Buenos Aires

Asesinan a un niño con Síndrome de Down de un balazo en la cabeza y detienen a tres sospechosos

Los investigadores aseguraron que el niño fallecido fue identificado como Luciano Santino Ruiz, de 8 años y con Síndrome de Down, mientras que uno de sus hermanos, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.

Publicado hace

2 años

13.11.2023

Redacción

Un niño de 8 años con Síndrome de Down fue asesinado de un disparo en la cabeza en su casa ubicada en el partido bonaerense de Merlo, cuando al menos tres hombres, que fueron detenidos por el hecho, buscaban al hermano de la víctima porque presuntamente mantenía una relación con la mujer de uno de los imputados, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró cerca de las 14 de ayer en un domicilio ubicado en la intersección de las calle Blanes y Cayol de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando al menos tres hombres irrumpieron en la mencionada vivienda buscando a un joven de 25 años llamado Nicolás que supuestamente mantenía una relación con la esposa de uno de ellos.

Los investigadores aseguraron que el niño fallecido fue identificado como Luciano Santino Ruiz, de 8 años y con Síndrome de Down, mientras que uno de sus hermanos, llamado Isaías Yair Ruiz, de 19 años, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.

Rita, la madre de los hermanos atacados contó a Telefé que todo comenzó cuando ella estaba durmiendo la siesta con su hijo «Chano» y descubrió que un grupo de atacantes agredía a otro de sus hijos.

«Lo venían corriendo a Yair con una lanza, parecía que estaban en un penal. Mi hijo se escondió atrás mío, pero ya habían tirado balazos acá atrás, y yo no me di cuenta de que le dieron a Luciano en la cabeza y en la espalda», contó la mujer, quien dio a entender que conocía al menos al autor del crimen de su hijo, a quien identificó como Maxi.

«A los tiros vinieron, me patearon la puerta, con un arpón y uno tenía un pistolón, vinieron a atacarnos, no me di cuenta que Chanito estaba herido cuando lo levanté ya estaba sangrando», agregó la mujer entre visibles muestras de dolor.

Finalmente, los tres hombres huyeron a bordo de un auto Fiat Siena negro, mientras que vecinos de la zona subieron a Luciano en un patrullero, que lo trasladó hacia la clínica Figueroa Paredes, donde arribó sin vida.

Según los voceros, el niño de 8 años presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus parietales y otra por debajo del omóplato izquierdo.

En ese contexto, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó lograron interceptar al vehículo que supuestamente transportó a los atacantes y procedieron a detener a tres sospechosos en el cruce de las calles Haití y Pringles de San Alberto, en el oeste del conurbano bonaerense.

Los detenidos fueron identificados por la policía como Maximiliano Armando Vera (38), Lucio Esteban Martínez (24) y Palacios Vázquez (36), quienes fueron imputados por el fiscal Matías Rapazzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón por el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», que prevé la pena de prisión perpetua.

Fuentes judiciales aseguraron a que el fiscal aguardaba el resultado de una serie de peritajes para, luego, tomarles declaración indagatoria a los detenidos.

Al respecto, los investigadores sugirieron que los tres sindicados tuvieron diferentes roles durante el hecho: a Vera se le endilga haber sido el autor material del crimen del niño; a Martínez se le acusa haber apuñalado al hermano de Luciano; mientras se sospecha que Vázquez era el encargado de conducir el vehículo en el que se desplazaban.

Además, otra fuente policial señaló a Vera como el autor intelectual del hecho ya que en las horas previas había amenazado a otro de los hermanos de Luciano, llamado Nicolás, tras enterarse que su esposa supuestamente había mantenido una relación extramatrimonial con él.

Por otra parte, los voceros indicaron que los tres detenidos tenían antecedentes penales por haber cometido distintos robos en el Gran Buenos Aires: Vera había sido condenado por un hecho ocurrido en La Matanza durante el 2004; Martínez por uno llevado a cabo en 2019 en Ituzaingó; y Vázquez por otro datado en el 2017 en Morón.

Después de la detención de los tres hombres, algunos vecinos de Mariano Acosta se enteraron que el imputado Vera tenía una vivienda vacía emplazada sobre la calle Blanes y Rivera.

Con esa información, el grupo de personas prendió fuego el inmueble, aunque ocasionando sólo daños materiales, indicaron voceros policiales.

Por último, fuentes judiciales señalaron que los tres detenidos serán indagados en el transcurso de la jornada, a la vez que se ordenó una serie de pericias para determinar con precisión la dinámica de hecho y el secuestro del Fiat Siena en el que viajaban los acusados.

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La Plata

El menor inimputable del caso Kim Gómez dejará de asistir a la escuela por tensión con los padres

El adolescente inimputable que participó del asesinato de la nena de 7 años pasará a la modalidad virtual luego de que las familias de la Escuela Secundaria N°41 de Abasto rechazaran su presencia en las aulas. La marcha del viernes 24 continúa en pie.

Publicado hace

16 horas

22.04.2026

ElArgentino.ar

Tensión en La Plata: el menor del caso Kim Gómez irá a clases virtuales

★ Las autoridades de la provincia de Buenos Aires confirmaron este miércoles que el menor acusado de participar en el asesinato de Kim Gómez no continuará asistiendo de manera presencial a la Escuela Secundaria N°41 de la localidad de Abasto, en La Plata.

El adolescente, que tenía 14 años al momento del crimen ocurrido el 25 de febrero de 2025 y que actualmente permanece alojado en el Instituto Araoz Alfaro bajo resguardo judicial, pasará a cursar sus estudios de manera virtual desde el propio instituto.

La decisión llegó después de que el anuncio de su reintegración presencial al establecimiento desatara una reacción inmediata y contundente entre las familias de los estudiantes, quienes denunciaron ausencia de controles, amenazas en redes sociales y situaciones de riesgo concretas dentro de la institución.

«Al chico lo traen y se van»: el testimonio de los padres

La noticia del retorno presencial del menor no tardó en filtrarse entre la comunidad educativa. Una madre identificada como Marisa relató en declaraciones al equipo de Telenoche que había concurrido al colegio por otro motivo relacionado con el mismo adolescente, sin saber de quién se trataba. «Vine a hablar con la directora porque él le mostró a mi hijo que adentro de un fibrón llevaba droga al instituto», explicó.

Fue en la reunión convocada al día siguiente, con la presencia de directivos del colegio y del propio Instituto Araoz Alfaro, donde los padres terminaron de comprender la identidad del estudiante que había llegado al establecimiento. El impacto fue inmediato.

Otra de las madres fue directa: «Lo que pasa es que al chico lo traen del instituto, lo dejan y se van, pero nuestros hijos quedan ahí dentro. Es una cosa de locos lo que hacen». La misma Marisa advirtió sobre el clima de tensión que se generó en torno al colegio: «Los chicos no quieren venir porque tienen miedo. Hay amenazas por redes sociales de gente que, de la indignación de saber que el chico está acá libre en un colegio público, amenaza con venir a buscarlo en la salida».

La madre alertó también sobre la infraestructura del establecimiento: «Esta escuela tiene una puerta para primaria y otra para secundaria. Si se arma el quilombo en la puerta, están más de 30 chicos ahí».

El caso que sacudió al país

Kim Gómez tenía 7 años cuando fue asesinada el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata. Dos adolescentes, de 17 y 14 años, le robaron el auto a su madre mientras ambas esperaban en el vehículo. La mujer logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante por el cinturón de seguridad.

Los asaltantes escaparon con el auto en marcha. Kim fue arrastrada durante quince cuadras hasta que los delincuentes chocaron y abandonaron el rodado. Las lesiones traumáticas y fracturas múltiples ocasionadas durante el arrastre le causaron la muerte.

El mayor de los acusados, Tobías Godoy, que tenía 17 años al momento del hecho, fue juzgado bajo el régimen penal juvenil. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, lo condenó en marzo de 2026 a 23 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El menor, en cambio, tenía 14 años al momento del hecho y fue declarado inimputable por su edad, quedando por fuera del alcance del régimen penal juvenil vigente. La jueza de Garantías María José Lescano lo señaló como coautor del crimen y ordenó su alojamiento en el Instituto Araoz Alfaro, con medidas restrictivas para su libertad.

Desde la familia de Kim, fuentes cercanas a su padre Marcos Gómez confirmaron a Cadena 3 que fueron notificados del cambio de modalidad. «El menor no evolucionó nada en todo este tiempo. Todos los resultados son negativos así que de ninguna manera tiene que salir del instituto», expresaron. «Es muy triste ver que un chico sea así, así que ojalá podamos ayudarlo a recapacitar porque si no lo hacemos estamos seguros de que va a traer futuros problemas», agregaron.

La marcha del viernes sigue en pie

A pesar de que la provincia reconsideró la situación y decidió que el adolescente no se presentará más en la escuela, los padres advirtieron que aún no recibieron ninguna comunicación oficial al respecto. Por eso, mantienen vigente la marcha prevista para el viernes 24 de abril a las 14.30, frente a la Escuela Secundaria N°41, en reclamo de respuestas formales y mayor seguridad para los estudiantes.

El episodio vuelve a instalar en la agenda pública un debate que el caso Kim Gómez ya había puesto sobre la mesa en 2025: los límites de los programas de reinserción para menores inimputables, el peso de los derechos educativos frente a la seguridad de las comunidades escolares, y la comunicación institucional entre los organismos judiciales, los establecimientos educativos y las familias afectadas.