Juan Ignacio Jones, uno de los cuatro guardaparques imputados en el marco de una causa por la muerte de dos niños, ocurrida en 2016, a raíz de la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín (PNL) en San Martín de los Andes, declaró hoy en la ciudad de Neuquén y dijo «yo no soy un asesino».

Tras expresar su respeto a las familias de las víctimas y relatar todo lo sucedido el 1 de enero de 2016, Jones calificó la imputación como una «situación injusta que he debido afrontar sin haber tenido la culpa».

Asimismo, explicó que «no es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano».

Y concluyó: «Soy una persona orgullosa de ser funcionario nacional».

Los cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) están imputados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves.

Además, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.

Los acusados son el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; el titular de Guardaparques, Diego Lucca; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; el guardaparque Matías Encina; y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, Milena Cheuquepán y Juan Delgado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) a cargo del juicio está conformado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral, y las penas pueden llegar hasta los seis años de prisión.

El caso judicial se remonta al 1 de enero de 2016, cuando un árbol de aproximadamente 40 metros de altura cayó en el camping Lolen, ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lacar, debido a ráfagas de viento que rompieron sus raíces descalzadas.

El accidente provocó la muerte Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, mientras que dos adultos familiares de los niños sufrieron heridas.

En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados.

La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Desde la APN expresaron su solidaridad «con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso», pero anunciaron que, «mientras dure el juicio, se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país».

En un comunicado manifestaron que, «sin ánimo de soslayar ese desasosiego, es inminente también remarcar que el rol de la Administración de Parques Nacionales es precisamente la conservación de espacios agrestes y que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables».

«Una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN pondría en riesgo la esencia misma de los parques nacionales y afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país», indicaron.

La acción de protesta más fuerte está prevista para este jueves. Se trata de una medida a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de la Argentina, que no abrirán los senderos a visitantes ni tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.

Los parques afectados por las restricciones incluirán al Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones.

También se sumarán a la protesta -con restricción total- los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.