El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) publicó el Índice de Exposición Ocupacional a la IA Generativa de la CABA, el primer relevamiento sobre los efectos de la inteligencia artificial en el empleo focalizado en una ciudad de América Latina, elaborado con la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El resultado es tan contundente como inquietante: en una escala del 0 al 1, Buenos Aires obtuvo un índice de 0,353, superando a países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y ubicándose apenas por debajo de Singapur (0,366), el único territorio que la supera en el ranking disponible.

Dos tercios del empleo porteño en la mira

El informe establece que el 67% del empleo en la Ciudad de Buenos Aires tiene algún grado de exposición a la IA generativa. Las ocupaciones más afectadas coinciden con algunas de las más numerosas del distrito: oficinistas y empleados en trato directo con el público (índice 0,642), profesionales TIC (0,517), profesionales de negocios y administración (0,502) y empleados contables (0,453). Se trata, en todos los casos, de trabajos cognitivos centrados en el procesamiento de información, la redacción y la gestión de datos.

«Por lo alto que dio esta medición, el mundo debería prestarle atención a qué pasa en las ciudades. Tiene que ver con la composición específica de la estructura ocupacional de CABA, con muchos servicios con tareas cognitivas», explicó Macarena Santolaria, una de las investigadoras del proyecto. Su colega Juan Manuel Ottaviano fue más preciso sobre las implicancias: «Si no hay gobierno de esa transición, probablemente exista destrucción de puestos», advirtió, y diferenció entre una transición regulada, donde los trabajadores protegen sus empleos y las empresas optimizan el uso de la IA, y un escenario de desregulación que simplemente destruye trabajo sin alternativa.

La exposición va por tareas, no por puestos completos

Una de las conclusiones centrales del estudio del CESBA es que la exposición a la IA se produce a nivel de tareas y no necesariamente implica el reemplazo total de un puesto. Algunas funciones dentro de una misma ocupación pueden ser absorbidas por sistemas automatizados sin que eso signifique la eliminación del empleo en su conjunto, siempre que existan políticas activas de transición y reconversión. Esta distinción es crucial para el diseño de políticas públicas: sin intervención, la exposición deviene en sustitución; con intervención, puede convertirse en transformación.

El futuro, sin embargo, ya es presente para muchos trabajadores. Gonzalo Núñez, nombre ficticio de un traductor profesional con más de una década de experiencia, describió cómo su empleadora comenzó a pedirle que revisara traducciones realizadas por IA en lugar de traducir él mismo, con mayor carga de trabajo y sin mejora salarial. Cuando pidió volver a sus condiciones anteriores, fue despedido. Su caso no es excepcional: según un estudio de Microsoft y la Universidad Cornell, los traductores y otras ocupaciones basadas en lenguaje se encuentran entre los grupos más vulnerables a la sustitución.

El derecho laboral frente a un cambio de paradigma

Damián Bes, abogado especializado en derecho laboral e inteligencia artificial, fue contundente sobre el alcance del problema: «Muchas veces te venden la idea de que no te va a reemplazar la IA sino alguien que sepa usarla. En algunos sectores podrá ser posible, pero en otros no va a haber posibilidad: la IA te va a reemplazar por completo». Bes señaló sectores donde el reemplazo ya opera, como los call centers, donde hasta el 50% de la atención al público corre por cuenta de sistemas no humanos, o el área de recursos humanos, donde algoritmos filtran currículum y realizan scraping de redes sociales antes de que intervenga ninguna persona.

Su diagnóstico sobre la respuesta estatal fue igualmente severo: «Los Estados están muy mal preparados para esto. En Argentina, la agenda pasa por el costado: ‘Vengan y hagan lo que quieran, lo social se tendrá que arreglar solo'». En un país donde el gobierno de Javier Milei desmanteló organismos de regulación laboral, redujo transferencias sociales y avanzó en la desregulación del mercado de trabajo, la ausencia de una política de IA y empleo no es una omisión técnica, sino una decisión política.

IA obligatoria en primaria: el anexo que hizo la propia IA

En paralelo con la publicación del índice del CESBA, el gobierno de Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel, presentaron un anexo curricular que incorpora la inteligencia artificial como contenido obligatorio desde la escuela primaria, con interacción grupal a partir de los nueve años e individual desde los once. La medida fue presentada como un hito regional: «La Ciudad dice ser la primera de la región», señaló el periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman.

Pero la presentación dejó al descubierto una paradoja que Firtman subrayó en sus redes sociales: el propio anexo curricular fue elaborado utilizando herramientas de IA generativa. La imagen de portada la generó ChatGPT, los gráficos los produjo Claude y el contenido fue procesado con Gemini Notebook. El documento reconoce este origen en letra chica. La primera política pública porteña de IA en educación fue, ella misma, hecha por IA.

La decisión también choca con las recomendaciones internacionales: la UNESCO establece los 13 años como piso mínimo para el uso de IA generativa en el aula, y las propias plataformas tecnológicas aplican restricciones similares: ChatGPT y Grok requieren 13 años con permiso parental; Claude, 18. Gemini es la única que admite menores de 13 con habilitación de tutor o institución educativa. «Ser primera no es lo mismo que tener razón. El resto quizá no está atrasado: quizá espera evidencia antes de hacer obligatoria una tecnología sobre la que todavía tenemos demasiadas preguntas», escribió Firtman.

Meta en el banquillo: el juicio más grande de su historia

En el plano internacional, esta semana también comenzó en Estados Unidos el mayor juicio al que debió enfrentarse Meta, la compañía de Mark Zuckerberg. Ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en el tribunal de Oakland, 29 fiscales estatales acusan a la empresa de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes a través de Instagram y Facebook, violando la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet y recopilando ilegalmente información de menores de 13 años.

«Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal», afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta. Cuatro estados reclaman además cambios estructurales en el funcionamiento de Facebook e Instagram, con una indemnización estimada que podría alcanzar los 1,4 billones de dólares, cifra que se aproxima al valor total de la compañía. El caso no es el primero: a inicios del mes, un juzgado en Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, fallo que sienta precedente directo para la querella en curso. El litigio forma parte de un proceso multidistrital que agrupa más de 3.000 demandantes contra Meta y otras plataformas como Google, TikTok y Snap.

Puntos clave

• El CESBA, con asesoría de la OIT, publicó el primer índice de exposición ocupacional a la IA de una ciudad latinoamericana: CABA obtuvo 0,353, superando a EE.UU., Francia y Reino Unido.
• El 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la IA generativa; los más afectados son trabajadores de oficina, profesionales de negocios, TIC y empleados contables.
• El gobierno porteño de Jorge Macri incorporó la IA como contenido obligatorio en la escuela primaria desde los 9 años, con un anexo curricular elaborado con herramientas de IA generativa, en contradicción con las recomendaciones de la UNESCO.
• 29 fiscales estatales de EE.UU. demandaron a Meta por diseñar funciones adictivas para menores; la indemnización reclamada podría alcanzar los 1,4 billones de dólares.
• Especialistas en derecho laboral advierten que Argentina carece de políticas para gestionar el impacto de la IA en el empleo, mientras el gobierno nacional avanza en desregulación sin marcos de protección.