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Pérez Algaba recibió más de 200 amenazas de muerte

Investigadores señalan que hay al menos 36 móviles para el crimen del empresario descuartizado.

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El empresario Fernando Pérez Algaba, hallado descuartizado en Ingeniero Budge hace dos semanas, había recibido más de 200 amenazas de muerte y mensajes en su teléfono, debía cientos de miles de dólares y lo acusaban de numerosas estafas, por lo que los investigadores manejan al menos 36 móviles distintos del crimen, la mayoría de ellos ligados a cuestiones económicas.

Mientras tanto, la única persona detenida en el marco de la causa es una mujer trans en situación de calle que en algún momento fue poseedora de la valija en la que se hallaron los restos de la víctima, mientras se cierra el círculo sobre otros posibles autores materiales.

Voceros con acceso al expediente admitieron a Télam que existen indicios que orientan la pesquisa a algunas personas, pero aún no cuentan con elementos concretos para concretar más arrestos.

El abogado que representa a la familia de la víctima, Sebastián Queijeiro, reveló que el fiscal a cargo de la causa Marcelo Domínguez maneja al menos 36 hipótesis distintas respecto al móvil del crimen y que en las últimas horas se logró hacer un «espejo» de uno de los teléfonos celulares de Pérez Algaba, a pesar de que el aparato nunca fue hallado.

Mediante un sistema tecnológico, los expertos de la Policía bonaerense pudieron hacer una copia de la información guardada en la nube del teléfono que el empresario utilizaba en la Argentina, por lo que ahora se intentará bajar todo tipo de mensajes que permitan establecer quienes fueron las últimas personas que lo contactaron el 18 de junio, cuando fue visto por última vez.

Los investigadores hasta ahora lograron establecer que la última vez que se utilizó ese aparato telefónico impactó en una antena en General Rodríguez cerca de las 18.

Las fuentes adelantaron que durante este fin de semana los pesquisas estarán dedicados además a analizar en profundidad el contenido de algunos teléfonos celulares secuestrados en la causa y el impacto que tuvieron en las antenas en los días previos y posteriores al crimen de «Lechuga» Pérez Algaba (41), entre ellos los pertenecientes a las dos últimas personas que lo vieron con vida: su exsocio Maximiliano Pilepich y su exempleado y examigo Nahuel Vargas.

Se trata de un iPhone 8 plus negro perteneciente a Vargas y de otros dos iphones propiedad de Pilepich, quien aportó las claves de manera espontánea, agregaron los voceros.

Ambos hombres, al declarar como testigos en la causa, aseguraron que se encontraron con el empresario esa tarde del 18 de junio en el predio «El Renacer» de General Rodríguez -un loteo de terrenos a la venta que maneja Pilepich- y, tras entregarle 60.000 dólares se retiraron.

Pérez Algaba, en tanto, se quedó solo, a la espera de que alguien pasara a buscarlo y que, según dijeron los testigos, esa fue la última vez que lo vieron.

En ese predio, donde hay cuatro contenedores que funcionan como oficinas y dos construcciones de material, los peritos levantaron el 31 de julio pasado varias evidencias, entre rastros de símil sangre, huellas y pelos, que fueron remitidas para ser analizadas con el fin de determinar si pertenecen o no a Pérez Algaba, al igual que otras evidencias detectadas en la camioneta Range Rover que la víctima utilizó los últimos días a préstamo de Pilepich.

Además de los movimientos y las comunicaciones de las dos últimas personas que vieron a «Lechuga» vivo, los investigadores siguen trabajando sobre los conflictos por cuestiones económicas que derivaron en amenazas de muerte recibidas por el empresario, quien se movía armado -le había quitado una pistola a Pilepich y otra a una gestora amiga- por temor a que algo le pasara.

Entre los autores de esas intimidaciones está el señalado barrabrava de Boca Juniors Gustavo Iglesias, quien le reclamaba a «Lechuga» miles de dólares que él y su hijo Nazareno le habían prestado en diversas oportunidades.

En varios de los audios intimidatorios que fueron difundidos en los últimos días e incorporados de oficio a la causa que instruye el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez se escucha a Iglesias decirle a Fernando que iba a «cortarle las manos» si no saldaba la deuda.

«Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso», dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca del barra de boca.

«Vos me traicionaste y me garcaste. Tengo un veneno con vos que te tengo odio», se lo escucha decir en otra comunicación.

No obstante, tras salir a la luz estas grabaciones, padre e hijo Iglesias se presentaron espontáneamente ante la Justicia para declarar como testigos, dar explicaciones y deslindarse del homicidio.

Otra de las personas que aparece en los audios intimidatorios es Adrián Tesei, a quien las fuentes describieron como un «facilitador de negocios» a través de internet conocido de la víctima.

«¿Sabés qué pasa? que el tema es el siguiente macho: me dijiste ‘está tu plata’, te llamo al otro día para ir a buscarla y mi plata no está, a ver si me entendés; Adri Tesei hay uno solo pero conviven en él dos dioses: el dios bueno y el dios malo… no me saques el Dios bueno la concha de tu madre, porque me queda el Dios malo y hace daño. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza, la plata es mía y con la mía no se juega», se escucha decir a esa persona.

Al declarar el 28 de este mes ante la Justicia, Tesei aseguró que ese mensaje fue grabado por él mismo hace unos dos años «como un acting» o «una gracia» y que «no tuvo destinatario alguno».

A pesar de las amenazas detectadas contra la víctima, por el momento la Justicia no dispuso el arresto de ninguna de las personas señaladas y sólo mantiene detenida a Alma Nicol Chamorro, la mujer trans acusada de ser «partícipe secundaria» del crimen de Pérez Algaba tras ser señalada por sus familiares como la dueña de la valija donde se encontraron partes del cuerpo del empresario el 22 de julio último en un arroyo de Ingeniero Budge.

Días atrás, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, rechazó un pedido de la defensa oficial de la mujer para ser excarcelación por cuestiones de salud.

Ahora, con un nuevo defensor particular, se aguarda que la detenida pida ampliar su indagatoria y declarar para intentar desvincularse del expediente.

La desaparición del empresario fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la Policía.

Los voceros dijeron que de la autopsia realizada al cuerpo surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte.

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AySA redibuja sus tarifas antes de la privatización: quién pagará más y quién menos

El ERAS convocó a audiencia pública por el nuevo esquema tarifario de AySA, que elevaría un 11,4% la factura residencial promedio y sumaría $140.057 millones de recaudación, mientras dos consorcios privados se disputan la empresa.

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El Argentino Diario-AySA.
Agua más cara para 6 de cada 10 hogares: AySA pide subas del 22,6% en plena privatización.

Seis de cada diez hogares que reciben agua de AySA pagarían en promedio un 22,6% más por el servicio si el ente regulador aprueba el nuevo esquema tarifario que la empresa puso sobre la mesa justo cuando el Gobierno de Javier Milei se apresta a venderla. El rediseño de las tarifas llega en la antesala de la privatización, mientras dos consorcios privados se disputan el control de la compañía.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó, mediante la Resolución 41/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, a una audiencia pública para tratar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de actualizar los coeficientes zonales y el régimen tarifario. La audiencia se realizará el 26 de octubre a las 10, de manera virtual, con transmisión en vivo desde el sitio web del organismo. Como toda audiencia pública, tiene carácter consultivo y las opiniones que allí se expresen no son vinculantes para el ente.

AySA justifica la iniciativa en que el esquema vigente no tuvo una revisión integral desde su diseño original, hace más de cuatro décadas. Sin embargo, el debate que se abre no es solo técnico: ocurre en el mismo momento en que el Estado se desprende del 90% del paquete accionario de la empresa que presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

Menos zonas, otra vara para medir

Para los usuarios del régimen no medido (los que no tienen medidor y pagan en función de la zona), la propuesta reduce los 11 coeficientes zonales actuales, que oscilan entre 1,10 y 3,50, a cinco niveles que irían de 0,75 a 2,75.

La empresa también pretende adecuar el precio del metro cúbico de desagües cloacales en el radio antiguo de la Ciudad, sumando el cobro por la prestación de desagües pluviales, e incorporar pautas tarifarias diferenciales para asentamientos informales y para urbanizaciones cerradas.

Quién paga más y quién paga menos

Según las estimaciones de la propia AySA a valores de septiembre, entre los usuarios residenciales un 20% vería reducida su factura mensual sin impuestos, con una baja promedio del 14,7%; otro 20% no tendría cambios, y el 60% restante afrontaría aumentos con una suba media del 22,6%.

En el promedio ponderado del segmento residencial de la Ciudad y el conurbano, el impacto sería un incremento del 11,4%: la factura pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos. Detrás de un promedio moderado aparece una distribución desigual, donde la mayoría de los hogares pagará más y solo uno de cada cinco verá una rebaja.

Para amortiguar el golpe, la compañía prevé una implementación progresiva, con topes del 5% acumulativo a los aumentos mensuales en los cargos zonales. En el caso de los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas, el subsidio adicional del 15% que hoy reciben se retirará en tres etapas de igual proporción. El tope no elimina el aumento: lo reparte en escalones mensuales que se acumulan factura tras factura.

Hogares con suba, comercios con rebaja

El contraste con el resto de los usuarios es elocuente. Para comercios, industrias e instituciones, el plan prevé una reducción promedio del 2,2% en la factura media, que pasaría de $137.807 a $134.812. En ese segmento, el 63% mantendría su factura sin variaciones, el 22% tendría bajas promedio del 24,6% y apenas el 15% registraría aumentos, en promedio del 26,5%.

Mientras los hogares cargarían con una suba promedio del 11,4%, comercios, industrias e instituciones verían bajar su factura media.

Para los terrenos baldíos, AySA plantea un aumento promedio del 7,6%, de $17.822 a $19.172 mensuales. Allí el 58% no tendría cambios, el 37% sufriría subas promedio del 21,4% y solo el 5% obtendría reducciones, en promedio del 20,9%.

El excedente y la promesa de la tarifa social

El conjunto de medidas generaría un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a $140.057 millones a tarifas de septiembre. AySA sostiene que, en base al contrato de concesión, la totalidad de ese excedente se destinará al programa de tarifa social, lo que permitiría incorporar beneficiarios y dar cobertura en barrios populares, garantizando “la equidad distributiva” y el equilibrio económico financiero del contrato.

La pregunta que la propuesta no responde es quién garantizará ese destino cuando la empresa deje de estar en manos del Estado.

Las tarifas en la vidriera de la privatización

La audiencia se convoca mientras avanza la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA. Dos consorcios quedaron habilitados para presentar ofertas económicas: el liderado por Rowing S.A., del empresario Walter Román, junto a la brasileña Arcos, Transclor y el fondo neerlandés PHX; y el encabezado por Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, que ya opera Aguas Cordobesas.

Como informó este medio, las empresas de Román aportaron 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza, y Transclor, de Mauricio Filiberti, es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio, el insumo más importante que consume AySA para potabilizar el agua. Según trascendió, el Gobierno espera recaudar alrededor de 450 millones de dólares con la operación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X el avance de la privatización y aseguró que “implicará más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”. La promesa de menos costos choca con el primer cuadro tarifario que se discute en plena venta, que trae aumentos para seis de cada diez hogares.

La historia del servicio ofrece un antecedente ineludible: AySA fue creada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, tras la rescisión del contrato con el consorcio privado Aguas Argentinas por incumplimientos. Veinte años después, el agua del AMBA vuelve a encaminarse hacia manos privadas, y el nuevo esquema tarifario será parte de la herencia que recibirá el próximo operador.

Lo que tenés que saber:

  • El ERAS convocó por la Resolución 41/2026 a una audiencia pública virtual el 26 de octubre a las 10 para tratar el nuevo régimen tarifario de AySA.
  • El 60% de los usuarios residenciales tendría aumentos promedio del 22,6%; un 20% bajaría su factura un 14,7% y el 20% restante no tendría cambios.
  • La factura residencial promedio subiría un 11,4%, de $27.156 a $30.250 sin impuestos, mientras la de comercios, industrias e instituciones bajaría un 2,2%.
  • La propuesta reduce de 11 a 5 los coeficientes zonales y sumaría ingresos por $140.057 millones, que AySA promete volcar a la tarifa social.
  • La revisión tarifaria llega con la privatización en curso: dos consorcios, liderados por Rowing y Roggio, compiten por el 90% de la empresa.
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