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Juicio a guardaparques: habrá protestas este jueves en todos los Parques Nacionales en su defensa

Tras expresar su respeto a las familias de las víctimas y relatar todo lo sucedido el 1 de enero de 2016, Jones calificó la imputación como una «situación injusta que he debido afrontar sin haber tenido la culpa».

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Juan Ignacio Jones, uno de los cuatro guardaparques imputados en el marco de una causa por la muerte de dos niños, ocurrida en 2016, a raíz de la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín (PNL) en San Martín de los Andes, declaró hoy en la ciudad de Neuquén y dijo «yo no soy un asesino».

Tras expresar su respeto a las familias de las víctimas y relatar todo lo sucedido el 1 de enero de 2016, Jones calificó la imputación como una «situación injusta que he debido afrontar sin haber tenido la culpa».

Asimismo, explicó que «no es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano».

Y concluyó: «Soy una persona orgullosa de ser funcionario nacional».

Los cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) están imputados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves.

Además, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.

Los acusados son el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; el titular de Guardaparques, Diego Lucca; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; el guardaparque Matías Encina; y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, Milena Cheuquepán y Juan Delgado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) a cargo del juicio está conformado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral, y las penas pueden llegar hasta los seis años de prisión.

El caso judicial se remonta al 1 de enero de 2016, cuando un árbol de aproximadamente 40 metros de altura cayó en el camping Lolen, ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lacar, debido a ráfagas de viento que rompieron sus raíces descalzadas.

El accidente provocó la muerte Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, mientras que dos adultos familiares de los niños sufrieron heridas.

En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados.

La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Desde la APN expresaron su solidaridad «con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso», pero anunciaron que, «mientras dure el juicio, se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país».

En un comunicado manifestaron que, «sin ánimo de soslayar ese desasosiego, es inminente también remarcar que el rol de la Administración de Parques Nacionales es precisamente la conservación de espacios agrestes y que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables».

«Una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN pondría en riesgo la esencia misma de los parques nacionales y afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país», indicaron.

La acción de protesta más fuerte está prevista para este jueves. Se trata de una medida a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de la Argentina, que no abrirán los senderos a visitantes ni tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.

Los parques afectados por las restricciones incluirán al Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones.

También se sumarán a la protesta -con restricción total- los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.

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Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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