El veredicto del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la Megacausa Campo de Mayo se conocerá el miércoles próximo, cuando el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dé a conocer la sentencia tras escuchar a más de 700 testigos.

Con esa audiencia, que será presencial y se realizará a partir de las 14 en los tribunales de San Martín, finalizará el proceso contra 19 acusados -entre ellos el represor Santiago Omar Riveros- por sus acciones contra 350 víctimas que fueron llevadas a Campo de Mayo durante la última dictadura.

«La expectativa sobre el veredicto es plena debido a que durante el proceso se dio cuenta del funcionamiento del aparato represivo que estuvo integrado por las personas que están en el banquillo de los acusados», dijo a Télam la fiscal Gabriela Sosti, integrante de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de San Martín.

El juicio, en el que declararon un total de 765 testigos, es una acumulación de múltiples causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción.

Se contabilizaron un total de 350 víctimas y fueron juzgados en principio 22 acusados, de los cuales quedaron 19 al final del proceso (dos murieron por causas naturales, y uno fue separado por enfermedad irreversible), a los que se acusa por delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados.

Durante la dictadura, el predio de Campo de Mayo -de unas cuatro mil hectáreas- alojó prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados.

En el alegato, la fiscal estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y el nivel de sobrevivencia fue menor al uno por ciento.

«Las expectativas sobre el veredicto son elevadas, teniendo en cuenta toda la prueba que se ha producido durante el juicio, así como los testimonios que se han escuchado, y los antecedentes que tienen que ver con las responsabilidades ya acreditadas en otros juicios», dijo a Télam Ciro Annicchiarico, querellante por la secretaría de Derechos Humanos.

También remarcó que «la actuación de los imputados está probada como engranaje de este plan criminal conjunto, donde ninguno de ellos tenía desconocimiento del plan represivo que fue armado además con participación del sistema de inteligencia».

En este punto, añadió que por el juicio pasaron «casos emblemáticos que tienen que ver con grandes empresas como Mercedes Benz, Ferroviarios, que de alguna manera ponen la lupa sobre la responsabilidad empresarial, análisis que estamos impulsando».

En su alegato de más de 1.500 páginas, Sosti contribuyó a echar luz sobre lo sucedido en la megacausa, que «permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores».

La fiscal indicó que los delitos cometidos se realizaron por parte de los acusados «con cada uno de ellos en particular, a cargo de diferentes funciones, contribuyendo al crimen común».

Según explicó, «en estos juicios por lo general no hay prueba directa sino que se observan distintas jerarquías (en lo delictual) que pasan por todos los actores, desde los que estaban adentro del Campito hasta los que estaban en otros estamentos».

Por otra parte, la fiscal destacó que en particular en esta causa, «se juzgó lo que pasó en el Área militar 400 e infraestructura que se desplegó en la zona Zárate y Campana, un lugar que los mismos milicos habían nombrado como la serpiente del Paraná».

Le daban ese nombre porque en ese lugar estaban ubicadas las «empresas siderúrgicas que en ese momento marcaban el perfil industrial argentino» y donde «había una clase obrera muy consciente y militante, por lo cual la represión estuvo tremendamente centrada en ese lugar».

«Empezó en Villa Constitución en el ´75, y siguió en Zárate Campana, algo de lo que da cuenta este juicio porque muestra cómo se avanzó sobre la concentración económica y fabril que existía en esos años», aseguró la fiscal.

Además, en el proceso se pudo saber «de boca de uno de los imputados que altos grados militares se juntaban con empresarios de zona norte, es decir que, a pasitos de donde se torturaba a sus obreros, los responsables de esas fábricas se juntaban con los cuadros militares».

El tribunal que investiga los hechos está integrado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega; en tanto, los fiscales que actúan son Marcelo García Berro y Sosti.

Durante el proceso también se investigaron secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados, entre ellos trabajadores de Dálmine Siderca, Mercedes Benz, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, Frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando.

Entre los imputados se encuentran Francisco Rolando Agostino, Luis Del Valle Arce, Alfredo Oscar Arena, Pacífico Luis Britos, Bernardo Caballero, Ramón Vito Cabrera, Carlos Daniel Caimi, Hugo Miguel Castagno Monge, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Rodolfo Emilio Feroglio (quedó fuera de juicio por incapacidad sobreviniente), Roberto Julio Fusco, Eugenio Guañabens Perello, Federico Ramón Ramírez Mitchell, Santiago Omar Riveros, Carlos Alberto Rojas, Arnaldo Jorge Román, Luis Sadi Pepa, Carlos Eduardo José Somoza y Calos Javier Tamini.

Durante el proceso murieron por causas naturales el ex auxiliar de informaciones del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, Carlos Villanova; y el exjefe de departamento de Operaciones, Guillermo Pascal Muñoz. En tanto, fue apartado por enfermedad irreversible Rodolfo Feroglio, el director de la Escuela de Caballería oficial del Ejército.

«Los sujetos nombrados son apenas una muestra de la monumental maquinaria montada, articulada, alimentada, aceitada para producir el mas ominoso ritual de muerte del que tenga memoria nuestro país», interpretó la fiscal Sosti.

Y agregó: «Los genocidas organizaron una comunidad para la muerte. Y estos imputados la integraron a conciencia, con sus variados aportes. Esenciales todos. Porque sin lo que hizo cada uno no hubiese sido posible el accionar colectivo».