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Pérez Algaba recibió más de 200 amenazas de muerte

Investigadores señalan que hay al menos 36 móviles para el crimen del empresario descuartizado.

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El empresario Fernando Pérez Algaba, hallado descuartizado en Ingeniero Budge hace dos semanas, había recibido más de 200 amenazas de muerte y mensajes en su teléfono, debía cientos de miles de dólares y lo acusaban de numerosas estafas, por lo que los investigadores manejan al menos 36 móviles distintos del crimen, la mayoría de ellos ligados a cuestiones económicas.

Mientras tanto, la única persona detenida en el marco de la causa es una mujer trans en situación de calle que en algún momento fue poseedora de la valija en la que se hallaron los restos de la víctima, mientras se cierra el círculo sobre otros posibles autores materiales.

Voceros con acceso al expediente admitieron a Télam que existen indicios que orientan la pesquisa a algunas personas, pero aún no cuentan con elementos concretos para concretar más arrestos.

El abogado que representa a la familia de la víctima, Sebastián Queijeiro, reveló que el fiscal a cargo de la causa Marcelo Domínguez maneja al menos 36 hipótesis distintas respecto al móvil del crimen y que en las últimas horas se logró hacer un «espejo» de uno de los teléfonos celulares de Pérez Algaba, a pesar de que el aparato nunca fue hallado.

Mediante un sistema tecnológico, los expertos de la Policía bonaerense pudieron hacer una copia de la información guardada en la nube del teléfono que el empresario utilizaba en la Argentina, por lo que ahora se intentará bajar todo tipo de mensajes que permitan establecer quienes fueron las últimas personas que lo contactaron el 18 de junio, cuando fue visto por última vez.

Los investigadores hasta ahora lograron establecer que la última vez que se utilizó ese aparato telefónico impactó en una antena en General Rodríguez cerca de las 18.

Las fuentes adelantaron que durante este fin de semana los pesquisas estarán dedicados además a analizar en profundidad el contenido de algunos teléfonos celulares secuestrados en la causa y el impacto que tuvieron en las antenas en los días previos y posteriores al crimen de «Lechuga» Pérez Algaba (41), entre ellos los pertenecientes a las dos últimas personas que lo vieron con vida: su exsocio Maximiliano Pilepich y su exempleado y examigo Nahuel Vargas.

Se trata de un iPhone 8 plus negro perteneciente a Vargas y de otros dos iphones propiedad de Pilepich, quien aportó las claves de manera espontánea, agregaron los voceros.

Ambos hombres, al declarar como testigos en la causa, aseguraron que se encontraron con el empresario esa tarde del 18 de junio en el predio «El Renacer» de General Rodríguez -un loteo de terrenos a la venta que maneja Pilepich- y, tras entregarle 60.000 dólares se retiraron.

Pérez Algaba, en tanto, se quedó solo, a la espera de que alguien pasara a buscarlo y que, según dijeron los testigos, esa fue la última vez que lo vieron.

En ese predio, donde hay cuatro contenedores que funcionan como oficinas y dos construcciones de material, los peritos levantaron el 31 de julio pasado varias evidencias, entre rastros de símil sangre, huellas y pelos, que fueron remitidas para ser analizadas con el fin de determinar si pertenecen o no a Pérez Algaba, al igual que otras evidencias detectadas en la camioneta Range Rover que la víctima utilizó los últimos días a préstamo de Pilepich.

Además de los movimientos y las comunicaciones de las dos últimas personas que vieron a «Lechuga» vivo, los investigadores siguen trabajando sobre los conflictos por cuestiones económicas que derivaron en amenazas de muerte recibidas por el empresario, quien se movía armado -le había quitado una pistola a Pilepich y otra a una gestora amiga- por temor a que algo le pasara.

Entre los autores de esas intimidaciones está el señalado barrabrava de Boca Juniors Gustavo Iglesias, quien le reclamaba a «Lechuga» miles de dólares que él y su hijo Nazareno le habían prestado en diversas oportunidades.

En varios de los audios intimidatorios que fueron difundidos en los últimos días e incorporados de oficio a la causa que instruye el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez se escucha a Iglesias decirle a Fernando que iba a «cortarle las manos» si no saldaba la deuda.

«Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso», dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca del barra de boca.

«Vos me traicionaste y me garcaste. Tengo un veneno con vos que te tengo odio», se lo escucha decir en otra comunicación.

No obstante, tras salir a la luz estas grabaciones, padre e hijo Iglesias se presentaron espontáneamente ante la Justicia para declarar como testigos, dar explicaciones y deslindarse del homicidio.

Otra de las personas que aparece en los audios intimidatorios es Adrián Tesei, a quien las fuentes describieron como un «facilitador de negocios» a través de internet conocido de la víctima.

«¿Sabés qué pasa? que el tema es el siguiente macho: me dijiste ‘está tu plata’, te llamo al otro día para ir a buscarla y mi plata no está, a ver si me entendés; Adri Tesei hay uno solo pero conviven en él dos dioses: el dios bueno y el dios malo… no me saques el Dios bueno la concha de tu madre, porque me queda el Dios malo y hace daño. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza, la plata es mía y con la mía no se juega», se escucha decir a esa persona.

Al declarar el 28 de este mes ante la Justicia, Tesei aseguró que ese mensaje fue grabado por él mismo hace unos dos años «como un acting» o «una gracia» y que «no tuvo destinatario alguno».

A pesar de las amenazas detectadas contra la víctima, por el momento la Justicia no dispuso el arresto de ninguna de las personas señaladas y sólo mantiene detenida a Alma Nicol Chamorro, la mujer trans acusada de ser «partícipe secundaria» del crimen de Pérez Algaba tras ser señalada por sus familiares como la dueña de la valija donde se encontraron partes del cuerpo del empresario el 22 de julio último en un arroyo de Ingeniero Budge.

Días atrás, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, rechazó un pedido de la defensa oficial de la mujer para ser excarcelación por cuestiones de salud.

Ahora, con un nuevo defensor particular, se aguarda que la detenida pida ampliar su indagatoria y declarar para intentar desvincularse del expediente.

La desaparición del empresario fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la Policía.

Los voceros dijeron que de la autopsia realizada al cuerpo surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte.

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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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