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Coimas en Discapacidad: indagan a dos ex funcionarios con vínculos a Miguel Ángel Calvete

La Justicia avanza en la investigación por desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Este viernes declararon Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes tenían acceso al sistema de compras de Andis.

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★ La causa judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó este viernes un nuevo capítulo con la indagatoria de dos ex funcionarios de la entidad que habrían estado vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete, según investiga la Justicia Federal.

Eduardo Nelio González, ex director de Andis, y Lorena Di Giorno, quien estuvo a cargo del área de compras de la agencia, declararon ante el fiscal de la causa en los tribunales de Comodoro Py. Ambos fueron citados por su acceso directo al sistema de compras de la entidad, mecanismo a través del cual se habría concretado el desvío de fondos públicos que se investiga.

Los nexos bajo la lupa

La investigación apunta a establecer la conexión entre los ex funcionarios y Calvete, figura sobre la que recaen sospechas de haber participado en una trama de pagos ilegales vinculada a la agencia. Según la hipótesis del expediente, el empresario habría tenido vínculos con integrantes de Andis que facilitaron maniobras irregulares.

González ocupaba un puesto jerárquico en la dirección de la agencia, mientras que Di Giorno manejaba operaciones sensibles en el área de compras, lo que les otorgaba capacidad operativa para autorizar y ejecutar transacciones dentro del sistema.

Una causa en plena expansión

El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a personas con discapacidad, un área especialmente sensible por tratarse de fondos públicos orientados a uno de los sectores más vulnerables de la población.

La Justicia busca determinar si existió un esquema organizado de coimas y sobrefacturaciones que permitió el desvío sistemático de dinero del Estado. Las indagatorias de este viernes forman parte de una etapa clave para reconstruir la cadena de responsabilidades y establecer si hubo connivencia entre funcionarios y privados.

Puntos clave:

• Dos ex funcionarios de Andis fueron indagados por su acceso al sistema de compras donde se habría desviado dinero público
• Eduardo Nelio González era director de la agencia y Lorena Di Giorno estaba a cargo de compras
• Se investiga la vinculación de ambos con el empresario Miguel Ángel Calvete
• La causa apunta a un presunto esquema de coimas en una entidad que maneja fondos para personas con discapacidad
• Las declaraciones se realizaron este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py

Judiciales ⚖️

Arroyo Salgado vinculó el caso Nisman con espias activos y funcionarios de Milei

La jueza federal de San Isidro, ex esposa del fiscal asesinado, lanzó una hipótesis explosiva en el Rotary Club porteño: señaló vínculos entre los partícipes del hecho, servicios de inteligencia, Río Turbio y funcionarios del gobierno nacional.

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Arroyo Salgado apuntó al corazón del poder: vinculó el caso Nisman con espias activos, Río Turbio y funcionarios de Milei

★ La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman y madre de sus hijas Iara y Kala, volvió a sacudir el escenario judicial y político con declaraciones de alto voltaje sobre la muerte del fiscal. Durante el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado el miércoles en el Hotel Libertador, la magistrada sostuvo que los partícipes del hecho tendrían vínculos con servicios de inteligencia que operan en empresas ligadas a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y con funcionarios del actual gobierno nacional.

«Magnicidio» sin responsables intelectuales a la vista

Ante una pregunta sobre las perspectivas de la investigación, Arroyo Salgado fue categórica respecto de sus escasas expectativas de justicia. «Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio», afirmó, utilizando un término que define la muerte como un crimen de Estado de máxima gravedad institucional.

Sin embargo, fue más precisa respecto de quienes habrían participado materialmente. «Sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno», sostuvo la jueza, según pudo confirmar este medio. La declaración generó aplausos entre los presentes, aunque Arroyo Salgado evitó precisar identidades o detalles adicionales.

La magistrada también calificó el caso como «el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia», en referencia a que Nisman era un fiscal en funciones que investigaba uno de los atentados más graves de la historia argentina, el de la AMIA, cuando fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza.

El peso de una figura que ya no es querellante

El rol de Arroyo Salgado en la causa por la muerte de Nisman tiene una historia propia. Tras el fallecimiento de su ex esposo, se presentó como querellante en representación de sus hijas, reclamando desde el primer momento que se trató de un homicidio. No obstante, en diciembre de 2018 desistió de ese rol mediante un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien conduce la investigación. En esa presentación, Arroyo Salgado alegó la necesidad de proteger a su familia, el desgaste emocional y la existencia de amenazas que no habían podido esclarecerse judicialmente.

Desde entonces, la única querellante activa en la causa es Sara Garfunkel, madre del fiscal. A más de once años del hecho, la Cámara Federal de Casación Penal sostiene el procesamiento por «homicidio agravado» de los únicos dos imputados: el ex asesor Diego Lagomarsino y el ex titular de la AMIA Rodolfo Haykel. Los autores intelectuales, si los hay, permanecen en la oscuridad.

Una Justicia «estructuralmente corrupta»

Las declaraciones sobre Nisman se enmarcaron en un diagnóstico más amplio que la magistrada trazó ante el auditorio rotario. Arroyo Salgado sostuvo que la corrupción en Argentina es «estructural» y que alcanza a los tres poderes del Estado, sin hacer distinciones entre gestiones ni colores políticos.

En ese contexto, definió al Consejo de la Magistratura como un «elefante burocrático» y reclamó que sean sometidos a juicio político y removidos de sus cargos muchos más jueces y fiscales. También advirtió sobre la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en zonas de frontera, y sobre la debilidad estructural del Estado para enfrentar esos fenómenos.

Río Turbio, inteligencia y un esquema sin nombres

La referencia a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, empresa estatal del sector energético ubicada en Santa Cruz, suma una dimensión estratégica a la hipótesis planteada. La eventual conexión entre servicios de inteligencia activos, estructuras vinculadas a esa empresa y funcionarios del gobierno de Javier Milei constituye una trama grave, aunque por el momento sustentada en «trascendidos», según la propia Arroyo Salgado, y sin identificación pública de los involucrados.

La causa Nisman continúa siendo uno de los expedientes más sensibles y políticamente disputados de la historia judicial argentina. Las nuevas declaraciones de quien fue la ex esposa del fiscal asesinado vuelven a instalar preguntas que el expediente formal todavía no ha podido responder.

Puntos clave

  • Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex esposa de Nisman, vinculó a los partícipes del caso con servicios de inteligencia y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
  • Señaló presuntos vínculos con funcionarios del actual gobierno sin precisar identidades, citando «trascendidos».
  • Calificó la muerte de Nisman como un «magnicidio» y el «acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia».
  • Fue querellante en la causa en representación de sus hijas hasta diciembre de 2018, cuando desistió del rol ante el juez Julián Ercolini.
  • Definió al Consejo de la Magistratura como un «elefante burocrático» y reclamó más remociones de magistrados.

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