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Brote de dengue: ¿qué pasa con el repelente?

La empresa S.C. Johnson,que monopoliza la producción de las tres marcas más usadas de repelente, no entrega, lo cual fue posible debido a que el Gobierno de Javier Milei desmanteló todas las áreas de control de la Secretaría de Comercio.

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En medio de un brote histórico de dengue, el principal repelente contra los mosquitos transmisores es producido por una empresa multinacional de origen estadounidense que pese a la necesidad sanitaria de la población ejecuta algunas prácticas abusivas producto de su posición dominante.

La empresa es S.C. Johnson y es la dueña de la marca “OFF”, además de comercializar “Fuyi” y Raid en la Argentina.

Las quejas de los consumidores surgen por el faltante el producto y el precio al que se lo consigue, con una disparidad muy grande entre comercios.

Esto también fue posible debido a que el Gobierno de Javier Milei desmanteló todas las áreas de control de la Secretaría de Comercio.

Como siempre en estos casos la caja de resonancia son las redes sociales donde los consumidores arremeten contra la empresa por el abuso de los precios y la falta de abastecimiento.

Desde la empresa no hacen mención al tema precios, pero sobre el abastecimiento señalan que si bien están aumentando la producción la demanda superó cualquier previsión.

Pero lo cierto es que un simple frasco que a principios de año tenía un valor entre $2.500 y $3.000, hoy están costando 10 veces más sin que exista razón económica que lo justifique sino una decisión de la compañía de arremeter contra la población necesitada de un producto para cuidar su salud.

El principal insumo utilizado por los repelentes de mosquitos es el N,N-dietil-meta-toluamida (DEET). Este compuesto fue creado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1946 para ser utilizado por el ejército nacional. Cuatro años después lo liberaron para uso público.

Salud 🩺

Salud en la era Milei: cardiólogos denunciaron la crisis y el riesgo de no realizar operaciones básicas

«Esta situación está forzando a muchos médicos a emigrar en busca de mejores condiciones laborales».

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El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) lanzó un alarmante comunicado en el que advierten por la crisis que atraviesa el sector y reclamó medidas para mantener el nivel de atención de procedimientos vitales como la colocación de stents y angioplastias que, en muchos casos, podrían dejar de realizarse.

Los especialistas argumentan que esto se debe a la combinación del aumento exponencial en el costo de equipos y suministros médicos, y a la reducción sistemática de honorarios profesionales.

De acuerdo al último reporte de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en 2022 se registraron en nuestro país 110.062 fallecimientos por las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, ateroesclerosis y demás enfermedades del corazón y del sistema circulatorio”.Profesionales que dependen para su actividad de medicamentos, insumos, y equipos de alta tecnología cada vez más inaccesibles por sus precios, expresaron que esta situación está forzando a algunos médicos a emigrar en busca de mejores condiciones laborales.

Además de esta problemática, el Colegio mostró su bronca por los pagos tardíos a los médicos, la insuficiencia de financiamiento para la renovación de equipo por parte de las instituciones de salud, y las complicaciones burocráticas de obras sociales y prepagas. 

En ese contexto, advierten que las consecuencias podrán ser una escasez de médicos cardiólogos intervencionistas y el posible cierre de centros de alta complejidad.

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