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Desde el PRO denuncian traición de Milei y exigen pago de deuda millonaria de coparticipación

La diputada del PRO Laura Alonso confirmó que el gobierno porteño de Jorge Macri sostiene un doble reclamo contra el Ejecutivo nacional: una deuda histórica de U$S 6.000 millones y otra generada este año por $370.000 millones. La legisladora denunció ruptura de confianza tras acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El conflicto por la coparticipación federal entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional escaló esta semana tras el fracaso de las negociaciones entre la gestión de Jorge Macri y el Ministerio de Economía. La diputada del PRO Laura Alonso ratificó que la administración porteña mantendrá su estrategia de confrontación judicial y administrativa para reclamar fondos que considera impagos.

«Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación», declaró Alonso en diálogo con Radio Rivadavia.

Denuncia de «traición» política tras acuerdos con el kirchnerismo

La legisladora del PRO vinculó el endurecimiento de la posición porteña con los recientes acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, que calificó como una ruptura de confianza con el oficialismo nacional.

«Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país», afirmó Alonso, en referencia a negociaciones que la Ciudad esperaba concretar con el Poder Ejecutivo.

El reclamo porteño se enmarca en una disputa que se arrastra desde 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández redujo del 3,5% al 2,32% el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad, para destinarlo al financiamiento de la policía bonaerense. La gestión de Jorge Macri sostiene que esa quita nunca fue compensada totalmente y que, además, se generaron nuevos incumplimientos durante 2024.

Ciudad avanza en agenda propia: declaración de «zona calma»

En paralelo a la batalla judicial por los recursos federales, la administración porteña implementó una normativa de convivencia urbana que declara a Buenos Aires como «zona calma» libre de pirotecnia sonora durante las festividades de fin de año.

«Lo que Jorge Macri ha decidido es declarar a la ciudad zona calma libre de pirotecnia sonora. Los ruidos le generan muchísimo daño a los bebés, a los chicos, a las personas con autismo, adultos mayores y también a las mascotas», explicó Alonso.

La diputada señaló que en la Ciudad habitan más de 860.000 animales domésticos que sufren el impacto auditivo de los fuegos artificiales. La medida, regulada el viernes pasado según confirmó la legisladora, alcanza también a clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos.

«Vamos a trabajar para que ellos también cumplan con esta normativa (…) y que se deje de utilizar la pirotecnia sonora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires», agregó Alonso, quien enmarcó la decisión en un plan más amplio de reducción de contaminación acústica que incluiría, a futuro, la electrificación del transporte público.

Puntos clave:

• La Ciudad reclama una deuda histórica de U$S 6.000 millones y otra de $370.000 millones generada en 2024 por coparticipación federal

• Laura Alonso denunció «traición» del gobierno nacional tras acuerdos parlamentarios con el kirchnerismo

• El gobierno porteño declaró a Buenos Aires «zona calma» libre de pirotecnia sonora para proteger a poblaciones vulnerables y más de 860.000 mascotas

• La normativa rige desde el viernes pasado e incluye a clubes de fútbol y eventos masivos

• La medida forma parte de un plan integral contra la contaminación acústica que contempla futuras acciones en el transporte público

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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