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Caso Maradona: nueva pericia indica cómo falleció

Es un nuevo peritaje oficial a pocos días del juicio, indica que el paro cardiorrespiratorio fue de “corta duración siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

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Un nuevo peritaje médico establece que Diego Maradona murió aquel 25 de noviembre del 2020 por un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda agusane un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

Las conclusiones fueron presentadas por el perito forense Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense en la asesoría pericial de San Isidro. Fue pedido por el abogado de Leopoldo Luque, Julio Ribas; y el de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk.

El primer y único informe que había sobre la muerte de Maradona hasta el momento era el de la Junta Médica elaborado por policía científica Bonaerense que había señalado una insuficiencia cardíaca con agonía de hasta 12 horas y por eso habían concluido que su muerte había sido previsible y que el accionar médico fue “deficiente, ineficiente e indiferente”.

En función de ello, es que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov junto a otras seis personas están acusadas y con juicio a iniciar el próximo 4 de junio por homicidio simple por dolo eventual. Es decir, sabían que Maradona podía morir y nada hicieron para evitarlo.

Ahora, este otro informe sostiene otra hipótesis en cuanto a que no fue agonía sino que fue abrupto.

Según el estudio del forense Ferrari presentado ante el Tribunal Oral Criminal 3 de San Isidro, Maradona tuvo una “arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas”.

En ese sentido, el perito recordó que Maradona tuvo “antecedentes de consumo”.

Además, denuncia una irregularidad en cuanto a las muestras de orina una vez que se hizo la autopsia de Maradona horas después de ese 25 de noviembre pasado.

Según señaló, se extrajeron 300 mililitros de orina para ser examinados pero a laboratorio llegaron apenas dos tubos con 12 milímetros cada uno y con firmas adheridas a los mismos que son “ilegibles”. Ello sería insuficiente para hacer los análisis del caso y por eso la gravedad de lo señalado, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia determinó que su deceso se produjo como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada». Y también se descubrió que tenía una «miocardiopatía dilatada”.

El ex jugador, quien además padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata el 2 de noviembre de 2020, por un cuadro de anemia y deshidratación, y un día después fue derivado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde lo operaron de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre de ese mismo año recibió el alta y se trasladó a una casa en un barrio privado de Tigre, donde estaba al cuidado de un grupo de médicos y enfermeros, pero finalmente falleció dos semanas más tarde.

Al momento de morir, Maradona estaba dirigiendo a Gimnasia de La Plata, donde había asumido su cargo en septiembre de 2019.

Están imputados el neurocirujano Luque, la psiquiatra Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

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Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones

Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.

La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.

Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central

El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.

El detalle presentado distingue dos componentes principales:

  • US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
  • US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.

La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.

El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.

Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili

En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.

Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:

  • Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
  • Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
  • Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
  • Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
  • Qué riesgos financieros se asumieron.
  • Qué controles se aplicaron durante el proceso.
  • Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.

La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.

La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita

La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.

En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.

El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.

Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.

Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro

Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.

El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.

Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».

La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.

Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.

Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.

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