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Chubut

Gobernadores apuntan contra los Eskenazi por YPF y presionan en EE.UU.

Tres mandatarios provinciales promueven una acción penal en EE.UU. por la compra de acciones de YPF mientras otros dos mantienen silencio estratégico.

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Lo que tenés que saber

  • Gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz impulsan ofensiva penal en EE.UU. contra la familia Eskenazi
  • Apuntan a la operación del Grupo Petersen como origen del juicio multimillonario por YPF
  • Buscan activar una investigación penal y suspender el proceso civil en Nueva York
  • Weretilneck y Figueroa, de provincias accionistas, no definen si acompañan la iniciativa
  • El fallo de 2023 podría afectar reservas nacionales y recursos provinciales

Gobernadores avanzan con ofensiva penal por YPF en EE.UU.

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó una jugada inesperada. Tres gobernadores de provincias con participación accionaria en la petrolera estatal decidieron promover una ofensiva penal en Estados Unidos contra la familia Eskenazi, al considerar que su ingreso a la empresa en 2007 configuró una operación irregular que dio origen a la millonaria demanda del fondo Burford Capital.

Provincias accionistas en movimiento

Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) encabezan una estrategia conjunta que busca activar una investigación del Departamento de Justicia norteamericano. Según detallaron fuentes oficiales, el foco está puesto en las condiciones de la adquisición de acciones por parte del Grupo Petersen, operación que fue avalada políticamente por el Gobierno Nacional en su momento.

Los gobernadores destacan su calidad de accionistas clase B, una participación surgida tras la ley de expropiación de 2012, que los habilita a intervenir en defensa de los intereses provinciales.

Señalan maniobras con posibles delitos

El objetivo es demostrar que la operación financiera que permitió el ingreso del Grupo Petersen a YPF se concretó “con los dividendos de la propia compañía y con el aval político de la Casa Rosada”. Bajo esa hipótesis, los mandatarios consideran que si se comprueba la existencia de un delito, el fallo civil que perjudica al país perdería sustento legal.

Hasta el momento, la estrategia nacional se limitó al plano comercial y civil. Esta nueva vía penal podría implicar la intervención de organismos como el FBI y hasta suspender el proceso que instruye la jueza federal Loretta Preska en Nueva York.

Weretilneck y Figueroa, en silencio

La movida de los tres gobernadores contrasta con la postura de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes también representan provincias con participación en YPF, pero no definieron si se sumarán a la ofensiva.

Fuentes cercanas a las negociaciones indican que ambos gobernadores “han mantenido conversaciones preliminares con sus pares, pero no definieron si se sumarán a la cruzada”. Ese silencio generó malestar en las otras provincias que buscan una respuesta unificada.

Un juicio con impacto millonario

El fallo de la jueza Preska, emitido en septiembre de 2023, condenó a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012. El proceso civil se originó tras la quiebra del Grupo Petersen, cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford Capital, que hoy exige cerca de US$16.000 millones.

La Procuración del Tesoro apeló esa sentencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, sosteniendo que la decisión “viola la inmunidad soberana y la propia ley argentina de expropiación”.

Qué puede pasar

La presión de los mandatarios provinciales busca abrir una nueva vía legal y frenar los efectos financieros del fallo. Mientras tanto, el silencio de Weretilneck y Figueroa sigue generando interrogantes en un contexto donde las reservas nacionales y los fondos provinciales están en juego.

Chubut

Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries

La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.

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Caso Sofía Devries: imputaron al instructor de buceo por homicidio culposo.

La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.

La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.

La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar

La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.

Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.

La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.

Una certificación básica para una salida de aguas profundas

Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.

La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.

Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa

Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.

El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.

Puntos clave

  • Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
  • La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
  • La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
  • La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
  • Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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