Buenos Aires
Asesinan a un niño con Síndrome de Down de un balazo en la cabeza y detienen a tres sospechosos
Los investigadores aseguraron que el niño fallecido fue identificado como Luciano Santino Ruiz, de 8 años y con Síndrome de Down, mientras que uno de sus hermanos, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.
Un niño de 8 años con Síndrome de Down fue asesinado de un disparo en la cabeza en su casa ubicada en el partido bonaerense de Merlo, cuando al menos tres hombres, que fueron detenidos por el hecho, buscaban al hermano de la víctima porque presuntamente mantenía una relación con la mujer de uno de los imputados, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.
El hecho se registró cerca de las 14 de ayer en un domicilio ubicado en la intersección de las calle Blanes y Cayol de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando al menos tres hombres irrumpieron en la mencionada vivienda buscando a un joven de 25 años llamado Nicolás que supuestamente mantenía una relación con la esposa de uno de ellos.
Los investigadores aseguraron que el niño fallecido fue identificado como Luciano Santino Ruiz, de 8 años y con Síndrome de Down, mientras que uno de sus hermanos, llamado Isaías Yair Ruiz, de 19 años, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.
Rita, la madre de los hermanos atacados contó a Telefé que todo comenzó cuando ella estaba durmiendo la siesta con su hijo «Chano» y descubrió que un grupo de atacantes agredía a otro de sus hijos.
«Lo venían corriendo a Yair con una lanza, parecía que estaban en un penal. Mi hijo se escondió atrás mío, pero ya habían tirado balazos acá atrás, y yo no me di cuenta de que le dieron a Luciano en la cabeza y en la espalda», contó la mujer, quien dio a entender que conocía al menos al autor del crimen de su hijo, a quien identificó como Maxi.
«A los tiros vinieron, me patearon la puerta, con un arpón y uno tenía un pistolón, vinieron a atacarnos, no me di cuenta que Chanito estaba herido cuando lo levanté ya estaba sangrando», agregó la mujer entre visibles muestras de dolor.
Finalmente, los tres hombres huyeron a bordo de un auto Fiat Siena negro, mientras que vecinos de la zona subieron a Luciano en un patrullero, que lo trasladó hacia la clínica Figueroa Paredes, donde arribó sin vida.
Según los voceros, el niño de 8 años presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus parietales y otra por debajo del omóplato izquierdo.
En ese contexto, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó lograron interceptar al vehículo que supuestamente transportó a los atacantes y procedieron a detener a tres sospechosos en el cruce de las calles Haití y Pringles de San Alberto, en el oeste del conurbano bonaerense.
Los detenidos fueron identificados por la policía como Maximiliano Armando Vera (38), Lucio Esteban Martínez (24) y Palacios Vázquez (36), quienes fueron imputados por el fiscal Matías Rapazzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón por el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», que prevé la pena de prisión perpetua.
Fuentes judiciales aseguraron a que el fiscal aguardaba el resultado de una serie de peritajes para, luego, tomarles declaración indagatoria a los detenidos.
Al respecto, los investigadores sugirieron que los tres sindicados tuvieron diferentes roles durante el hecho: a Vera se le endilga haber sido el autor material del crimen del niño; a Martínez se le acusa haber apuñalado al hermano de Luciano; mientras se sospecha que Vázquez era el encargado de conducir el vehículo en el que se desplazaban.
Además, otra fuente policial señaló a Vera como el autor intelectual del hecho ya que en las horas previas había amenazado a otro de los hermanos de Luciano, llamado Nicolás, tras enterarse que su esposa supuestamente había mantenido una relación extramatrimonial con él.
Por otra parte, los voceros indicaron que los tres detenidos tenían antecedentes penales por haber cometido distintos robos en el Gran Buenos Aires: Vera había sido condenado por un hecho ocurrido en La Matanza durante el 2004; Martínez por uno llevado a cabo en 2019 en Ituzaingó; y Vázquez por otro datado en el 2017 en Morón.
Después de la detención de los tres hombres, algunos vecinos de Mariano Acosta se enteraron que el imputado Vera tenía una vivienda vacía emplazada sobre la calle Blanes y Rivera.
Con esa información, el grupo de personas prendió fuego el inmueble, aunque ocasionando sólo daños materiales, indicaron voceros policiales.
Por último, fuentes judiciales señalaron que los tres detenidos serán indagados en el transcurso de la jornada, a la vez que se ordenó una serie de pericias para determinar con precisión la dinámica de hecho y el secuestro del Fiat Siena en el que viajaban los acusados.
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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