El jueves 12 de diciembre de 2024, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley que transforma el proceso judicial para reclamar la cuota alimentaria.

Este avance busca garantizar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, y fortalecer la autonomía de las madres, quienes enfrentan el peso de la crianza en hogares monomarentales.

Un Problema de Género y Justicia Social

La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, celebró la sanción de la ley y enfatizó:

“El eje del proyecto es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. Busca equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria”.

El proyecto responde a una problemática estructural evidenciada en el informe presentado en 2022 por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia.

Este informe reveló que el 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la cuota alimentaria o lo hace de manera esporádica, una realidad que atraviesa todas las clases sociales.

Además, 7 de cada 10 hogares monomarentales no cuentan con el aporte económico del progenitor, lo que incrementa la carga de cuidados, limita el acceso al empleo formal y conduce al sobreendeudamiento.

Las Reformas de la Nueva Ley

La ley aprobada introduce reformas significativas para agilizar los procesos judiciales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Determinación del monto de la cuota alimentaria: Se establece el uso del Índice de Crianza, elaborado por el INDEC, como parámetro para calcular la obligación alimentaria.

• Mayor eficiencia en los procesos judiciales: Se crean herramientas ágiles y flexibles para dar respuestas rápidas, reduciendo los tiempos y conflictos en los litigios.

• Notificación simplificada: Se habilita el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para notificar demandas en casos donde no es posible localizar al demandado en su domicilio.

• Plazos estrictos para informes: Las entidades privadas tienen un máximo de 5 días, y las públicas, 7 días, para responder a los informes necesarios para determinar el nivel de vida del progenitor demandado.

• Sanciones a la inasistencia: Se aplicarán multas e intereses a quienes no se presenten a audiencias sin justificación, ya que esto dilata el proceso judicial.

Un Avance Feminista en el Derecho

La sanción de esta ley representa un avance clave en la lucha por los derechos de las mujeres y las infancias en Argentina.

Al abordar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias desde una perspectiva feminista, se reconoce el impacto de género en la crianza y se busca reparar una desigualdad estructural.

Con estas reformas, la provincia de Buenos Aires no solo mejora el acceso a la justicia para las madres y sus hijos, sino que también contribuye a una transformación social más profunda: la construcción de una sociedad más equitativa, donde las mujeres sean protagonistas y las infancias tengan garantizados sus derechos.