, el único que está detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), los jueces Matías Buenaventura, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani le fijaron una pena única de 12 años por una condena anterior.

De acuerdo al veredicto, María Soledad Rocchi (38), fue condenada a 6 años de cárcel y se revocó el arresto domiciliario del que gozaba actualmente, como «miembro» de la misma asociación ilícita y «coautora» de los cuatro robos agravados consumados y el quinto en grado de tentativa.

Mientras que Martín Guido Sánchez (41), Lilian Susan Aires (46) y Pablo Daniel Gil (35) recibieron penas de 3 años de prisión en suspenso por ser hallados culpables solamente de «asociación ilícita» en calidad de «miembros».

La actividad de esta banda fue descubierta a raíz de robo que no llegó a consumarse y que ocurrió el 14 de enero de 2018, en un departamento de «Le Parc», en Azucena Villaflor 450/550, donde el «organizador» Sánchez habitaba en otra unidad vecina.

Ese día, el líder entró al departamento vecino para robar, pero se activó una alarma sonora que lo obligó a retirarse del lugar.

Entonces, Sánchez se dirigió a la cochera, donde lo aguardaban Rocchi y un tercer imputado, identificado como David De Simone y declarado en rebeldía, y cuando intentaron abandonar la torre en un auto fueron descubiertos por personal de seguridad privada que alertaron a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Tras este hecho se comenzó a investigar la posible vinculación de los sospechosos con otros hechos similares y se estableció que en la Navidad de 2017 había ocurrido un robo de este tipo en la vecina torre «Mullieris», donde residía De Simone.

En esa ocasión, los delincuentes se apoderaron de una caja de seguridad con 220.000 dólares, 1.500 Euros, 90.000 pesos; además de alhajas y otros 28.700 dólares en efectivo.

Según los dichos de los denunciantes, en ambas unidades habrían ingresado violentando la puerta de servicio con barretas y en ocasión en que las mismas se encontraban vacías, al tiempo que los dos hechos ocurrieron en días inhábiles y con poca concurrencia de residentes habituales.

Otro caso fue el ocurrido entre 18 y 22 de agosto de 2017 en un departamento de la torre «Chateau», en la calle Julieta Lanteri 1331, donde robaron ochocientos mil pesos, dos mil quinientos euros, cuatro mil dólares, un reloj Rolex, otras alhajas y varios cheques.

Mientras que entre el 29 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018 cometieron otro robo en un departamento de la torre «Rubí», en Lola Mora 420, de donde se llevaron unos 900 mil pesos en efectivo.

Y el cuarto caso fue cometido entre el 24 y 25 de mayo de 2017, en un departamento de «Le Parc», donde los delincuentes se apoderaron de 10.400 dólares y 18 mil pesos.

Para uno de los pesquisas la clave del modus operandi de la banda fue «la recopilación de datos que previamente obtenían» de sus víctimas «posicionándose como vecinos de lugar, mediante alquileres transitorios».

Y en ese sentido remarcó que los domicilios terminaban siendo seleccionados en función de «la ubicación de los diversos ascensores, escaleras e incluso de las cámaras del complejo, y la ausencia o presencia de moradores y su estilo de vida».

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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