El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió declararse incompetente para modificar la asignación de locales y mesas de votación en La Matanza, respondiendo así a los reclamos del intendente Fernando Espinoza y del gobernador Axel Kicillof, quienes habían cuestionado los cambios «sorpresivos» que podrían afectar la participación electoral.

La resolución, emitida el viernes pasado, marca un punto de inflexión en la polémica que se desató tras la difusión del nuevo esquema de asignación de mesas en el distrito más populoso del conurbano bonaerense. A pesar de su decisión de apartarse del caso, el magistrado presentó un «plan alternativo de ubicación de mesas de votación» y dispuso suspender el proceso de notificación de autoridades de mesa en La Matanza.

El planteo de Espinoza y el respaldo de Kicillof

El conflicto se originó cuando el intendente de La Matanza solicitó formalmente la suspensión de los cambios y el regreso al esquema electoral utilizado en 2023. Espinoza había manifestado su preocupación por las modificaciones implementadas sin consulta previa con el municipio.

El gobernador Kicillof se sumó a los reclamos y afirmó públicamente que las modificaciones «conspiran contra la voluntad» de la gente, respaldando la posición del jefe comunal matancero.

Los límites de la competencia federal

En su extensa resolución, Ramos Padilla analizó detalladamente los alcances de una decisión previa de la Cámara Nacional Electoral, que le había ordenado dejar sin efecto «todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 -La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos».

El magistrado explicó que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde exclusivamente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

«La colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas», sostuvo Ramos Padilla en su fallo, citando la Constitución Nacional y la provincial para respaldar su posición.

Los argumentos técnicos detrás de los cambios

El juzgado federal aclaró en su informe que los cuestionados cambios no constituyeron un «replanteo general de los establecimientos de votación», sino un «desplazamiento natural» motivado por el aumento del padrón electoral y otras adecuaciones necesarias para el funcionamiento del proceso electoral.

Ramos Padilla también descartó categóricamente la posibilidad de replicar exactamente el esquema utilizado en 2023, argumentando que «no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara».

La pelota queda en la Junta Electoral bonaerense

Con esta decisión, la resolución final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza quedó definitivamente en manos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Ese organismo deberá evaluar si adopta el plan originalmente publicado o considera el plan alternativo que presentó el juez federal junto con su declaración de incompetencia.

La suspensión del proceso de notificación de autoridades de mesa mantiene en vilo la organización electoral en el distrito, donde deberán votar más de un millón de electores en las próximas elecciones provinciales.

Puntos clave:

• Ramos Padilla se declaró incompetente para modificar la asignación de mesas en La Matanza tras los reclamos de Espinoza y Kicillof
• El juez suspendió las notificaciones a autoridades de mesa y presentó un plan alternativo de ubicación
• La competencia para decidir sobre locales de votación corresponde a la Junta Electoral bonaerense, no al fuero federal
• Los cambios responden al aumento del padrón con 38 nuevas mesas y la inhabilitación de establecimientos que no cumplen requisitos
• La Junta Electoral provincial debe ahora decidir entre el esquema original y el plan alternativo propuesto por Ramos Padilla