Investigación 🔎
Peritaje reveló una billetera cripto con US$44 millones en el celular de Cerimedo
Un código de billetera cripto hallado en el celular peritado por el Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia reveló transferencias por más de US$44 millones en seis meses. El senador opositor Leonardo Roca rastreó una red de diez cuentas de destino y señaló una posible conexión con una casa de cambios allanada la semana pasada.
La causa que mantiene preso en Bolivia al estratega digital Fernando Cerimedo sumó esta semana una dimensión que amplía el alcance de la investigación mucho más allá del ataque a su expareja: el peritaje forense de su celular expuso el código de acceso a una billetera de criptomonedas con movimientos registrados por más de US$44 millones en apenas seis meses, según surge de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia difundido la semana pasada.
El teléfono fue secuestrado en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, tras el ataque de dos sicarios que la hirieron gravemente. Entre los datos extraídos del dispositivo quedó registrada una captura de pantalla que contenía el código de la billetera. El hallazgo fue rastreado por el senador opositor boliviano Leonardo Roca, quien llevó la información a la esfera pública con un mapa interactivo del flujo de transferencias.
Una red de diez cuentas y dinero de criptominería
Según el rastreo de Roca, la billetera operó como nodo central entre quienes realizaban los depósitos y una red de al menos diez cuentas de destino, una de las cuales registró movimientos de varios millones de dólares en el mismo período. El senador señaló que el origen del dinero responde a actividad de criptominería y que el esquema funcionó pasando los fondos de una billetera fría, utilizada para almacenamiento, a una billetera caliente, que permite convertir los activos en efectivo.
«No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero», sostuvo Roca. El legislador aclaró además el alcance de sus afirmaciones: «Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona.»
Un dato que refuerza las sospechas sobre el manejo de esos activos es el estado actual de la cuenta: al momento de la denuncia de Roca, la billetera tenía menos de 9 dólares, lo que sugiere que fue vaciada. El senador subrayó que ese vaciamiento ocurrió justo cuando Cerimedo ya se encontraba detenido, circunstancia que lo llevó a pedir al fiscal a cargo que verifique la cadena de custodia del dispositivo e identifique a los titulares de las cuentas finales de la red.
La casa de cambios allanada y los US$700 mil en fuga
El senador Roca también estableció una presunta vinculación entre Cerimedo y una casa de cambios allanada por la Justicia boliviana la semana pasada. En ese operativo, las cámaras de seguridad captaron la fuga del representante legal del local con un bolso que, según la hipótesis investigativa, contenía cerca de US$700 mil. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A., quedó con prisión preventiva; ante la Justicia, sostuvo que perdió el dinero y defendió la legalidad de sus operaciones. El vínculo entre este local y la red cripto detectada en el celular de Cerimedo es, por ahora, una línea de investigación abierta.
Tres causas penales y un perfil que excede lo comunicacional
Cerimedo, de 45 años, enfrenta en Bolivia tres causas penales simultáneas: la que se inició por el ataque a Beller, una por enriquecimiento ilícito vinculada a denuncias de corrupción estatal, y una tercera por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, a partir de indicios de vuelos irregulares detectados por la Fiscalía de Beni. El estratega se incorporó al equipo del presidente Rodrigo Paz como asesor de comunicación tras la primera vuelta electoral boliviana; sin embargo, distintas fotografías y declaraciones públicas indican que su rol excedió ese ámbito estrictamente comunicacional.
En Argentina, la figura de Cerimedo sigue presente en el expediente de la causa ANDIS, donde Nadia Beller aguarda la posibilidad de declarar como testigo protegida ante el juez Ariel Lijo. La abogada afirmó poseer grabaciones comprometedoras y manifestó su voluntad de declarar ante la Justicia argentina. El entramado que vincula a Cerimedo con la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la billetera cripto boliviana y la red de cuentas detectada por el senador Roca configura un cuadro que la Justicia de dos países investiga en paralelo.
Desregulación
Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario
Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.
Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.
Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.
El consorcio que se quedó con el agua
El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.
La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró
La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.
En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.
La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román
Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.
Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.
Karina Román y el círculo rojo
La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.
En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.
Lo que tenés que saber:
- El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
- Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
- Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
- La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
- La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
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